Una alcaldesa catalana denuncia a tres 'quitalazos' y sale del juicio como imputada

Ir a por lana y salir trasquilada. Eso es lo que le pasó a la alcaldesa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró, con una denuncia que presentó contra varios activistas antiindependentistas que trataron de descolgar una pancarta política de la fachada del ayuntamiento de esta localidad de la comarca del Maresme, al norte de Barcelona: entró en el juzgado como denunciante y salió como investigada.

Llauró se presentó en 2015 como número siete en la lista de Ara Vilassar-Acord Municipal (AV-AM), una candidatura avalada por ERC, y su meteórica carrera fue tan rápida que en las municipales de 2019 ya fue cabeza de lista de esa agrupación. Llauró, psicóloga de profesión, también forma parte de la agrupación local de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de la Plataforma per la Llengua. Desde que llegó hace casi 20 años a esta localidad, siempre ha participado activamente en la vida social, formando parte de distintos colectivos. Es militante de ERC desde 2017.

Una de sus primeras iniciativas como alcaldesa fue denunciar a tres ‘quitalazos’ que intentaron arrancar una pancarta con el lema ‘Libertad presos políticos’ de la fachada del ayuntamiento. Pancartas con lemas políticos o partidistas están prohibidas en las instituciones democráticas, ya que se supone que los edificios públicos deben mantener la neutralidad (así lo dictaminaron en varias ocasiones los tribunales de Justicia).

Los hechos que llevaron a la alcaldesa a ponerse bajo la lupa judicial tuvieron lugar el 28 de julio del año pasado: a las 2:15 de la madrugada, un grupo de constitucionalistas se acercó a la plaza del ayuntamiento e intentó descolgar la pancarta citada con una pértiga. En ese momento, se personó en el lugar una patrulla de la Guardia Urbana y varios de los activistas salieron corriendo, mientras que tres de ellos se quedaron allí y fueron identificados.

La sentencia recoge que “no consta probado quién realizó los actos materiales de descolgar la citada pancarta. No consta probado quién autorizó el establecimiento de dicha pancarta en el balcón municipal, ni cuándo se autorizó, ni con qué fondos se adquirió. No consta probado que el pleno del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt autorizara la adquisición de dicha pancarta, ni su colocación en el balcón municipal, ni que autorizara a la alcaldesa, la denunciante doña Carola Llauró, a presentar denuncia y comparecer en juicio por estos hechos”.

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Falta de legitimación

Lo cierto es que una de las primeras iniciativas de la flamante nueva alcaldesa fue acudir al juzgado el 2 de agosto para denunciar a los activistas constitucionalistas por daños. Pedía que tuviesen que “indemnizar al Ayuntamiento de Vilassar”. Llauró especificaba en su denuncia que intervenía en el pleito “no a título personal, sino como alcaldesa y que reclama los daños en nombre del ayuntamiento. Sin embargo, llama la atención que no haya aportado el acta del pleno del ayuntamiento autorizándola para denunciar los hechos y para comparecer en este juicio ratificando la denuncia y reclamando los daños. Por este hecho, cabe apreciar falta de legitimación activa de la señora Llauró en el presente juicio”, dice la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

La vista del juicio tuvo lugar el pasado mes de marzo. En él, se presentó una declaración de la alcaldesa en que decía que no sabía “cuándo se colgó la pancarta en el balcón del ayuntamiento, pero en todo caso fue antes de que ella fuera nombrada alcaldesa. Ha declarado también que no se acordó en ningún pleno del ayuntamiento la compra y colocación de la citada pancarta, que no sabe cuánto costó, ni sabe tampoco si se pagó con fondos del ayuntamiento. No ha aportado ningún acta del pleno del ayuntamiento en que se hubiese acordado una pancarta con el texto ‘Libertad presos políticos".

