HASTA EL ‘PRESIDENT’ SE IMPLICA

Torra se lanza a otra 'guerra de banderas' aunque el fallo del TS no sea sobre Cataluña

El soberanismo más exacerbado entiende que el Supremo ‘pensaba’ en Cataluña a la hora de dictar su sentencia sobre Canarias

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra (i) acompañado del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra (i) acompañado del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès. (EFE)

La sentencia del Tribunal Supremo declarando que ninguna enseña no oficial puede ondear en ningún edificio público ha desatado otra ‘guerra de banderas’ en Cataluña, a pesar de que el fallo fue emitido como consecuencia de un pleito en Canarias. El independentismo radical ha aprovechado la decisión del Supremo para calificar la sentencia de un nuevo “ataque contra Cataluña”. Poco importa que no haya referencia a la ‘estelada’ (bandera independentista) en el fallo del tribunal. Ni se haya efectuado por un asunto que nada tiene que ver con esta comunidad. El soberanismo más exacerbado entiende que el Supremo ‘pensaba’ en Cataluña a la hora de dictar su sentencia sobre Canarias.

El mismísimo presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, añadió leña al fuego, haciendo una lectura interesada del tema y obviando, como todo el independentismo, que el Supremo no prohíbe ninguna bandera, sino que se refiere sólo a su instalación en edificios oficiales. Obvia también que en ninguna democracia avanzada se permite la colocación de una enseña no oficial en un edificio público.

El ‘president’ retuiteó, así, un mensaje del alcalde de Celrà, el ‘cupero’ Dani Cornella, que decía que “ningún tribunal puede prohibir una bandera de libertad”. Torra añadió: “Totalmente de acuerdo. Ni ningún tribunal ni ningún Estado”. También reemitió otro mensaje de Josep Costa, vicepresidente del Parlamento catalán y el hombre de confianza de Carles Puigdemont en la cámara legislativa.

Costa, fiel a su indisimulado radicalismo, tuiteó: “Venga, ya lo tenemos. Comenzaron prohibiendo las ‘esteladas’ y no protestasteis porque no erais independentistas. Ahora os prohíben la bandera LGTBI o la de cualquier pueblo o causa con la que os queréis solidarizar. Y después las pancartas feministas, antirracistas o prorefugiados”.

También el fugado Carles Puigdemont dijo la suya desde Waterloo. “La ‘justicia’ española continúa haciendo política sin necesidad de presentarse a las elecciones. Todo muy normal en la democracia que han construido desde la sucesión de Franco. Prohibir una expresión simbólica democrática es lo que atenta contra la Constitución”. Claro que eso lo dice un ‘expresident’ que ya tenía redactada una ley donde abolía el poder judicial para dar todo el mando de los jueces al consejero de Justicia, que mandaría directamente sobre los magistrados.

Todos a una

A su vez, el tuit de Torra fue reenviado por Francesc de Dalmases, diputado de JxCAT, por la diputada Aurora Madaula (JxCAT), por el cantautor y exdiputado Lluís Llach y por el filósofo Salvador Cardús, uno de los referentes posconvergentes, que trabaja exclusivamente en favor del círculo de Puigdemont y que ha situado incluso a ERC como uno de los ‘enemigos’ a batir. Cardús, a pesar de su aparente solvencia, ha cometido gravísimos errores. Uno de los últimos fue confundir un pin que lucía el Rey Felipe VI el pasado día de las Fuerzas Armadas. Según Cardús y Josep Costa, era un tricornio de la Guardia Civil, por lo que desde primera hora de la mañana los dos referentes incendiaron las redes sociales. Todo era mentira: el pin era la enseña de Carlos III, que los dos ignaros políticos confundieron con el gorro de la Benemérita. Madaula, por su parte, encarnación del ala más dura de JxCat, se escandalizó con la sentencia. “¡Qué barbaridad!! La destrucción del estado de derecho y las libertades del gobierno ‘progresista’ avanza a pasos de gigante”, dijo.

La diputada Gemma Geis, también de JxCat, se sumó inmediatamente al carro secundando la disciplina independentista. “Un motivo más para marchar”, lanzó por las redes adjuntando la noticia emitida por el Poder Judicial. Aleix Sarri, hasta hace poco alto cargo de la Generalitat y ahora asesor de Puigdemont en el Parlamento Europeo, redactó visceral tuit: “’Esteladas’ y banderas LGTBI prohibidas en los Ayuntamientos. El Tribunal Supremo, el más reaccionario de Europa Occidental, señaliza que la defensa de derechos civiles y democráticos no es bienvenida por la legalidad española”. Luego, emitió otro confuso mensaje: “La prohibición de ‘esteladas’ y banderas LGTBI por parte del Tribunal Supremo explica bastante bien porqué España tiene la única extrema derecha de Europa constitucionalista y proaparato judicial. Son ellos el Estado”. No hace falta decir que el Supremo no redactó la sentencia en base a ninguna reclamación por banderas ‘esteladas’, lo que sitúa las críticas independentistas en un contexto ficticio al atribuir la intencionalidad del fallo a una supuesta animadversión contra Cataluña.

Y lo mismo hizo Meritxell Lluís, esposa de Josep Rull y portavoz del grupo municipal de Junts per Terrassa: “Cada día recortan más derechos y, al final, el Supremo nos querrá imponer cómo hemos de vestir. No sólo luchan contra el amarillo, luchan contra todos los colores que huelan a libertad”. Otra diputada de JxCat y concejala, Mònica Sales, hacía una< crítica similar: “Prohibir los colores que simbolizan las libertades individuales y colectivas para seguir retrocediendo hacia el blanco y negro es su objetivo. El de ayer, el de hoy y el de mañana. ¡Ya basta! ¿Siglo XXI? ¡Qué vergüenza!”. Y es que el independentismo si de algo peca es de disciplina: a la orden emitida, toda la maquinaria humana se pone a trabajar a la vez, inundando el espacio virtual con las consignas pertinentes.

No se quedó atrás Marta Vilalta, portavoz de ERC, que calificó la decisión del Supremo de “un nuevo ataque a la libertad de expresión. En una rueda de prensa telemática, la dirigente republicana aseguró que “se trata de una nueva muestra de coacción e injerencia en los derechos y las libertades más fundamentales. Será necesario plantarle cara, ya que se tendrían que poder expresar con libertad todas las opiniones de consenso de la ciudadanía de Cataluña”. Es una vuelta a la confusión entre la libertad de expresión y la libertad de disposición del espacio de todos los ciudadanos, disyuntiva que vuelve a ser un recurrente en el soberanismo más ‘incendiario’.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue más allá y aseguró que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que los símbolos están permitidos como medio de expresión política. El Estado español lo ignora. Es preciso que las instituciones catalanas sigan las directrices del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. La entidad soberanista no dio ningún detalle más, aún cuando no ha habido ninguna sentencia del TEDH sobre banderas en edificios públicos. Pero esa indefinición ya va bien a determinados intereses.

La plataforma Annoymous Catalonia, por su parte, puso el grito en el cielo. “Esto afecta tanto a la ‘estelada’ como a la bandera LGTBI. ¿Cuál será la respuesta del Govern, del pueblo?”, preguntaba a su ‘parroquia’ a través de su canal de Telegram.

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