Las trampas de Torra enfadan a los 200.000 funcionarios de la Generalitat de Cataluña
  1. España
  2. Cataluña
Crisis covid

Las trampas de Torra enfadan a los 200.000 funcionarios de la Generalitat de Cataluña

Los más de 200.000 empleados públicos de la Generalitat de Cataluña andan revolucionados estos días por la política que el Govern quiere aplicar a los funcionarios

Foto: Las trampas de Torra enfadan a los 200.000 funcionarios de la Generalitat de Cataluña
Las trampas de Torra enfadan a los 200.000 funcionarios de la Generalitat de Cataluña

Los más de 200.000 empleados públicos de la Generalitat de Cataluña andan revolucionados estos días por la política que el Govern quiere aplicar a los funcionarios y contratados laborales y que va a suponer lacerantes agravios comparativos: mientras que el ‘president’ Quim Torra sube el sueldo a todos sus asesores y sitúa su propio salario en 153.235,50 euros y los de sus consejeros en 115.517,04 euros (hace cuatro años, su salario era de 144.030,12 euros y los de los consejeros, de 108.576,84 euros), la Generalitat regatea la devolución del 60% de la paga extra de 2013 a sus funcionarios y una paga extra de 2014 completa. No es la única ‘boutade’: quiere compensar económicamente a los trabajadores sanitarios, pero restando de la bolsa de los demás funcionarios el coste de esa extra. Por si fuera poco, se salta todas las normas laborales y elimina por las bravas días de permiso y decreta que el Govern es quien decide cuándo pueden tomar días de fiesta, hacer vacaciones y deja al albur del jefe de turno el cambiar al personal de funciones o incluso de centro de trabajo.

El desescalamiento y la vuelta a la normalidad, pues, no serán fáciles para los funcionarios catalanes, porque además les puede tocar de nuevo el bolsillo. “Lo malo es que se ha utilizado la pandemia para intentar colar algunas medidas que difícilmente son legales. El Govern hace trampas: para empezar, quiere gratificar a los trabajadores sanitarios con una paga extra, lo cual es muy loable. Pero lo hace restando ese dinero al resto de funcionarios”, explica a El Confidencial Esteve Sánchez, coordinador de UGT en la Mesa del Personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña.

"Si quieren gratificar o hacer un reconocimiento a los trabajadores, que paguen todo lo que deben antes de verano y luego hablamos"

En otras palabras: Quim Torra simula que paga un extra a los funcionarios sanitarios pero lo que hace, en realidad, es restarlo del salario de los otros funcionarios. “Si quiere dar una paga extra, que ponga esa partida en los presupuestos generales de este año, o que disponga un fondo adicional como hace el Gobierno central, que sería lo más lógico, no quitarlo a los demás funcionarios”, critica Sánchez. Se trata de una bolsa de 28 a 30 millones de euros que no contemplan los presupuestos aprobados a la carrera en el Parlament hace pocas semanas. Y si el dinero se destina a pagar a los sanitarios, obviamente no puede emplearse en otros menesteres, como devolver la paga extra que se debe a los trabajadores públicos.

Movilidad funcional y laboral

En este sentido, uno de los puntos que los trabajadores reivindican año tras año es la recuperación de las pagas extra dejadas de abonar en los años 2013 y 2014. De 2013, aún se debe el 60% de la paga que quitaron a los funcionarios. La de 2014 se debe entera. Durante una huelga del año pasado, la Generalitat se comprometió a abonar la del 13 antes de verano de 2020 y la del 14 entre 2021 y 2022. Los sindicatos no tienen tan claro que se les vaya a restituir ahora. Además, en 2012 se perdieron tres días de asuntos propios que en otras administraciones (la central, las autonómicas o locales) se han ido recuperando bajo distintos nombres, pero en Cataluña no se restituyeron esos días bajo ningún concepto.

“Si quieren gratificar o hacer un reconocimiento a los trabajadores, que paguen todo lo que deben antes de verano y luego hablamos de lo que quieran”, asegura Sentís. Y Esteve Sánchez remata: “El problema es que estos años han ido creando empresas públicas y contratando asesores y personal de confianza con sueldos astronómicos, pero luego quien acaba pagando los platos rotos y asumiendo los recortes somos los trabajadores”. Las dos centrales mayoritarias advierten de que vigilan con lupa las flexibilizaciones de las relaciones laborales de la Administración autonómica catalana. “La primera impresión es que se aboca a los empleados públicos a situaciones que no son legales. Lo estudiaremos en profundidad para determinar si procedemos, en última instancia, a reclamaciones judiciales”, coinciden en señalar los representantes de UGT y CCOO.

