Juan, el recluso que pide igualdad con los 'presos políticos'

Esta semana, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, emitía un comunicado quejándose de la actitud de la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners, donde cumple condena de nueve años tras la sentencia del Supremo sobre el 1-O. Se quejaba de que la junta había avalado su salida de prisión cinco días a la semana durante 12 horas diarias "para hacer una actividad laboral y de voluntariado".

Horas más tarde, era retirada esa posibilidad y se le devolvía a la prerrogativa de salir tres horas diarias durante tres días a la semana, al mismo tiempo que no tramitaban la oferta laboral que tenía. Claro que esa oferta laboral era del partido que él mismo preside, la Crida Nacional, lo que a ojos de los juristas podía invalidar la propuesta. Inmediatamente, propuso otra alternativa laboral: volver al voluntariado, en la Fundación Canpedró, por el que ya había salido de la cárcel a finales de febrero pasado. Pero esa actividad no se ha reanudado por el estado de alarma.

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Los mensajes de apoyo del mundo independentista no se hicieron esperar. "No hay derecho. Tendremos memoria", advertía uno de sus seguidores. Otra señalaba: “Estáis pagando un precio injusto muy grande. Tu cautividad es la nuestra”. El diputado de JxCAT Pep Riera recordaba: "Se ha de reparar esta injusticia añadida a la gran injusticia de la condena. A tu lado en la lucha, Jordi".

En esos momentos, en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona, el recluso Juan Bautista Sanjuán pasaba otro calvario particular muy diferente al de Jordi Sànchez. Condenado a 10 meses (una nimiedad), no se le ha concedido desde septiembre pasado ni un permiso. Por eso, se puso en huelga de hambre, para reivindicar que él también es preso y es persona. Su situación contrasta con la de los condenados del 1-O, que a pesar de tener penas que suman años de prisión (de nueve a 13 años), ya han salido de la cárcel con permisos.

De los más de 70 kilos que pesaba Sanjuán, ahora está en 59. Todo para denunciar lo que considera una discriminación y un agravio comparativo

Sanjuán ha perdido, en la actualidad, 11 kilos: de los más de 70 que pesaba, ahora está en 59 kilos. Todo para denunciar lo que considera una discriminación y un agravio comparativo con otros presos.

El 12 de junio de 2018, fue condenado por un juez de Vinaroz a nueve meses y un día de prisión por un delito de amenazas y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su entonces compañera durante dos años. Según la sentencia, el acusado le había dicho que si no le enviaba dinero, le iba "a pisar la cabeza". Posteriormente, él le puso una denuncia por apropiación indebida.

A pesar de ser una condena nimia, le han denegado permanentemente permisos para salir, en contraste con la manga ancha que tienen los 'presos políticos'

Con el tiempo, se reconciliaron, ella pidió retirar la denuncia y volvieron a convivir. Un día, él llamó a la Policía porque su compañera estuvo a punto de pelearse con una vecina. Le cayeron 10 meses y 16 días por quebrantamiento de la orden de alejamiento, a pesar de que nadie le denunció por ello. Es más: con posterioridad, fue absuelto del delito de maltrato en el ámbito familiar "y se acordó asimismo el cese de las medidas cautelares adoptadas". O sea, que también desaparecían las penas accesorias, como el alejamiento.

Compañero de cárcel de Forcadell

Lo cierto es que en septiembre de 2019, se presentó voluntariamente en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona, para cumplir su condena. Acababa de abrir una cafetería en Vinaroz, pero abandonó su proyecto para cumplir la condena voluntariamente. Desde entonces, ha pasado un calvario: la junta de tratamiento, a pesar de ser una condena nimia, le ha denegado permanentemente permisos para salir, en contraste con la manga ancha que tienen los denominados 'presos políticos'. Allí, por ejemplo, cumple condena Carme Forcadell: 11 años y medio de cárcel, pero ya goza de los privilegios de salir de prisión.

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EFE

En febrero de este año, Juan Sanjuán fue ratificado en segundo grado en base a los motivos de "reincidencia delictiva penal y penitenciaria; falta de reconocimiento del delito; y necesidad de seguir el programa VIGE de tratamiento". El juzgado de vigilancia penitenciaria, que no tuvo inconveniente en permitir salir a los 'presos políticos' pese a que persisten en sus actitudes y proclaman que lo volverán "a hacer", le denegó a Sanjuán los permisos porque “existe una falta de reconocimiento y asunción de responsabilidad, que se trata de un factor esencial".

Para Adriana Ricciardolo, actual compañera de Juan Sanjuan, estas exigencias "son exactamente las contrarias de las que se les exige a los llamados 'presos políticos'. Esta situación evidencia que hay presos de primera y presos de segunda. La vara de medir para unos y para otros no es la misma". O, dicho de otro modo, hay 'presos amigos' y 'presos comunes'.

Un recurso de su abogada del pasado 24 de febrero ante el juzgado de vigilancia penitenciaria explica que "no tiene ningún sentido que mi representado tenga que cumplir en prisión la pena impuesta, tal y como han acaecido los hechos, y sobre todo teniendo en cuenta que se le absolvió del mismo procedimiento inicial por el que se adoptó la orden de alejamiento absolviéndose al mismo y por la orden de alejamiento que supuestamente después vulneraría mi mandante inconscientemente y creyendo que la misma había quedado sin efecto por indicaciones expresas de su compañera".

