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La Generalitat premia con 100.000 euros al despacho que pone en jaque a los policías
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Subvención pública

La Generalitat premia con 100.000 euros al despacho que pone en jaque a los policías

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo destina, en su partida para la cooperación, dinero público a Iridia, un grupo de abogados que 'prepara' a los activistas en los disturbios

Foto: Policías antidisturbios disuelven a participantes en una manifestación convocada por los CDR. (EFE)
Policías antidisturbios disuelven a participantes en una manifestación convocada por los CDR. (EFE)

Plataformas y entidades alineadas con el proceso independentista han recibido importantes fondos en forma de subvenciones provenientes de organismos de la Generalitat de Cataluña. Estos organismos que proliferan dentro de la Administración catalana son el hábitat perfecto para que algunas de esas ayudas a entidades soberanistas pasen casi desapercibidas.

Es el caso de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), una entidad incrustada en el área de Exteriores, que se encarga de canalizar la mayor parte de las ayudas públicas de la Generalitat en proyectos de cooperación. O, al menos, casi todos, porque algunos de los proyectos subvencionados no tienen nada de internacionales ni nada que ver con el exterior. Pero sirven a ‘la causa’. Es el caso de una subvención otorgada el pasado mes de diciembre a la asociación Iridia por 100.000 euros para un proyecto que lleva el sugerente título de ‘Protesta segura y Administración transparente y garantista (Cataluña)’.

Foto: El líder parlamentario del PSC, Salvador Illa. (EFE)

Se da la circunstancia de que Iridia es el gabinete de abogados cuyos teléfonos se suelen repartir entre los activistas independentistas antes de cada manifestación. Este despacho, que estuvo vinculado al actual portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, es uno de los más activos para defender a los activistas alborotadores. Tras cada manifestación y cuando hay enfrentamientos entre manifestantes violentos y Policía, los abogados suelen pedir a los activistas grabaciones y fotografías para poder acusar a los policías antidisturbios, aplicando una estrategia de constante amenaza judicial contra los agentes.

Iridia es una entidad que había realizado, junto a otras, un demoledor informe sobre la jornada del 1 de octubre de 2017, fecha del referéndum ilegal, en que acusaba a las fuerzas policiales de agresiones sexuales a las mujeres que participaron en las votaciones. El informe en cuestión recogía rumores demenciales como hechos ciertos, con datos que sirvieron luego para plasmar en otros informes municipales. Al final, se confeccionó un informe del Ayuntamiento de Barcelona sobre los hechos del 1-O que el propio Asens se encargó de entregar personalmente en el Parlamento Europeo. El fin último era el desprestigio internacional de España mediante la denuncia internacional de la represión del ‘Estado opresor’.

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)

No deja de llamar la atención el hecho de que uno de los gabinetes que confeccionaron el primer escrito sobre el 1-O es ahora el encargado de realizar otro informe, generosamente pagado, sobre la ‘protesta segura’. Pero, además, también resulta curioso que un documento sobre el tema de las protestas se financie, precisamente, con fondos que deberían haber ido a proyectos internacionales.

Entidades soberanistas

Una pequeña entidad ‘indepe’ es otra de las grandes beneficiadas en el singular reparto de las subvenciones de la ACCD. Se trata del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (Ciemen). Esta plataforma, una de las veteranas del universo soberanista, se embolsó 299.515 euros por el proyecto ‘TitulARTS: por los derechos de las mujeres y la infancia refugiada en Turquía’. En esta ocasión, el proyecto sí que versa sobre un tema competencia del área de Exteriores. Además, el Ciemen recibió otra subvención 105.500 euros para el proyecto ‘Somos parte. Diversidad y derechos colectivos’. Este proyecto, en cambio, se refiere solo a Cataluña.

El Ciemen también participa en otro proyecto, pero a través de la Fundació Aureli M. Escarré per als Drets Collectius dels Pobles, la fundación que creó en 1993. Así, junto a la asociación Acció Internacional per la Pau (IAP Catalunya), participa en el programa ‘Implementación de la paz territorial en Colombia’, para el que han recibido 228.465 euros de la ACCD.

Foto: Forcadell regresa al Parlament dos años y medio después de su encarcelamiento. (EFE)

La Associació Catalana per la Pau, una entidad presidida por Xavier Cutillas, vocal de Solidaridad de ERC, recibió, por su parte, 145.002 euros por un proyecto en Palestina con el enrevesado título de ‘Promover la erradicación de la VBG [violencia de género] y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres en Tulkarem, Qalqilya, Salfeet y Tubas mediante acciones a escala nacional e internacional de apoderamiento, incidencia, sensibilización y recuperación ante la pandemia del covid-19’.

