La ANC acusa a España en la OSCE de espiar ilegalmente a políticos catalanes

La Asamblea Nacional Catalana intervino durante este lunes y martes en la conferencia internacional Supplementary Human Dimension Meeting, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), con un ataque directo a España y planteando graves acusaciones que más parecen sacadas de una novela de John Le Carré que de la realidad política del país. Así, la presidenta de la entidad soberanista, Elisenda Paluzie, aseguró que “en los últimos años, el sistema judicial español ha impuesto sanciones por valor de 290.000 euros a la ANC por campañas dentro del ámbito de su actividad como organización de la sociedad civil”. Ninguna referencia a que la organización había vulnerado la Ley de Protección de Datos, una infracción penada en prácticamente todo el mundo.

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Lejos de ello, apeló al victimismo para asegurar que “la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano que impone las multas más elevadas a nivel internacional”. A continuación, añadió que el país utiliza la legislación “para perseguir la actividad democrática de organizaciones que defienden el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña”.

Paluzie aprovechó la conferencia para tirar con bala, acusando a España de “utilizar el programa espía Pegasus, propiedad de la empresa israelí NSO Group, para vigilar a representantes y activistas catalanes”. También la responsabilizó de “bloquear cualquier investigación sobre esta cuestión”. En realidad, este extraño relato proviene de cuando se descubrió que 'hackers' internacionales habían accedido a una conversación de WhatsApp en la que participaba el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent.

Un sumario que no interesa al independentismo

En su día, el independentismo aprovechó para señalar que España estaba detrás de este episodio, pero lo cierto es que en Estados Unidos había ya un procedimiento abierto por esa intrusión. En la causa, figuraban como implicados dos compañías y ocho empresarios israelíes, que fueron detenidos y a quienes se les imputaba haber accedido ilegalmente a 1.400 teléfonos de todo el mundo. Y aunque el Estado no tenía nada que ver, el relato del independentismo se basa en que uno de los detenidos, Shalev Hulio, era el CEO de NSO Group, comercializadora del programa Pegasus, vendido a muchos gobiernos de más de medio mundo. En la lógica soberanista, España pudo haber adquirido alguno de los productos de la firma y, por tanto, estar detrás del espionaje.

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El absurdo razonamiento no impidió que el propio Torrent se sumase en su momento al proceso de victimización y llegase a decir: “Hoy disponemos de pruebas fehacientes del espionaje. Y el espionaje al que he estado sometido vulnera mis derechos a la libertad, al secreto de las comunicaciones y a desarrollar un proyecto político sin intromisiones ilegítimas. Pero más allá del hecho concreto, estas prácticas evidencian la existencia de una causa general contra el independentismo, una causa general que degrada la democracia”. Jamás aportó ni una prueba o una evidencia, pero obvió conscientemente el relato del sumario norteamericano que detalla quién y cómo accedió a su móvil.

El falso espionaje de la operación Voloh

Otra de las ponentes en la conferencia de la OSCE fue Erika Casajoana, consultora internacional, registrada como lobista en Bruselas y presidenta de la oscura organización CATGlobal, a través de la cual Carles Puigdemont articula su estructura de Waterloo, cobijando en ella las cuentas corrientes y las estructuras áulicas de su ‘república catalana’. Además, concurrió de número 4 en la lista del 'expresident' a las europeas de 2019, pero no resultó elegida eurodiputada.

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Casajoana denunció en la conferencia el “creciente número de operaciones policiales contra representantes catalanes, como la conocida operación Volkhov [en realidad, es Voloh, pero el independentismo decidió rebautizarla para reforzar sus connotaciones con una batalla que libraron los nazis cerca de San Petersburgo], en el marco de la cual las fuerzas de seguridad hicieron un uso ilegal de sistemas de espionaje sin orden judicial, vulnerando los derechos fundamentales y la dignidad humana de las personas afectadas”.

La operación a la que se refiere fue una actuación judicial (no política o del Gobierno), dirigida por el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, desarrollada en varias fases. El pasado mes de octubre, en el marco de estas diligencias, se detuvo a una veintena de altos cargos de ERC y JxCAT y a varios empresarios. Entre los detenidos se encontraba Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de Esquerra, 'exconseller' y presunto jefe de la organización Tsunami Democràtic.

En esta operación, sin embargo, pese a lo que dice la lobista de Junts, no existió espionaje ilegal, sino que la captación de las conversaciones fue autorizada judicialmente y además a través de medios limitados. De hecho, algunas charlas no se pudieron registrar.

Siguiendo la hoja de ruta

El relato de la ANC en el foro internacional concuerda con la hoja de ruta soberanista aprobada recientemente, que prevé, en su punto 193, que la organización ha de tener “presencia en las redes sociales de las sociedades de acogida en la lengua o lenguas autóctonas para difundir y denunciar la situación en Cataluña y actuar como contrapeso del discurso público español de blanqueamiento del Estado”.

El punto 194 indica que la estructura de la entidad debe “recuperar la credibilidad internacional" de los secesionistas impulsando "una acción exterior genuinamente independentista, participando en el debate político y mediático de cada país, denunciando públicamente el carácter autoritario del Estado español, no colaborando con los órganos de proyección de poder e influencia del Estado en el exterior y preparando el terreno de los reconocimientos internacionales”.

Además, el punto 196 especifica que, con el apoyo de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), "se denunciarán las vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado, con el objetivo de legitimar, desde el punto de vista internacional, la independencia de Cataluña, priorizando: la influencia en los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus relatores; la producción o participación en la redacción de informes de denuncia de las violaciones de derechos humanos contra el movimiento independentista catalán; la participación en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE, y la incidencia en los organismos de derechos humanos del Consejo de Europa".