No es la única ‘trampa’. Aprovechando la pandemia, la Generalitat emitió el pasado 24 de mayo la instrucción 5/2020, que elimina de un plumazo algunos de los derechos que tenían los empleados del Govern. Uno de los puntos da potestad a la Generalitat para cambiar funciones y horarios de todo su personal, incluso trasladándolo de centro. “Una modificación de estas características ha de negociarse con los representantes de los trabajadores, no debe hacerse por las bravas. Pero el Govern lo ha decretado unilateralmente. Por si fuera poco, intentó camuflarlo como una medida que afecta al personal administrativo, técnico y laboral, excluyendo al docente y sanitario, por lo que afectaría a unas 45.000 personas. Pero luego dice que la instrucción inspirará al resto de personal, por lo que terminará afectando a los más de 200.000 empleados públicos”, critica Joan Maria Sentís, coordinador del Área Pública de CCOO de Cataluña.

Más agravios comparativos

Los agravios siguen: la Generalitat podrá decidir cuándo deben hacer vacaciones sus empleados durante los próximos años, condicionando también los días de asuntos personales que tienen. Y eliminan los llamados permisos por deberes inexcusables para quien tiene a su cargo menores, ancianos o discapacitados, con el fin de poder conciliar mejor la vida laboral con la familiar. “Esos permisos ya no existen. Y los que tienen hijos pequeños a su cargo, ¿qué harán con ellos estos días en que están cerrados los colegios?”, se pregunta Esteve Sánchez. Los empleados que disfrutaban de esos permisos han de reincorporarse al trabajo con la fecha tope de 1 de junio, por lo que esos derechos quedan extinguidos desde este lunes.

Las medidas contenidas en la instrucción 5/2020 fueron llevadas a la mesa de negociación celebrada los días 18 y 19 de mayo, donde los sindicatos mantuvieron sus reticencias. Pero el Gobierno catalán hizo que el Procicat (Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña) las aprobase en su reunión del 20 de mayo y, cuatro días más tarde, sorprendía a los sindicatos con su difusión tomada “de manera unilateral” a través de la Secretaría de Administración y Función Pública. UGT la califica de “la instrucción más restrictiva de los últimos años. Lamentamos que esta Administración haya elaborado esta instrucción para hacer recaer sobre los trabajadores su propia incapacidad para gestionar los servicios públicos: en lugar de buscar soluciones eficientes y al mismo tiempo empáticas, se dedica a apretar a sus trabajadores”.

Foto: Torra pide a Sánchez diálogo "directo" y unitario con Japón por Nissan

CCOO, por su parte, planteó la reincorporación en los centros de trabajo priorizando la modalidad de trabajo no presencial, así como que haya “criterios homogéneos en los departamentos sobre las medidas de reorganización interna y flexibilidad horaria”.

En la instrucción de la Generalitat, se recoge, en efecto, que la prioridad en las primeras fases de la desescalada es el teletrabajo y calcula que en la fase 2 ya trabaje presencialmente un tercio de la plantilla, ya que se abrirán todas las oficinas de atención ciudadana. En la fase 3, se reincorporarán dos tercios, y en la fase de nueva normalidad, toda la plantilla. Sí establece que los empleados que tengan hijos menores de 14 años o que estén al cuidado de personas mayores o dependientes “tendrán preferencia en los sistemas de flexibilidad horaria, régimen de turnos o fijación de horarios especiales”, aunque si pertenecen a familias monoparentales, “prestarán servicios de teletrabajo en la modalidad de teletrabajo con las adaptaciones horarias que sean necesarias y, en caso de que esto no sea posible, podrán acogerse al permiso por conciliación”. Este permiso solo se concede cuando se demuestra que otro familiar no puede hacerse cargo de las obligaciones.

La Generalitat dispone también que se habilita la posibilidad “de adscribir temporalmente personal a otros órganos o unidades de refuerzo”, mediante una atribución temporal de funciones o “movilidad funcional”. Es aquí donde los representantes de los sindicatos ven el desbarajuste, ya que eso queda sujeto a la decisión de cada jefe de unidad. “Tal y como está escrita la instrucción, no hay un criterio fijo y no dice que es la Administración la que decide, sino que deja al albedrío de cada jefecillo de departamento o área el decidir sobre horarios y trabajos. Lo que queremos es que haya criterios homogéneos de la Generalitat y que las normas sean para todos igual, y no dejarlo al criterio de los jefes de departamento o unidad”, subraya Joan Maria Sentís.

El dirigente de CCOO señala que “lo que pretende el Gobierno es una serie de modificaciones por su cuenta que vulneran los derechos de los trabajadores”. Y Esteve Sánchez, por su parte, enfatiza: “En Cataluña no hay negociación colectiva. Aquí, el Govern impone el rodillo y tira adelante. En Madrid, hemos llegado a acuerdos incluso con el Gobierno del PP, pero aquí es imposible”.

Generalitat de Cataluña Quim Torra UGT Pandemia Funcionarios Cataluña Presupuestos Generales del Estado
El redactor recomienda