De ese modo, tumbaba la justificación de "falta de reconocimiento del delito" que, en esta ocasión, exponía la junta de tratamiento y el propio juez de vigilancia. La regla de tres es lógica: si no hay delito, no puede haber reconocimiento del mismo. Pese a todo, Juan Sanjuán continúa encerrado en Mas d'Enric y no le permiten salir de permiso.

Juan Sanjuán continúa encerrado en la prisión de Mas d'Enric y no le permiten salir de permiso

Los argumentos de Sanjuan no hicieron mella en los integrantes de la junta de tratamiento. El hecho de estar en una situación desesperada, porque acababa de abrir un negocio en el que había invertido todo su dinero, fue una cuestión baladí para los expertos. En su informe, la junta reconoce que "en el tiempo que lleva en el centro, no tiene expedientes penitenciarios y ha tenido una conducta dentro de la normalidad". Además, la propia Audiencia señala que “la normativa penitenciaria no impone la obligación al condenado de arrepentirse ni a que se declare culpable y que prescinda de su declaración de inocencia”. Esa es la doctrina que le aplicaron a todos los 'presos políticos'. Pero en el caso de Sanjuan, se le deniega la prerrogativa. Un sinsentido más.

El defensor del pueblo abre expediente

El 2 de enero de este año, el defensor del pueblo admitió la queja de Adriana Ricciardolo por la situación del recluso, "al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución". Una carta del defensor del pueblo señalaba también que “se han iniciado las actuaciones oportunas ante el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña".

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La Generalitat le dio calabazas al defensor del pueblo durante los siguientes meses. El 16 de marzo, la oficina del defensor del pueblo volvió a pedir explicaciones a la Generalitat. Finalmente, el 29 de abril, la Generalitat le respondió señalando solo que se había abierto un expediente de información. Nada más. "A la vista de la información anterior, esta institución ha acordado proseguir con las actuaciones de su queja y solicitar del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña que amplíe información cuando finalice el trámite del expediente de información reservada en curso".

El motín ocultado

La situación en las cárceles se ha agriado en las últimas semanas por la disciplina impuesta por la Generalitat y los tratos de favor a los 'presos políticos'. Tal y como publicó este diario, una treintena de reclusos ya han presentado denuncias por el trato discriminatorio que sufren los internos frente a los llamados 'presos políticos'

En sus demandas, aseguran: "En virtud de que crea discriminación en la aplicación de la Ley Penitenciaria al establecer baremos diferentes entre los ciudadanos presos extranjeros y los ciudadanos presos españoles para el acceso a los permisos penitenciarios, tal y como es el caso de los señores llamados ‘presos políticos’. En este caso, somos nosotros los presos políticos, ya que no nos aplican la Ley Penitenciaria vigente. Somos presos políticos en virtud de la definición de Naciones Unidas establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, ratificado por España".

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Pero hay más: en la cárcel de Mas d'Enric se registró un motín que el Gobierno de Quim Torra trató de ocultar. El sábado 2 de mayo, casi una veintena de marroquíes que cumplen condena en el módulo 6 de la cárcel se negaron a cenar. "Vino el jefe del servicio para intentar convencerlos, pero no hubo manera. Entonces, fueron enviados a sus celdas. Sobre las 10 de la noche, llegaron una quincena de funcionarios y se llevaron a cinco internos a la especial, maniatados con grilletes, lo que está prohibido dentro de una cárcel", explica uno de los familiares a este diario. A una docena de los amotinados se les trasladó a otros módulos, dispersados dentro de la cárcel, para evitar que pudiesen continuar juntos.

A la mañana siguiente, asegura otro familiar, "no abrieron las celdas a primera hora, como es normal, para que puedan salir al patio. Creemos que esa fue una medida de castigo por el motín de la noche anterior". En una de las celdas, sus dos internos se enzarzaron en una pelea física con funcionarios, por lo que fueron también conducidos a aislamiento. "A todos ellos se les quiere ahora cambiar de grado y que pasen a primer grado, es decir, sin salir de permiso y con restricciones", apuntan desde las familias.

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Fuentes de la Generalitat de Cataluña se negaron, a pesar de la insistencia de El Confidencial, a comentar el asunto. Fuentes internas de Mas d'Enric señalan, no obstante, que la consigna es minimizar el asunto y tratar de no darle importancia hacia el exterior. Tras esa pantalla, se esconde el temor a que el malestar entre internos se expanda por las prisiones catalanas.

Uno de los familiares asegura también que en Mas d'Enric "no tienen economato, sino una cosa que le llaman la 'botiga'. Y lo que compran allí sale incluso más caro que fuera de la cárcel". Los familiares denuncian también que en la prisión les obligan a realizar cursillos que son subvencionados.

"En ocasiones, para pasar a segundo o tercer grado [situación que les podría permitir determinados permisos], les exigen que hagan esos cursillos. Pero cuando llegan ante el juez y exponen el cursillo como un beneficio para cambiar de grado, éste les dice que eso no computa y que los cursillos no son obligatorios, sino voluntarios. Lo que nos tememos es que desde la cárcel se obligue a realizar cursos subvencionados en los que cobran de la Administración por la gente que se apunta. Y ahí tienen carne de cañón barata para hacer bulto y justificar la asistencia: así, gracias a la gente a la que obligan a asistir, reciben dinero público", señala otro familiar a El Confidencial. Este extremo tampoco ha sido aclarado por la Generalitat de Cataluña.