Llauró, en cambio, sí reconoció que la pancarta resultó tan dañada que no pudo volver a colgarse, por lo que “hubo de sustituirse por otra pancarta que compró el ayuntamiento, que costó 242 euros”. En otras palabras, la propia alcaldesa reconoció que el consistorio compró una pancarta que, desde el punto de vista legal, no podría colgarse en la fachada del edificio, ya que contenía una proclama política y partidista.

Una de las activistas identificadas manifestó en la vista que la intención del grupo era descolgar la pancarta “y devolverla doblada al ayuntamiento”, pero que solo pudo descolgarse de un lado, por lo que no resultó dañada.

Una pancarta "indebidamente colocada"

Las evasivas de la alcaldesa permiten a la jueza señalar en su sentencia que “en el presente caso, no consta acreditado que la pancarta dañada perteneciera a nadie en concreto. No consta que perteneciera al Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, porque no se ha aportado por la denunciante ningún acta del pleno del ayuntamiento autorizando la compra de dicha pancarta ni el destino de fondos públicos para su adquisición. De hecho, la propia denunciante ha manifestado que la compra y colocación de esa pancarta no se autorizó en ningún pleno del ayuntamiento, ignorando cuándo se colgó y quién lo autorizó. Por lo tanto, no resultando probado que dicha pancarta fuera un bien municipal, ni tampoco propiedad de ninguna persona en concreto, no podemos sino concluir que esa pancarta era una ‘res nullius’, es decir, un bien sin dueño, que alguien no identificado colocó en el balcón del ayuntamiento sin autorización legal para hacerlo”.

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También resalta la sentencia que nadie ha podido demostrar que las personas identificadas participaran activamente en la retirada de la pancarta o que sufriera daños, ya que ni siquiera la minuta policial habla de presuntos daños ni aporta fotografías. “Y aun cuando se considerasen acreditados dichos daños, no resulta probado que los denunciados tuvieran el dolo o intención de causarlos, sino que su intención era descolgar una pancarta indebidamente colocada en el balcón municipal”.

En el transcurso del juicio, tanto la defensa de los acusados como la Fiscalía pidieron que se deduzca testimonio a la alcaldesa por haber comprado una nueva pancarta con fondos públicos, “lo que podría ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos, al haberse destinado fondos públicos para la compra de un bien sin autorización del pleno del ayuntamiento para ello, siendo en tal caso la presunta autora de tales hechos la actual alcaldesa, doña Carola Llauró”. Esta apreciación fue recogida por la jueza, que ordena deducir testimonio por malversación contra la alcaldesa y su antecesor (que presuntamente compró la primera pancarta). El tiro, pues, le salió por la culata a la alcaldesa. No obstante, la magistrada denegó su imputación por denuncia falsa, tal y como pretendían Fiscalía y defensas.

La ley del embudo

No es la primera vez que Llauró pretende sacar rédito político de la situación. El 25 de octubre de 2018, el pleno municipal aprobó una resolución en la que apoyaba el posicionamiento del Parlament que instaba a las instituciones del Estado a garantizar la convivencia, la cohesión social y la libre expresión de la pluralidad política, reprobando “los actos represivos contra la ciudadanía y condenando las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución”. Deslizaba también un punto ‘caliente’: “Rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017”.

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El abogado del Estado interpuso un pleito contencioso-administrativo contra la resolución y el 19 de mayo del año pasado, en la recta final de la campaña municipal, los tres partidos independentistas de Vilassar de Dalt (AV-AM, CUP y Junts per Catalunya) firmaron un manifiesto conjunto denunciando la falta de libertad de expresión. Uno de sus puntos decía textualmente: “Lamentamos que la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno central, es decir, del Gobierno del PSOE, siga en esta línea de judicialización del conflicto, cosa que choca con la pretendida priorización del diálogo como herramienta básica para resolver los conflictos políticos”. Dos meses más tarde, era Llauró, una de las firmantes de ese manifiesto, la que acudía a los tribunales y se arrogaba la representatividad de una institución para judicializar aún más un conflicto ciudadano que creaba crispación en las calles y provocaba incluso enfrentamientos físicos entre ciudadanos.