Albiol, bajo la lupa del juez: asume la alcaldía y se le aparecen los fantasmas del pasado

El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, recién llegado al cargo al haberse roto el multipacto de la oposición que le arrebató la alcaldía pese a ser el candidato más votado en las últimas elecciones, llega al sillón de primer munícipe justamente cuando reviven los fantasmas de su pasado: este martes se tiene que presentar ante el juez como imputado por un presunto delito de malversación, al haber permitido la instalación de dos antenas de telefonía (de Vodafone y Movistar) supuestamente sin licencia durante su anterior mandato, desde septiembre de 2012. La Fiscalía se había querellado contra García Albiol y luego añadió a la lista de acusados al teniente de alcalde de la anterior legislatura, Oriol Lladó, de ERC, del que dependía el tema como responsable de Vía Pública del ayuntamiento.

El fiscal responsable de Fauna y Flora (medioambiente), Miguel Ángel Pérez de Gregorio, sostiene que la instalación de las antenas, en el Turó d’En Carig, muy cerca del cuartel general de la Guardia Urbana, carecía de todo tipo de permisos, ya que requería una licencia urbanística que nunca lograron. Pero, según la denuncia del Ministerio Público, allí no hay expediente de obras, ni licencia ambiental, ni expediente administrativo ni autorización formal…

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El juzgado de instrucción número 4 de Badalona investiga ahora a otros cuatro ex altos cargos municipales por este ‘affaire’: Josep Duran, entonces jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento (por prevaricación urbanística); Miguel Jurado, concejal de Seguridad del PP (por encubrimiento); Tomás Vizcaíno, entonces consejero delegado de la empresa municipal Engestur, que gestionó la instalación de las antenas, y Christian Carneado, actual gerente de Engestur. Estos dos últimos están imputados por prevaricación urbanística, aunque Carneado no era responsable de la compañía en el momento de los hechos.

Según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial, por la época de su instalación, representantes sindicales tuvieron varias reuniones con responsables municipales, ya que desde la propia Administración se había filtrado que las antenas, ubicadas en el Turó d’En Caritg, muy cerca del cuartel general de la Guardia Urbana, emitían radiaciones peligrosas.

Antenas gratis total

El PP hizo público un comunicado en el que señala que García Albiol, que fue alcalde de 2011 a 2015, no intervino en ningún expediente administrativo y subrayaban que las antenas siguieron funcionando durante la siguiente legislatura, en la que gobernó la cupera Dolors Sabater, y, posteriormente, cuando accedió en 2019 al cargo de alcalde, el socialista Àlex Pastor (que dimitió en abril pasado tras ser cazado conduciendo en pleno periodo de confinamiento), aunque lo cierto es que la mayor de ellas, de Vodafone (tenía más de 20 metros de altura), fue desmontada el 21 de julio de 2018 y la de Movistar también fue retirada por esa época. Las investigaciones han llegado a la conclusión de que las empresas de telefonía jamás llegaron a pagar ni un euro por las antenas, que estaban en suelo público, cuando lo normal es que paguen por instalarse en cualquier terreno.

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Uno de los testigos que ya pasaron por el juzgado reconoció que el tema de las antenas se trató en varias ocasiones incluso con el propio alcalde. Además, estaban conectadas a las dependencias de la Guardia Urbana, es decir, alimentadas con la red eléctrica de este cuerpo policial. Esa circunstancia se hizo llegar al ayuntamiento en forma de escrito de denuncia. “En estas reuniones con el señor Jurado [concejal de Seguridad], se habló sobre los riesgos de las antenas y su radiación, y la respuesta del señor Jurado era que eran legales y dentro del marco de emisiones”, dice un acta judicial a la que ha tenido acceso este diario.

En las reuniones que responsables sindicales mantuvieron con el entonces alcalde, Xavier García Albiol, para darle las quejas y pedirle responsabilidades por las antenas, este les dirigió a Engestur, que era la empresa pública que gestionaba su instalación. Un testigo, entonces representante de un sindicato, relató al juez el pasado 11 de febrero que “cuando cambian el Gobierno, en 2015, se reúnen con Dolors Sabater, trasladándole, en relación con las antenas, la preocupación por la radiación y que en una temporada habían padecido casos de cáncer que crearon alarma y esta les remite a Engestur. Y a finales del año 2015 se reúnen con Engestur, el señor Carneado, y una empresa que gestionaba el control de las radiaciones de las antenas. Con la señora Sabater, no se puso de manifiesto que las antenas podían ser ilegales. Se le dijo [al testigo] que aquellas antenas no estaban formalizadas por las empresas y había que solucionar el tema”. En la época de instalación de las antenas, García Albiol, además de alcalde, era presidente de Engestur y responsable de Urbanismo.

Peligro para la salud

Otro responsable sindical que compareció como testigo en la causa el pasado 26 de febrero afirmó ante el juez que la instalación de las antenas “generó mucha inquietud, porque en otras ocasiones se habían recibido quejas por la colocación de antenas en otros espacios. Además, coincidió con que dos o tres compañeros que estaban permanentes en el edificio sufrieron cáncer”. Fuentes conocedoras del caso explican a El Confidencial que los índices de radiación triplicaban los de cualquier zona habitada de Cataluña. El testigo afirmó también ante el juez que los niveles de radiación de las antenas estaban por debajo del nivel legal, pero “eran de los más altos de Cataluña”.

Opinión

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Esa fue la tesis mantenida por Josep Montes, un técnico municipal de medioambiente. “El técnico les dice que sí, el índice de radiación es el más elevado de Cataluña, pero está por debajo del nivel permitido y no se puede comprobar su afectación a fecha de la reunión [era el año 2014], aunque igual pasados 20 años podría suceder una afectación. Se comprometieron, aunque no se cumplió, a instalar las antenas encima del tejado del edificio para que las ondas no les llegaran tan directamente”, dice una de las actas judiciales del caso.

Ese testigo, cuya declaración obra en poder de este diario, relata también que los responsables municipales se aferraban a la justificación de que las antenas eran legales porque estaban en suelo público. Miguel Jurado, además, les había dicho a los representantes de la Policía Local que todo era legal y les había prometido “que el dinero que habían recibido de las compañías serviría para asfaltar el 'parking' y hacer mejoras [en el edificio de la Guardia Urbana]”. Pero, como las compañías de telecomunicaciones no pagaron ni un euro por la utilización de los terrenos, su utilización durante seis años les salió gratis total. Y el 'parking' fue asfaltado con cargo a los presupuestos públicos.