11 CASOS DE AGRESIONES A EXTRANJEROS

Patrullas ciudadanas en la costa catalana: los vecinos se toman la justicia por su mano

Se ha alimentado un discurso que afirma que ha crecido la inseguridad ciudadana y que los culpables son grupos de extranjeros, la mayoría menas que se encuentran desamparados

Foto: Vista de la Gran Vía de Premiá a la altura del mercado. (EFE)
Vista de la Gran Vía de Premiá a la altura del mercado. (EFE)

La tensión crece en las calles de Cataluña por la inseguridad ciudadana. De ello dan fe tres ataques violentos a casas ‘okupadas’ en Barcelona, Mataró y Premià de Mar (estos dos localidades en la comarca del Maresme, al norte de la capital); cuatro casos de acoso vecinal y escarnio público a grupos de extranjeros en Barcelona, Mataró, Premià de Mar y Llançà; y dos ataques violentos a centros de menores, con armas incluidas, además de ataques verbales en Badalona, Canet de Mar y Sant Just Desvern. Todo ello en los últimos meses. Si nos remontamos a 2019, podemos añadir cuatro asedios a centros de menores en Barcelona, Canet, Masnou y Castelldefels; dos ataques violentos en Barcelona, un caso de discurso punible de odio en grupos de Facebook en Barcelona, una prisión preventiva injustificada en Barcelona, situaciones de abusos en dos centros de menores, multitud de casos de paradas policiales por perfil racial o comunicados de asociaciones e informaciones de medios de comunicación que alimentan un relato de criminalización hacia determinados colectivos.

Son los casos documentados por la ONG SOS Racisme, referencia en la lucha contra la discriminación racial. La escalada de la violencia en el 2020 ha puesto sobre la mesa una realidad más peligrosa: la creación de patrullas vecinales que quieren tomarse la justicia por su mano y que se enfrentan tanto a presuntos delincuentes como a las fuerzas policiales que quieren poner orden.

¿Qué pasa para que florezcan los ‘justicieros’ de las calles? Pues que se ha alimentado un discurso que afirma que ha crecido la inseguridad ciudadana y que los culpables son grupos de extranjeros, la mayoría exmenores extranjeros no acompañados (menas) que, tras alcanzar la mayoría de edad y dejar de depender de la Administración, se encuentran desamparados. Sin embargo, con los números de los Mossos d’Esquadra encima de la mesa, el número de delitos no ha crecido en las zonas donde se han creado las patrullas vecinales.

“Los vecinos y vecinas justifican el acoso y escarnio por una sensación de inseguridad que, según ellos, viene provocada por la presencia de jóvenes en el municipio”, dice un comunicado de SOS Racisme, que aclara que, aunque las estadísticas lo desmienten “y que no tienen ningún indicio que relacione los delitos con los jóvenes que ‘okupan’, los vecinos persisten en culpabilizarlos omitiendo deliberadamente su presunción de inocencia, la cual no se omitiría si estos jóvenes, que son de origen magrebí o subsahariano, fuesen blancos”.

Los alcaldes se posicionan

El alcalde de Premià, Miquel Àngel Méndez, salió en defensa de sus convecinos. “En algunos medios he oído que se ha producido un ataque racista. Nosotros no queremos calificarlo así. Es un ataque contra presuntos delincuentes, sean blancos, sean negros o sean rojos. Aquí no hemos de mezclar una situación racista”, dijo a TV3, la emisora autonómica catalana. El edil afirmó que la tensión “se veía venir, porque los ánimos estos días estaban muy calientes”. Al margen de pedir más policías al consejero del Interior, Miquel Buch (que fue su antecesor en el cargo), Méndez criticó a la Generalitat por dejar abandonados a su suerte a los menores cuando llegan a la mayoría de edad.

Es un ataque contra presuntos delincuentes, sean blancos, sean negros o sean rojos

Unos días después, era Francesc Guisset, alcalde de Llansà, en plena Costa Brava, el que reclamaba más fuerzas policiales en su localidad y vinculaba parte de la delincuencia con los ‘okupas’. El motivo de la desazón en este pueblo es un grupo de seis a ocho extranjeros “que podrían ser exmenas y siguen en tendencia delictiva”. Varios cientos de vecinos (la localidad tiene 4.300 habitantes) se manifestaron frente al Ayuntamiento para reclamar más seguridad. Algunos días se han producido también cortes de carreteras para protestar por la situación. La característica de Llansà es que delincuentes profesionales también se desplazan en tren desde otros puntos para cometer robos, uniendo sus fuerzas a los extranjeros, con lo que la inseguridad crece. “Sé que la policía actúa y que podremos contener esta deriva, que se produce cada verano, pero necesitamos refuerzos para que no se instale la idea de que tenemos una ciudad sin ley”, alertó también por TV3.

En Mataró también existen problemas. Allí, la unidad de Civismo y Convivencia de la policía local hace de mediadora entre okupas y vecinos. Tiene trabajo: decenas de mediaciones mensuales para que la situación no se desmadre. En mayo, su alcalde, el socialista David Bote, ya admitía que había tensión y problemas por las okupaciones y el aumento de la delincuencia.

