El Parlamento catalán solo censura en el diario oficial los textos de la oposición

El Parlamento catalán sólo censura los textos de los diputados de la oposición. Cuando no le gusta algún calificativo, directamente lo elimina del título de una pregunta o de una moción en el momento de transcribirlo en el diario de sesiones, pero no hace lo mismo con los textos de los diputados independentistas, que son intocables. Se trata de una censura política que ha levantado polvareda y que ha provocado que Ciudadanos haya pedido esta semana explicaciones a la Mesa del Parlament.

Tras la publicación en el mes de julio pasado por El Confidencial de las irregularidades y la censura, el pasado 27 de septiembre el departamento de Servicios Lingüísticos de la cámara elaboró un informe en el que disculpaba la eliminación de algunas palabras.

Según manifestaron fuentes del propio Parlament a este diario, en ocasiones se realizan algunas modificaciones pero “sólo en el título si existe una valoración en el mismo, mientras que se mantiene siempre el texto íntegro”. Eso significaba, en la práctica que una pregunta en la que se hacía referencia al “referéndum ilegal del 1-O”, la palabra “ilegal” se suprimía del título, aunque legalmente es correcta, ya que fue declarado como tal por el Tribunal Constitucional.

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En su informe de septiembre, los funcionarios de la cámara explican que “los títulos de las iniciativas se fijan después de que se hayan presentado al registro general del Parlament, de acuerdo con los criterios de redacción de título de iniciativas parlamentarias establecidos desde el año 2008 en el Manual de Titulaciones del Departamento de Asesoramiento Lingüístico”.

Además, detallaba que “de acuerdo con estos criterios, y teniendo en cuenta, pues, que el procedimiento de titulación es externo al texto mismo, responde a necesidades administrativas y de gestión general y, en definitiva, pertenece al ámbito institucional, es impropio que los títulos estén modalizados. Las marcas de modalización oracional son elementos lingüísticos o pragmáticos que evidencian actitudes, creencias, apreciaciones, opiniones o posicionamientos del emisor respecto del discurso. Son ejemplos de marcas habituales de modalización oracional los adjetivos (por ejemplo, 'magnífico'), los adverbios (por ejemplo, 'desgraciadamente')”...

En resumidas cuentas, venía a decir que la calificación del referéndum de “ilegal” era una suposición del interpelante. Así, todas las interpelaciones de la oposición durante los últimos años fueron permanentemente censuradas por los servicios de la cámara legislativa. Pero no ocurrió lo mismo con las preguntas y las interpelaciones de los independentistas, que fueron recogidas en su integridad y a las que no se les aplicó la normativa que evita “modalizar” los títulos.

Ejemplos flagrantes

De esta manera, los grupos independentistas presentaron propuestas de resolución o mociones con epítetos que son permitidos por los funcionarios del Parlament, que no ponen impedimento alguno.

El pasado 4 de enero, por ejemplo, los grupos parlamentarios de JxCAT, ERC y la CUP presentaron una propuesta de resolución “de rechazo de la actuación represiva de la Junta Electoral Central contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el eurodiputado Oriol Junqueras”, sin que los servicios lingüísticos pusiesen en cuestión el calificativo de “represora”, cuando es una percepción política de una parte de la cámara. Ese título se mantuvo no sólo en la redacción final, sino también en el momento de trámite ante la Junta de Portavoces.

El 18 de noviembre de 2019, el grupo parlamentario de ERC presentó también una moción “sobre el ascenso de la ultraderecha en Europa y el impacto de la deriva represiva del Estado español en la construcción europea como una comunidad democrática de derechos compartidos”. La “deriva represiva” del Estado español también pasó ‘desapercibida’ para los servicios lingüísticos del Parlament.

En una resolución publicada el 7 de mayo de 2018, el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) recoge también una resolución de JxCAT, ERC y la CUP de “denuncia de la criminalización de los comités de defensa de la república por el aparato del Estado español”. Siguiendo las instrucciones de los servicios lingüísticos, la resolución debía de ser sobre la actuación de los CDR sin realizar ninguna valoración subjetiva en el título.

En enero del 2020, ERC presentó también la moción 42/XII, que fue recogida en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC) como una iniciativa sobre el balance del año y la “vulneración de derechos civiles y políticos”, refiriéndose, obviamente, al Gobierno español.

Escrito de Ciudadanos

La oposición critica esencialmente que la cámara legislativa catalana sea poco rigurosa con las apreciaciones que hacen los partidos soberanistas pero no pase ni una a los partidos constitucionalistas. Estas protestas parten de la base de que en las interpelaciones, mociones o resoluciones independentistas se hablen de “represión del Estado español” o de “vulneración de los derechos civiles y políticos” o de “actuación represiva” y que eso sea bien visto por los funcionarios del Parlament mientras que, paralelamente, se prohíba citar el “referéndum ilegal”, cuando ha sido calificado de esta manera por el TC y, por tanto, es jurídica y políticamente correcto mencionarlo de esa manera.

La diputada de Ciudadanos Lorena Roldán dirigió esta semana un escrito a la Mesa del Parlament pidiendo explicaciones por la doble vara de medir de los servicios de la cámara. La representante ‘naranja’ no sólo se refiere al matiz calificando de ‘represiva’ la actuación del Estado español ante cuestiones discutibles, sino que pide también las razones de que los independentistas puedan exigir que el Gobierno español les explique las “injerencias inadmisibles del poder ejecutivo en las decisiones del poder legislativo” y la oposición no puede hablar en Cataluña de “referéndum ilegal”.

“La supresión de las palabras en los títulos de las iniciativas supone una clara censura por parte del Departamento de los Servicios Lingüísticos del Parlament de Cataluña que, de aplicarse lo que pretende el mencionado manual, impediría la libre expresión del pensamiento y las ideas, lo cual vulnera tanto el derecho fundamental de la libertad de expresión y opinión, que tiene cualquier ciudadano y cualquier diputado como el derecho de representación política en condiciones de igualdad que ejercen estos últimos en virtud de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Española”, dice Roldán en su escrito.

La representante de Ciudadanos solicita que el Parlament “revise todas las iniciativas parlamentarias presentadas en esta legislatura y mantenga el redactado presentado por los grupos parlamentarios o los diputados, sin eliminar cualquier marca de modalización, en aras de evitar censurar las opiniones de los diputados y proteger el derecho fundamental de la libertad de expresión que garantiza nuestra Constitución”.