El TSJC 'desmonta' la fuga de Anna Gabriel a Suiza al sugerir una posible absolución

La noticia saltó tres meses después de que Carles Puigdemont huyera a Bélgica: la exdiputada de la CUP Anna Gabriel se fugaba a Ginebra entre acusaciones contra la Justicia de perseguir un "objetivo político". "Suiza decidirá qué hará conmigo", anunció a medios helvéticos el 21 de febrero de 2018, el mismo día que el magistrado del Supremo Pablo Llarena la había citado para tomarle declaración en la causa que mantenía abierta por rebelión. A partir de ese momento, la investigación contra ella se fue deshinchando y, en marzo de 2018, el juez solo la procesó por desobediencia, delito que no conlleva pena de cárcel. Más de dos años después, una supuesta condena por este delito también se pone en duda, y más cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sugerido una posible absolución.

La idea de que Gabriel no es condenable por desobediencia se plasma en la sentencia que el TSJC emitió este lunes. En ella, condena a cuatro miembros de la Mesa del Parlament de 2017 por este delito, pero absuelve a la quinta acusada: la diputada de la CUP Mireia Boya, la misma a la que Llarena procesó junto a Gabriel por impulsar la tramitación de las llamadas leyes de desconexión con las que el Govern intentó dar una cobertura legal al 'procés'. A diferencia de los cuatro condenados, los magistrados la absuelven porque no fue advertida nominalmente por el Tribunal Constitucional para que frenara estas leyes y, al no ser miembro de la Mesa del Parlament, "no ostentaba una posición de intervención". Al igual que Boya, Gabriel tampoco formaba parte de la Mesa ni fue advertida de forma directa por el Constitucional.

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Las similitudes entre ambos casos son claras, e incluso el TSJC deja caer entre las páginas 152 y 153 de la sentencia un párrafo que parece hacer referencia a Gabriel: "Somos conscientes también de que lo que se decida respecto de ella [Boya] podría tener consecuencias respecto de otros procesados que se hallaban en una situación similar y que por ahora se encuentran en rebeldía y pendientes de ser juzgados". Fuentes cercanas a la defensa de Gabriel consideran que la frase indica que la acusación por desobediencia ya no se sostiene, pero al mismo tiempo se preguntan por qué no se la ha juzgado en rebeldía: en España solo se puede juzgar a un imputado sin estar presente cuando la pena a la que se enfrenta no supera los dos años de cárcel, requisito que se cumplía al procesarla por desobediencia.

De Boya a Gabriel

La causa contra los miembros de la Mesa llegó al TSJC después de que el Supremo la desgajara del proceso contra la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell y el resto de líderes independentistas. El juicio se celebró en julio y se sentó en el banquillo tanto a Boya como a cuatro miembros del Parlament que han sido condenados a 20 meses de inhabilitación y a multas de 30.000 euros: los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Corominas y Lluís Guinó, la ex secretaria primera Anna Simó y la ex secretaria cuarta Ramona Barrufet. Salvo Simó, que militaba en ERC, el resto lo hacía en el PDeCAT. En cuanto a Joan Josep Nuet, que en aquella época ejercía como diputado autonómico de Catalunya Sí que es Pot y como secretario tercero del Parlament, el juicio contra él está pendiente de celebrarse en el Supremo por su condición de aforado.

Tal y como expone el TSJC, la situación de Boya era distinta a la del resto. En su caso, la acusación se basaba en la idea "de haber presentado diversas iniciativas parlamentarias y/o de haber interesado su rápida tramitación", comportamiento que, según señala el tribunal, no encaja con la desobediencia: su condición de diputada y presidenta de la CUP-CC no le otorgaba las capacidades de intervención sobre la iniciativa que exige el tipo penal y, por tanto, no cabe hablar de una "autoridad o funcionario público" que tuviese "un dominio funcional del hecho" y ostentase "una posición de control sobre los riesgos de lesión del bien jurídico". "Ese dominio [el tribunal] exige que se encuentre en disposición de cumplir o, por lo menos, de impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial", destaca el tribunal.

Con esa tesis como telón de fondo, el tribunal deja caer la mencionada frase de que la absolución de Boya parece extensible a otros procesados "que se hallaban en una situación similar" y que se han sustraído a la acción de la Justicia, lo que dos años después de que Gabriel abandonara España, plantea una pregunta: ¿hasta qué punto le mereció la pena abandonarlo todo para fugarse a Suiza? En marzo de 2018, tras confirmarse su procesamiento por un delito que no conlleva pena de cárcel, acusó a Llarena de "criminalizarla por enemiga", pero la última sentencia del TSJC añade un importante matiz: la misma Justicia de la que se ha fugado sugiere ahora que ni siquiera es condenable por desobediencia.