Inseguridad jurídica en Cataluña: aluvión de recursos contra la anulación del 14-F

Un aluvión de recursos contra la anulación electoral del 14-F se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Empezó La Lliga Democràtica y han seguido otras formaciones del entorno ideológico del PSC y también un particular. En los próximos días, podría haber más, ya que incluso los socialistas catalanes están discutiendo si recurrir. Como el particular ha pedido cautelarísimas, se espera que el TSJC se pronuncie en 48 horas, en lo que acabará convirtiéndose en otro capítulo de la judicialización de la política, esta vez, derivado de la imposibilidad del Parlament de buscar una salida política al cese de Quim Torra por el caso de la pancarta.

La situación muestra la inseguridad jurídica que ya avanzó El Confidencial que se iba a generar en caso de que se anulasen las elecciones, tal y como hizo la Generalitat con su decreto del pasado viernes. La cantidad de formaciones y particulares que pueden ver menoscabados sus derechos por una decisión jurídica sin precedentes hace que la Administración catalana se haya metido en un avispero difícil de gestionar.

TE PUEDE INTERESAR

Garantizar la salud y el sufragio: los decretos de Feijóo y Urkullu para aplazar sus comicios

Iván Gil

Además de La Lliga Democràtica, que ha presentado dos recursos, han recurrido a la vía del contencioso administrativo Federalistes d’Esquerres y un particular. Se prevé que hoy se presente un quinto, el de Izquierda en Positivo, y podría caer un sexto, el del colectivo Impulso Ciudadano. El Pacma también presentó una impugnación el viernes, pero como fue antes de que se anunciase el decreto, es posible que esta impugnación en concreto del partido animalista sea rechazada por el TSJC.

Vox anunció que también iría por la vía judicial. Pero fuentes políticas cercanas a la formación verde apuntan que, pese a que Santiago Abascal se plantó en Barcelona el pasado viernes para anunciar que recurriría a los tribunales, al final se prefiere no hacerlo, al llegar a la conclusión de que si se gana y se impone ir a las urnas el 14-F, solo se beneficia al PSC.

TE PUEDE INTERESAR

La precampaña se eterniza en Cataluña: durará año y medio tras anularse el 14-F

Marcos Lamelas. Barcelona

El TSJC ahora maneja una patata caliente. Si acepta los recursos por las múltiples vías de agua que mantiene el decreto, corre el riesgo de marcar una fecha de unas elecciones que ya no puedan celebrarse por imposibilidad factual, por ejemplo, porque no se puedan configurar las mesas electorales. Pero tampoco querrán avalar desde la sala de lo contencioso un aplazamiento electoral que tal y como está redactado en el decreto se puede entender como indefinido. Así que algunas fuentes jurídicas apuntan que una salida para el TSJC puede ser inhibirse en favor del Tribunal Constitucional.

El TSJC también podría desestimar estos recursos por considerar que los que lo han presentado no son parte directamente perjudicada, algo que sí podría alegar un partido que tuviese representación parlamentaria.

Foment se lava las manos

Ayer por la tarde, también se reunió la patronal Foment del Treball, que se esperaba que recurriese, ya que los empresarios empiezan a temerse que con el atraso no haya presupuestos de la Generalitat hasta 2022. Pero no ha sido así. Al final, el comité ejecutivo ha optado por reclamar las elecciones catalanas y denunciar la provisionalidad en que se ha instalado la Generalitat, pero sin llegar a los tribunales.

El indepedentismo ha acusado a Madrid de querer imponer un "155 judicial"

Mientras la presión judicial crece y la incertidumbre legal se dispara, el independentismo ha salido por donde suele: acusando a la Moncloa y al Gobierno de estar detrás de los recursos para imponer un “155 judicial”. La estrategia es la habitual: los errores son propios, pero se opta por culpar al Ejecutivo español.

Fuerza mayor

La Generalitat alega “fuerza mayor” a causa de los miles de personas que se quedarían sin votar por culpa del covid-19. Pero no está claro que el 30 de mayo, la nueva fecha, no haya también miles de personas que no puedan acudir a las urnas. Tampoco se establece con qué baremos sanitarios se puede votar y con cuáles no. Y ni siquiera se deja claro si se trata de un aplazamiento o si habrá que volver a empezar.

La Administración se ampara en un informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. Pero dicha comisión, que emitió su informe en septiembre, solo habla de la suspensión de los comicios como última opción y en cambio se pedía a la Generalitat que tomase una serie de medidas para garantizar el voto, como por ejemplo ampliar los plazos del voto por correo. No se hizo nada y ahora se pide a los tribunales que resuelvan el entuerto.