El defensor del pueblo ampara a profesores ante el uso político de la universidad catalana

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ampara a los profesores y alumnos catalanes que protestan por la utilización política de las universidades catalanas. Tras la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 3 de Barcelona que condenaba el posicionamiento político de las entidades públicas (al no ser patrimonio de nadie, sino de todos los ciudadanos), es Fernández Marugán quien toma partido. De hecho, el colectivo Universitaris per la Convivència había presentado su queja ante el Defensor del Pueblo antes de que el catedrático Ricardo García Manrique decidiese denunciar por vía judicial la falta de neutralidad de la institución (denuncia a la que luego se sumaron otros catedráticos y representantes de los alumnos).

Los tribunales han dado un serio varapalo a las universidades catalanas al condenar la utilización política de las instituciones y aprobar un manifiesto conjunto que rechazaba la condena del 1-O, llamaba a la movilización pacífica, cívica y democrática y exigía “la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas o en prisión provisional y el sobreseimiento de todos los procesos penales en curso relacionados, y el retorno de las personas exiliadas”.

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Tras varios meses en los que Marugán contactó con las universidades catalanas y les pidió su opinión sobre lo acaecido, remitió una carta a la profesora de Derecho Civil Chantal Moll de Alba (una de las firmantes de la denuncia judicial) en la que comenta las justificaciones que había dado cada una de las instituciones catalanas, La mayoría de las entidades apelaron a la “autonomía universitaria” para decidir qué hacen o dejan de hacer, aunque el rector de la Universitat de Girona “informó explícitamente de que no se adoptaba ningún acuerdo institucional al respecto aprobando dicho manifiesto” o el de la Universidad Politécnica de Cataluña (UOC) afirmaba que, al estar en campaña electoral, la web de la entidad no se hizo eco del manifiesto aprobado “hasta después de las elecciones del 10 de noviembre”.

La neutralidad como praxis

En su escrito, Marugán recuerda que su institución inició “numerosas actuaciones ante administraciones locales de Cataluña, así como ante diversos Departamentos de la Generalitat, trasladando el criterio del defensor del Pueblo acerca de la necesidad de preservar la neutralidad ideológica no solo en las Universidades, sino también en los edificios públicos y la pluralidad en las calles”. Recuerda que “se formuló un recordatorio del deber legal de respetar la neutralidad ideológica en las fachadas e interior de los edificios públicos, pues la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas”.

Según Universitaris per la Convivència, el Defensor del Pueblo trasladó a los rectores catalanes que, “como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica”.

Esta plataforma resalta también que “la libertad de expresión de los claustrales y demás miembros de la comunidad universitaria es un derecho individual que no puede justificar pronunciamientos unitarios de la institución y que el derecho a la autonomía universitaria es un derecho de configuración legal que ha de ejercerse en relación con las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Universidad. Se trata de un derecho que se fundamenta en la libertad académica”. Afirman también desde Universitaris per la Convivència que la reciente sentencia de un tribunal barcelonés (la primera que condena a una Universidad por falta de neutralidad) deja claro que los manifiestos y pronunciamientos políticos “no solo no quedan cubiertos por la autonomía universitaria y por un inexistente derecho colectivo o institucional a la libertad de expresión, sino que además supone una lesión de los derechos individuales a la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho a la educación de sus alumnos y profesores”.

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Fuentes del profesorado universitario señalan a El Confidencial que las cúpulas de las universidades catalanas “intoxican con la autonomía universitaria y la libertad de expresión. Pero sus posicionamientos dejan mucho que desear. Primero, porque los claustros no tienen legitimidad para posicionarse políticamente. No les hemos elegido por cuestiones políticas, sino por cuestiones académicas o, en tal caso, por cuestiones de política educativa. Yo, por ejemplo, voto para el claustro a personas ideológicamente contrarias, pero que creo que académicamente lo harán bien. Si tuviese que elegirlos para la política, jamás los votaría. Luego, hay que entender que las Universidades no piensan, sino que piensan las personas. La libertad de expresión es un derecho individual y la Universidad no es un órgano de representación política. Por otro lado, nunca dicen cuál es el quorum con el cual se aprobó el manifiesto conjunto. En ninguna de las universidades se llegó al 50%. Y en el de la Universidad de Barcelona, que ya ha sido condenada, sobrepasaba un poquito un tercio del quorum. Sin embargo, lo quieren vender como un posicionamiento global de toda la Universidad”.

Presiones políticas

No es el único reproche: esta semana, una representación de rectores de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) emitió un comunicado solidarizándose con el ‘expresident’ Quim Torra. “Se trata de dar apoyo a una posición política de parte”, aseguran desde el profesorado ‘disidente’. “Cuando se aprobó el manifiesto conjunto del año pasado, se le fue a entregar a Torra y al presidente del Parlament, Roger Torrent, que es de ERC. Y se hace esa escenificación en plena campaña electoral. Es decir, era una cosa orquestada desde el poder, porque se fueron a hacer la foto con JxCat y con ERC. Además, la rectora de la Universidad Autónoma de Cataluña (UAB), Margarita Arboix, reconoció públicamente que Torrent les llamó para presionar. Sin embargo, dicen que somos nosotros los que presionamos, porque varios centenares de profesores firmamos una carta abierta quejándonos. Desde el independentismo nos dicen que debemos callarnos para no dañar a la Universidad. Es muy perverso todo esto. Se crea una sensación de pensamiento único”.

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La intensa utilización de las instituciones públicas en Cataluña contrasta con situaciones similares vividas en otros países, donde ninguna Universidad o institución pública pone en cuestión a otra Administración o toma posicionamiento político, porque es obligatorio el deber de neutralidad. En el Reino Unido, a pesar del Brexit, o durante disturbios políticos ya fuesen raciales o relacionados con el IRA o con la Guerra del Golfo, jamás hubo un manifiesto de alguna Universidad ni, mucho menos, un posicionamiento político conjunto.

Un docente que trabaja en el Reino Unido explica que en ese país, el órgano equivalente a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CREU) o a la ACUP catalana “es Universities UK y no se pronunció durante el referéndum del Brexit a pesar de que las encuestas entre el personal universitario señalaban que el 94% estaba a favor de la permanencia en la UE. Los directivos que hicieron campaña se unieron a las plataformas existentes a título individual, no como rectores sino como ciudadanos y de manera independiente a Universities UK”. Y subraya: “O sea, si no se pronunciaron en eso, cuando era palmario lo que convenía a las universidades, imagínate en cualquier otro asunto político”.

En Francia, los graves disturbios en la ‘banlieu’ (con muertos incluidos) tampoco provocaron manifiestos conjuntos. Ni siquiera hubo un comunicado de las Universidades como organismos individuales. En Estados Unidos, a pesar de los gravísimos disturbios raciales o de las protestas sobre las diversas guerras en las que se ha visto envuelto el país norteamericano, tampoco las Universidades tomaron posicionamiento político. Pero en Cataluña es otra cosa: la utilización de las instituciones públicas es una iniciativa que está a la orden del día, ya sea para colgar símbolos partidistas o ideológicos de las fachadas de los edificios oficiales o para aprobar manifiestos políticos en los que las instituciones no deberían entrar por conciencia democrática.