Entre las plataformas subvencionadas, se encuentra la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF), uno de cuyos directivos fue Eloi Badia, actual concejal de Barcelona responsable del área de Emergencia Climática y Transición Ecológica. ESF es una de las entidades que han recibido cuantiosos fondos del ayuntamiento barcelonés, motivo por el cual la asociación Abogados Catalanes por la Constitución denunció a Ada Colau y a otros altos cargos y ex altos cargos del consistorio. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto, de momento, una investigación. ESF recibió el pasado diciembre de la ACCD 250.000 euros para el proyecto ‘Propuestas para la defensa de los bienes comunes y la promoción de transiciones ecofeministas’, aunque de nuevo el entorno de trabajo de este proyecto se circunscribe a Cataluña y no al ámbito internacional.

Foto:  La consellera de Cultura de la Generalitat de Barcelona, Mariàngela Vilallonga. (EFE)

Otros 400.000 euros fueron para la Xarxa de Consum Solidari, aliada con la asociación La Xixa Teatre para la ‘Mejora del empoderamiento de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas en la región de Ziguinchor (Senegal)’. Esta plataforma se hizo, asimismo, con otros 99.953 euros para el proyecto ‘Transformación de los hábitos alimentarios para un consumo responsable en el contexto de la crisis social del covid-19’.

Proyectos en África y América

La cooperativa Diomcoop, creada en 2017 para ayudar a la integración de inmigrantes en Cataluña, participa en dos proyectos liderados por la fundación privada Guné. El primero, dotado con 150.000 euros, es ‘Revirtiendo las injusticias y la violación de los derechos económicos y sociales de las mujeres en la región de Kolda (Senegal)’. Esta plataforma también participa en otro que lleva por título ‘Derecho a la educación de calidad y a vivir una vida libre de violencia’, subvencionado con 98.170 euros. La Asociación Internacional de Solidaridad y Cooperación SUDS (en colaboración con SURT Fundació de Dones) obtuvo, asimismo, 392.400 euros para la ‘Red Anawanti. Fortaleciendo organizaciones feministas de Mesoamérica y sus alianzas para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres (El Salvador, Guatemala y Honduras)’.

Foto: Carles Puigdemont. (EFE)

La Fundació Wassu presentó el proyecto ‘Conocimiento por el cambio: los matrimonios infantiles en Gambia y su impacto en Cataluña’, que fue subvencionado con 149.667 euros. Y la Associació Entrepobles (en asociación con varias entidades, entre ellas, la cooperativa Cúrcuma y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) se llevó otros 131.628 euros por un proyecto en Nicaragua de ‘Apoderamiento de niñas, mujeres adultas, adolescentes y jóvenes para vivir libres de violencias machistas’. En ese país, la Fundación Comparte también tiene subvencionado el proyecto ‘Superando limitaciones y desigualdades en la educación infantil y primaria provocadas por la pandemia’, con 125.827 euros.

Un puñado de asociaciones vio rechazados sus programas por falta de fondos, como el Centro de Estudios Africanos, Nutrición sin Fronteras, Veterinarios sin Fronteras, Universidad Rovira Virgili, el Comité Español de la UNRWA o Save the Children. Esta última, no obstante, recibió en una segunda convocatoria una subvención de 132.321 euros por su proyecto en Mauritania que lleva por título ‘Fortalecimiento del sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes en Nouakchott’.

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización de los fondos de acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017, advertía, no obstante, de que “no existe transparencia en los convenios de colaboración [de la ACCD], puesto que no se ofrece información sobre eventuales modificaciones ni información relativa a su cumplimiento y ejecución.” Asimismo, destaca que “tampoco existe transparencia en la actividad subvencional, ya que no se publica la información relativa al control financiero de las subvenciones y ayudas públicas otorgadas ni sobre la justificación o rendición de cuentas por parte de los beneficiarios”.

Plataformas y entidades alineadas con el proceso independentista han recibido importantes fondos en forma de subvenciones provenientes de organismos de la Generalitat de Cataluña. Estos organismos que proliferan dentro de la Administración catalana son el hábitat perfecto para que algunas de esas ayudas a entidades soberanistas pasen casi desapercibidas.

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