En El Masnou, un poco más al sur, la situación es delicada. El 8 de junio, se realizó una reunión entre el alcalde de la localidad, Jaume Oliveras, la concejal de Seguridad Ciudadana, Sílvia Folch, la de Acción Social, Yulay Martínez, la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA), Ester Cabanes, y representantes de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra para estudiar el tema de “la existencia de grupos de jóvenes, en algunos casos extutelados por la DGAIA que acumulan diversas causas por delitos de diferente categoría, como tentativa de ocupaciones ilegales de inmuebles, pequeños hurtos, robos con intimidación y fuerza o alborotos con agresiones. En poco más de tres meses, personas vinculadas a este grupo sumarían cerca de 70 delitos en el municipio”.

En esa reunión, se puso de manifiesto que los grupos de delincuentes cada vez son más grandes y actúan con mayor violencia, además de perder el respeto hacia los agentes de la autoridad. La evolución del desconfinamiento y la desescalada evidenció que mientras se levantaban las medidas restrictivas, aumentaban los hechos delictivos. Ante ello, en esa reunión se decidió reforzar la vigilancia policial, instar a la justicia a colaborar para paliar la indefensión ante las reiteradas detenciones (algunos delincuentes fueron detenidos muchas veces y eran puestos en libertad inmediatamente), y desmantelar el centro Balquer, donde pernoctaban, para atomizar el grupo.

Once agresiones denunciadas

Ello da pie a SOS Racisme a denunciar que “detectamos un sentimiento generalizado de desatención policial por parte de los vecinos, sensación avalada por representante institucionales, como el alcalde de Premià de Mar o el de Llançà, que justifican las protestas como consecuencia de la supuesta inacción policial, pero sin entrar a cuestionar si los jóvenes son realmente culpables”, conforme dice un comunicado de la organización. Y subraya que las patrullas vecinales tienen su origen en las Patrullas de Esclavos o los Vigilantes de la Ciudad, que nacieron en el siglo XVIII en los Estados Unidos para gestionar conflictos basados en la raza: si un delito era cometido por un blanco, se señalaba al delincuente; si lo cometía un negro, señalaban a toda la comunidad negra.

Gemma Ferreón, portavoz de SOS Racisme en Cataluña explica a El Confidencial que esta organización gestiona 11 casos de agresiones de vecinos a grupos de menores extranjeros durante 2019 y 2020 (no todos los conflictos son susceptibles de ser investigados). "Ha habido ataques en El Masnou, Badalona, Castelldefels,… pero los problemas son estructurales de fondo. Por una parte, hay una desprotección por parte de la Administración de los menores tutelados cuando llegan a la mayoría de edad. Y en una situación de extrema vulnerabilidad, los jóvenes se ven abocados a la supervivencia y a ‘okupar’. De ahí la sensación de inseguridad de los vecinos, que conectan la presencia de estos jóvenes con el aumento de la delincuencia, cuando los propios Mossos d’Esquadra nos dicen que no hay un aumento de los índices de delincuencia. Ni con estos jóvenes ni con otras personas ‘okupas’".

La representante de SOS Racisme explica que “entendemos el derecho de los vecinos a vivir en un entorno seguro, pero otra cosa es que se tomen la justicia por su mano. Que dejen el tema del control de la seguridad a las autoridades competentes”.

¿Quién maneja los hilos de las patrullas? En realidad, nadie, porque el tema es muy complejo. El racismo no es patrimonio de nadie: se trata de un sentimiento muy transversal. Existe en ocasiones una instrumentalización política, por parte de algunos grupos de la ultraderecha. Pero también ocurre lo mismo con algunos grupos ultraindependentistas. O con grupos de vecinos en los que ha calado un discurso determinado. Ninguno de estos colectivos tiene nada en común, pero todos practican una clase u otra de racismo.

"Algunos medios de comunicación “generan discursos de odio hacia los ‘menas’, creando relatos falsos que calan en la sociedad"

“Para nosotros, más allá de casos puntuales, existen problemas estructurales de fondo, ya que la Administración no es garante de derechos, sino que se ha convertido en vulneradora de derechos”, destaca Ferreón. Desde SOS Racisme se apunta también a otros dos factores que calientan la situación, además de la desprotección de los menas: por un lado, algunos medios de comunicación “generan discursos de odio hacia los ‘menas’, creando relatos falsos que calan en la sociedad”. Y, por otro lado, se apunta a las fuerzas de seguridad, “que normalizan y reproducen ese imaginario, creando un relato estigmatizante hacia grupos de menores de un colectivo concreto”. En otras palabras: existe un racismo estructural, evidenciado, por ejemplo, en el hecho de que los menores con pinta de magrebíes son parados sistemáticamente por las patrullas policiales para su identificación, lo que los señala públicamente como potenciales peligros.

El Informe de la Discrimación en Barcelona, realizado por el propio Ayuntamiento de la ciudad reconoce, por ejemplo, que el 20% de las identificaciones de la ciudad se produce en el reducido espacio del barrio de Ciutat Vella. Y por la calle se para 7 veces más a inmigrantes que a nativos, a pesar de ser solo el 13% de la población. Y es a estos datos a los que se aferra SOS Racisme para criticar el ‘racismo institucional’.

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