JxCAT y PDeCAT afrontan su batalla por primera vez ante un juez

Junts per Catalunya (JxCAT) y el PDeCAT tuvieron este viernes por la tarde su primera batalla jurídica por las siglas JxCAT en los juzgados barceloneses: se vieron las caras en una larga vista (cuatro horas) para dilucidar las medidas cautelares en el pleito judicial que tienen por la propiedad de la marca electoral ‘JxCAT’. El PDeCAT sostiene que la marca es suya y que, irregularmente, una de sus trabajadoras, Laia Canet, la traspasó a Carles Puigdemont y a los suyos, para que pudiesen formalizar un partido político con esas siglas de cara a las futuras elecciones.

El abogado de JxCAT, Agustí Carles, pidió que el PDeCAT ponga sobre la mesa más de 493.000 euros como responsabilidad civil para el caso de que se le prohíba ahora utilizar las siglas de JxCAT a Carles Puigdemont y al final gane el pleito. Esa cifra sale de multiplicar los 4.110 militantes que Junts afirma tener por 120 euros anuales por cabeza.

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Los representantes del PDeCAT sostuvieron ante la jueza que la persona que había registrado el nombre de JxCAT (para el PDeCAT), Laia Canet, simuló una asamblea el pasado 27 de junio en la que se eligieron a nuevos dirigentes para preparar el congreso fundacional de JxCAT y que, sobre el papel, JxCAT ya funcionaba como estructura desde el 2018, aunque solo con tres personas. Tras la pretendida asamblea del 27 de junio, se eligió a una nueva estructura que es la que formalizó todo el proceso de creación de JxCAT como partido político, propiciando que se presentase Carles Puigdemont como presidente y Jordi Sánchez como secretario general.

El PDeCAT presentó este viernes como testigos a dos militantes, que son los que fundaron JxCAT como un partido instrumental junto a Laia Canet, que manifestaron ante la jueza que no fueron convocados a ninguna reunión el pasado mes de junio. Los abogados de la formación de Puigdemont, no obstante, se escudaron en la crisis sanitaria para justificar que la pretendida asamblea se hizo de forma muy informal. En realidad, lo que los letrados de Puigdemont trataban de justificar es que ya existía desde 2018 ese partido instrumental llamado JxCAT cuya presidenta era Laia Canet.

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Sin embargo, tanto su supuesto secretario general, Pol Xart, como la tesorera, Anna Maria Soriano, no firmaron ni un solo documento en los dos últimos años ni asistieron a ninguna reunión virtual o presencial del mismo. Era, pues, un ‘partido fantasma’ que, al parecer, solo un puñado de fieles de Puigdemont sabía que existía y que activaron utilizando a Laia Canet (que además era trabajadora del PDeCAT) para hacerse finalmente con la marca y fundar, al final de todo el proceso un auténtico partido político con las siglas. Desde el PDeCAT, sin embargo, se señala a El Confidencial que ese partido instrumental no existía, ya que Canet recibió poderes para registrar la marca a favor del PDeCAT y, además, “lo que cuenta es la presentación de un partido ante el registro y eso se produjo con JxCAT hace pocas semanas. Si quieren hacer ver que JxCAT ya venía funcionando como partido desde 2018 es que están jugando muy sucio”.

Apela a la ley española

Pero no se quedaron ahí los rifirrafes entre las dos formaciones independentistas: los de Puigdemont, en un momento determinado, rechazaron someterse al Código Civil catalán, tal y como pretendían los representantes del PDeCAT. “No es aplicable el Código Civil de Cataluña en este caso porque estamos dentro de la Ley de Asociaciones Políticas, que regula el derecho de asociación. Esta ley dice que los partidos políticos tienen una regulación propia y por eso queremos que se nos aplique la Ley Orgánica española que regula a los partidos”, señalaron los letrados de JxCAT.

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La intención era puramente política. “No estamos en un tema de marca. Todos hablan de eso, pero no estamos discutiendo ninguna marca”, aseguró el abogado de Puigdemont. Y, a partir de ahí, se quejó de que el PDeCAT “pide que se suspenda la vida de un partido político. O sea, nos encontramos ante el caso de que un partido intenta paralizar la vida de otro partido”. En resumen, su estrategia era poner de relieve que “un partido político no es una simple asociación y se atenta contra un derecho fundamental”.

En otro momento de la vista judicial, otro de los letrados presentes que defendía a varios de los implicados señaló que si se prohíbe que Puigdemont pueda utilizar la marca de JxCAT “puede comportar el peligro de dictar una resolución que está por encima del derecho a la participación política. Pedimos que ante los derechos en conflicto, usted, señoría, proteja el derecho a la participación por encima de todo y por encima también de otros derechos que no son fundamentales o que ni siquiera son derechos”. Se refería a que todo esto viene de una supuesta irregularidad interna referente a los estatutos (sobre si Laia Canet podía o no convocar una asamblea y cómo hacerla).

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Pero la abogada del PDeCAT, Eulàlia Bartomeus, se sostuvo que JxCAT se apropió ilegalmente de la marca JxCAT propiedad del PDeCAT, aún cuando desde el bando contrario se intentaba demostrar que el capital político no lo tienen los partidos, sino las personas. El letrado de Puigdemont rizó el rizo al explicar: “Esto es un juicio civil Y la actora [o sea, el PDeCAT] confunde conceptos. No es lo mismo la coalición JxCAT, el partido JxCAT y la marca JxCAT. Quien ha tenido activos políticos es la coalición JxCAT, no el partido. La coalición se llevó el nombre, el signo y el símbolo. El PDeCAT aportó dinero, candidato y algunos independientes”.

Luego, el letrado recriminó a la antigua formación donde militaba el propio Puigdemont y que está, para más inri, en negociaciones para renovar una plataforma electoral. “No entendemos que el PDeCAT reclame que un partido con el que se quiere coaligar no le reconozca los méritos. Nos piden la nulidad de un acta de una asamblea por irregularidades, nada más”, clamó el letrado. Claro que en esa asamblea fue donde se decidió el futuro de un partido entero y donde se llevó la marca de JxCAT fuera del ámbito del PDeCAT, que era quien la había registrado hace dos años.