Entre ellos Marchena

Torra pide apartar a 10 de los 12 magistrados que pueden revisar su condena en el TS

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le condenó por un delito de desobediencia, por el que le imponía la pena de inhabilitación durante un año y medio y una multa económica

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlament. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlament. (EFE)

La defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este lunes dos escritos de alegaciones en el Tribunal Supremo en los que pide la recusación y abstencia para revisar su condena por desobediencia de diez de los doce integrantes de la Sala de lo Penal. En concreto, reclama que se aparten el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta; Julián Sánchez Melgar; Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre; Antonio del Moral García; Ana María Ferrer García; Pablo Llarena Conde; Vicente Magro Servet; Carmen Lamela Díaz, y Eduardo Porres Ortiz de Urbina.

En los escritos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, su abogado Gonzalo Boye anticipa que acudirá a Europa una vez se revise la sentencia, por la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le inhabilitó para el ejercicio de cargo público durante 18 meses. Asegura que uno de esos motivos es que la resolución "pretende privar ilegalmente al Molt Honorable Quim Torra i Pla de su derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo".

Destaca su derecho a un tribunal imparcial y menciona a aquellos de los jueces de esta Sala que han formado parte de la Junta Electoral Central como Ana Ferrer, Eduardo Porres o Miguel Colmero. El incumplimiento de una orden de la JEC para retirar lazos amarillos y otro simbología de los edificios públicos está en el origen de su condena.

"Arbitraria detención"

En cuando al presidente de la Sala y el resto de magistrados que formaron parte del tribunal del 'procés', Torra indica que como integrantes de aquella sala, "confirmaron la arbitraria detención (así calificada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas) de los presos políticos catalanes denunciada Torra". Además -dice- Marchena, Martínez Arrieta, Sánchez Melgar y Lamela, Torra "se pronunciaron, todos ellos, explícitamente, en el sentido de confirmar la legalidad de los acuerdos de la Junta Electoral Central".

Lo mismo indica respecto a Carmen Lamela y Pablo Llarena. La primera instruyó el procedimiento abierto en origen en la Audiencia Nacional sobre el proceso de independencia de Cataluña y el segundo lo asumió cuando la jueza se inhibió a favor del alto tribunal. Para el president, contribuyeron en la situación de prisión de los políticos presos y, por ello, generaron la situación que pretendía denunciar con los simbolos que exhibía el Palau de la Generalitat.

Torra abrió fuego hace unos días con una primera impugnación en la que solicitaba que se anule la fecha prevista para la vista en la que el alto tribunal revisará su condena. La Sala Segunda del Tribunal Supremo fijará previsiblemente para el próximo 17 de septiembre la vista para revisar el recurso presentado por el president. En caso de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirme la sentencia que dictó su inhabilitación por incumplir órdenes de la Junta Electoral Central para que retirara lazos amarillos de edificios públicos, la inhabilitación será firme y el 'president' se verá obligado a abandonar su cargo.

La vía penal es una de las dos que mantiene abiertas el Supremo en relación a la inhabilitación. La otra, por lo Contencioso-Administrativo, se centra en el acuerdo de la JEC por el que se ordenaba su inhabilitación como diputado autonómico pese a la sentencia no es firme. En un informe presentado en la pieza cautelar, el Ministerio Público consideraba que existen posibilidades de que se atienda el recurso del 'president' en este caso.

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