La Fiscalía archiva la investigación a la CUP por destinar fondos públicos al referéndum
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la presunta malversación: 168.000 y 13.000 €

La Fiscalía archiva la investigación a la CUP por destinar fondos públicos al referéndum

La formación anticapitalista mantiene que los gastos investigados se aprobaron durante el verano de 2017, meses antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera el referéndum

placeholder Foto: Inés Arrimadas, junto al portavoz de la formación, Carlos Carrizosa, a su salida de la Fiscalia Superior de Cataluña. (EFE)
Inés Arrimadas, junto al portavoz de la formación, Carlos Carrizosa, a su salida de la Fiscalia Superior de Cataluña. (EFE)

La Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación que abrió en 2019 al grupo parlamentario de la CUP por un posible delito de malversación de fondos públicos, al destinar una partida de las subvenciones que recibía a promocionar el referéndum independentista del 1-O.

Según han informado fuentes jurídicas, la investigación, que llevaba la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto, se ha archivado por orden de la Fiscalía General del Estado en virtud de un informe de su Secretaría técnica que descarta que los gastos bajo sospecha del grupo CUP-Crida Constituent tengan "relevancia penal".

La investigación se abrió a raíz de la información que Ciudadanos hizo llegar a la Fiscalía advirtiendo de que la formación anticapitalista había destinado una parte de la dotación presupuestaria que su grupo recibió del Parlament a actos de promoción del referéndum del 1-O.

En el marco de esas diligencias —cuyo archivo avanza el periódico El Punt Avui—, la fiscal interrogó como investigado a un responsable del partido y a una veintena de testigos vinculados al destino de los gastos bajo sospecha.

Se trata de dos partidas presupuestarias del grupo parlamentario de la CUP-Crida Constituent, de 168.000 y 13.000 euros, respectivamente, con las que se pagaron la edición de dípticos, libros y vídeos vinculados con el referéndum independentista.

La formación anticapitalista mantiene que los gastos investigados se aprobaron durante el verano de 2017, meses antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera el referéndum y advirtiera a numerosos cargos públicos de su obligación de impedir cualquier iniciativa encaminada a llevarlo a cabo.

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