El Govern culpa al TSJC de la inseguridad jurídica que vive Cataluña con las elecciones

La consellera de Presidència y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha responsabilizado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la inseguridad jurídica que vive Cataluña, con tres cambios de fecha de las elecciones en cinco días, candidaturas que fueron proclamadas ayer y que entonces eran nulas y que hoy son vigentes. Por ahora, los comicios vuelven a ser el 14-F al aceptar el TSJC las cautelarísimas. “La única inseguridad jurídica que se crea es la que está generando el TSJC al aceptar estas cautelarísimas”, ha asegurado Budó en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes.

La Generalitat ha vuelto a dibujar un enfrentamiento entre la Generalitat y los tribunales ahora que el decreto de convocatoria tiene diversas vías de agua, la principal con qué competencias un 'president' en funciones de la Generalitat, como Pere Aragonès, puede fijar la nueva fecha electoral, que ha intentado establecer en el 30 de mayo.

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Pablo Gabilondo

Budó ha asegurado que la Generalitat presentará este jueves alegaciones a las cautelarísimas y ha pedido al TSJC que sea rápido en su decisión. “Esperamos que el tribunal respete estos mecanismos y no se salte todos estos criterios epidemiológicos en los que se ha basado la Generalitat para establecer la nueva fecha”, ha apuntado la titular de la cartera de Presidència.

En la rueda de prensa, Budó ha estado acompañada del 'conseller' de Exteriores y Participación, Bernat Soler, responsable de la organización de las elecciones, que ha insistido en la “unanimidad” de los partidos en apoyar la decisión de la Generalitat. Una unanimidad que nunca fue tal porque el PSC nunca estuvo de acuerdo. Y menos con una suspensión de las elecciones, que fue lo que acabó dictando el decreto de la Generalitat. Budó fue más lejos, al afirmar que un 'president' en funciones de la Generalitat podía fijar una nueva fecha, cuando no hay ninguna ley que ampare esta invasión de competencias.

“Tenemos muy claro que es lo que se puede hacer y estas competencias las tiene el vicepresidente en funciones de presidente”, ha asegurado la 'consellera' portavoz pese a que no existe marco legal que avale esta postura. De hecho, también se obvia que la Mesa de Partidos del viernes no tiene ningún valor legal, ya que no es un ente jurídico reconocido. Budó estaba tan nerviosa que llegó a decir que el decreto se presentó en rueda de prensa, cuando en realidad se hizo en una declaración sin aceptar preguntas en el Palau de la Generalitat.

Defender la fecha

“A mí me consta que el decreto está bien respaldado jurídicamente y la interlocutoria es una medida instrumental que no ha entrado a valorar el fondo del asunto. Es una estimación. Queremos y creemos que hay que hacer las elecciones el 30 de mayo. Y todos los partidos coincidieron en que había que aplazarse la convocatoria”, insistió Budó.

Ahora se vuelve a empezar. Pero se han perdido cuatro días. Bernat Soler ha pedido a los ayuntamientos que retomen las tareas de constitución de las mesas y asegura: “He dado órdenes a todo el mundo de ponerse a trabajar”. Así que ahora la maquinaria electoral vuelve a estar en marcha. También se reactiva el voto por correo, que iba a anularse. Hay 35.000 catalanes que han hecho los trámites para votar a distancia. Pero no se sabe por cuántos días. Hay que estar a la espera de los que digan los tribunales.

“Por la salud de todos y por la de la propia democracia lo más adecuado es que las elecciones sean el día 30. En las alegaciones explicaremos al TSJC por qué tuvimos que suspender las elecciones”, ha detallado Budó, pero, “si el TSJC acaba resolviendo que las elecciones son el 14-F, estamos trabajando para que todo esté listo”.

Riesgo inasumible

Budó ha querido mantener que hay un “riesgo inasumible” si se llevan adelante las elecciones. “Del viernes a hoy nada ha cambiado. Sigue habiendo un riesgo sanitario y hay muchas limitaciones como el confinamiento perimetral. Pueden tener hasta 250.000 personas que no puedan votar por estar enfermas o confinadas”, ha asegurado la portavoz. Por tanto, de nuevo las espadas están en alto entre la Generalitat y los tribunales.