Sectores de JxCAT abogan por hacer caer la Generalitat de Pere Aragonès en un año
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División en el grupo parlamentario

Sectores de JxCAT abogan por hacer caer la Generalitat de Pere Aragonès en un año

"Si vemos que en seis meses el Estado no se ha movido, quizás habrá que esperar seis meses más para acordar un referéndum, pero no un año y medio", ha adelantado Canadell

placeholder Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)

Sectores de JxCAT están defendiendo que no hay que dar a Pere Aragonès dos años como presidente de la Generalitat, sino que hay que forzar su salida antes, cuando haya pasado un año, que es el límite legal para convocar nuevas elecciones. Según explican fuentes de esta formación, esta división afecta en especial al grupo parlamentario de JxCAT, donde los sectores que se han visto perjudicados por la manera en que Jordi Sànchez ha llevado a cabo la negociación esperan su revancha. Las divisiones ya se manifestaron en el seno de la formación durante la ejecutiva posterior al acuerdo, celebrada el pasado 18 de mayo.

En el grupo parlamentario coinciden los rebotados con Sànchez, que eran miembros de la comisión negociadora (Elsa Artadi, Josep Rius...), con otros descontentos. En el caso de Artadi y Rius, es cierto que Sànchez ya planeaba dejarlos fuera del ejecutivo por considerarlos desleales. Así que lo que se produjo en realidad fue un autodescarte, se autoexcluyeron para no quedar en una situación más débil. Por su parte, Jordi Sànchez argumenta que el 'puigdemontismo' está representado en la figura del vicepresidente, Jordi Puigneró, pero el nuevo 'conseller' de Políticas Digitales e Infraestructuras ya no forma parte del círculo estrecho de Carles Puigdemont, lo que pasa es que este no puede verbalizarlo.

Albert Batet, como presidente del grupo parlamentario de JxCAT, tiene el reto de que la formación se mantenga cohesionada en el Parlament. Batet se definió en el debate de investidura como "catalanista muy 'puigdemontista", pero no se sabe si será suficiente para la confluencia de intereses enfrentados que se está generando en la cámara catalana.

Foto: El secretario general de JxCAT, Jordi Sànchez. (EFE)

Además de los más cercanos a Puigdemont, está el sector más cercano a Laura Borràs, presidenta del Parlament, que nunca quisieron el pacto. Ahí se posicionarían, entre otros, Aurora Madaula, Francesc de Dalmases o el expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell.

Precisamente ha sido Canadell el que más ha verbalizado las intenciones de estos sectores. En el programa de TV3 'FAQS', dejó muy claro que "si vemos que en seis meses el Estado no se ha movido, quizá habrá que esperar seis meses más, pero no un año y medio, para acordar un referéndum". Eso reduce mucho el plazo establecido porque, de manera tácita, todos los partidos han dado por bueno el plazo de dos años marcado por la CUP para llevar a cabo una moción de confianza en la que se valore la Mesa de Diálogo.

Joan Canadell volvió por donde solía ir JxCAT antes del acuerdo para pactar la nueva Generalitat. "Si el Estado no quiere negociar no nos queda otra cosa que un embate democrático, si es necesario con más gente en la cárcel. Sin embargo, con los resultados del 14-F creo que es el mejor pacto posible. Recoge las sensibilidades que había sobre la Mesa. Tendremos diálogo y, mientras tanto, prepararemos el embate", remarca. Esta declaración no parece una muy buena predisposición a llegar a un acuerdo. También explica la justificación que se usará para hacer caer el Gobierno de Aragonès: dar por cerrada la Mesa de Diálogo al no haber obtenido nada sustancial en ella.

Jordi Sànchez, cuestionado

En el fondo está que Jordi Sànchez está cuestionado, pero Sànchez ha hecho una alianza con los más de 200 altos cargos que abogaban por renovar el acuerdo con ERC. Era la manera de mantener sus salarios. Antes, CDC se mantenía con financiadores tipo Rafael Español pasando el platillo. Ahora son esos altos cargos los que donan un 10% de sus salarios y Jordi Sànchez ha entendido que los que pagan mandan. Esta alianza hace que no esté claro que los 'puigdemontistas' puedan forzar la caída de Jordi Sànchez como secretario general en un congreso extraordinario.

Además, están los indultos. Cuando entren en vigor, Jordi Sànchez, como el resto de los presos, quedará en libertad. Y eso le facilitará el control del partido cuyos miembros protestaron de manera abierta en la Ejecutiva del partido que se celebró tras el anuncio del acuerdo de gobierno.

Se quiere evitar que Pere Aragonès acabe asumiendo un aura presidencial

Sin embargo, los descontentos sí podrían vehicular su malestar por otras vías. Y tendrían en su mano tumbar al ejecutivo de Pere Aragonès. Todos ellos valoran que dos años es demasiado y Aragonès lleva ya ocho meses como presidente en funciones. Sin ir más lejos, es el 'president' que ya ha vacunado al 40% de los catalanes. Para este grupo, darle dos años es dotarlo de un aura presidencial que le pueden convertir en imbatible en las urnas si dentro de dos años no pudiese renovar sus apoyos parlamentarios.

Incógnita

Queda por saber qué línea seguirán los 'consellers' que han perdido el trabajo (Meritxell Budó, Damià Calvet o Ramon Tremosa). Los tres querían continuar en el ejecutivo catalán y ahora se tienen que contentar con el escaño. Por ahora, según fuentes parlamentarias, no se han decantado por ninguna de las dos facciones, pero su papel podría ser determinante.

En un año será posible celebrar nuevas elecciones –desde un punto de vista técnico no será una repetición electoral– y se aspira a captar los 77.000 votos que se llevó el PDeCAT el 14-F. No le sirvieron a Puigdemont para ganar a ERC, pero ahora podrían decantar el pulso dentro del bando soberanista y volver a empezar. Mejor eso que pactar una hoja de ruta en la que ya saben que no se pondrán de acuerdo.

Sectores de JxCAT están defendiendo que no hay que dar a Pere Aragonès dos años como presidente de la Generalitat, sino que hay que forzar su salida antes, cuando haya pasado un año, que es el límite legal para convocar nuevas elecciones. Según explican fuentes de esta formación, esta división afecta en especial al grupo parlamentario de JxCAT, donde los sectores que se han visto perjudicados por la manera en que Jordi Sànchez ha llevado a cabo la negociación esperan su revancha. Las divisiones ya se manifestaron en el seno de la formación durante la ejecutiva posterior al acuerdo, celebrada el pasado 18 de mayo.

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