LA CORRUPCIÓN ACECHA A LA POSCONVERGENCIA

Sant Cugat reclama a JxCAT el dinero que robó CDC y el Parlament le saca los colores

El Parlament aprobará una declaración institucional contra la corrupción basada en la sentencia del Supremo por el caso Palau, que afecta directamente a los posconvergentes

Foto: El entonces 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), saluda al expresidente Jordi Pujol (2d), en una imagen de 2017. (EFE)
El entonces 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), saluda al expresidente Jordi Pujol (2d), en una imagen de 2017. (EFE)
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Junts per Catalunya (JxCAT), la formación que lidera y controla desde Waterloo Carles Puigdemont, no pasa por sus mejores momentos. A los graves problemas que tiene con ERC, su socio de gobierno en Cataluña, se suman ahora temas surgidos de los 'marrones' que Convergència (CDC), el partido 'madre', tenía en el armario, sobre todo los vinculados con la corrupción, además de otros derivados del posicionamiento ideológico de algunos 'barones posconvergentes'.

Por un lado, el Ayuntamiento de Sant Cugat exige que este partido, como heredero de CDC, pague lo que los convergentes robaron hace años y, por otro, el Parlamento catalán aprobará una declaración institucional contra la corrupción basada en la sentencia del Supremo por el caso Palau, que afecta directamente a los 'posconvergentes'.

Este lunes, el exdiputado republicano Joan Tardà se enzarzaba en las redes sociales con sus socios de Govern porque JxCAT presentó las conclusiones de la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 (una comisión parlamentaria formada solo por independentistas, lo que, de entrada, arroja serias dudas sobre su neutralidad ideológica). Y tanto la diputada Gemma Geis como el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, proponían reprobar a los "ideólogos del 155", proponiendo que el Parlamento catalán repruebe a Felipe VI, a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez.

Inmediatamente, Tardà saltó a la palestra: "La hipocresía y demagogia de JxCAT no tiene parangón. Reclama que el Parlament repruebe al PSOE del 155 después de haber pactado con el PSC la Diputación de Barcelona. Solo tienen un objetivo: debilitar a ERC. Pero no lo lograrán".

A la misma hora en que Tardà se peleaba en las redes, el Ayuntamiento de Sant Cugat (siempre en manos de Convergència hasta las últimas municipales) aprobaba en su pleno una moción en la que reclama el dinero que robó CDC de las arcas municipales.

El consistorio de esta localidad, que en algunos 'rankings' está considerado el municipio más rico de Cataluña, está gobernado por ERC, a quien apoyan PSC y la CUP. Además, la gestión de las dos últimas legislaturas está siendo investigada tras descubrirse presuntas irregularidades.

Responsabilidades políticas

La moción recuerda que se acaba de ratificar por el Supremo la sentencia del caso Palau, según la cual un pabellón deportivo de Sant Cugat fue adjudicado por 4,2 millones de euros a la empresa Ferrovial, que pagó el 4% de euros de comisión ilegal al Palau de la Música. La ‘mordida’ se elevó, en este caso, a 167.000 euros, de los que 104.000 fueron a CDC y el resto se lo embolsó el corrupto Fèlix Millet.

El texto aprobado recuerda que la formación convergente no asumió ninguna responsabilidad económica y reclama, así, no solo “condenar la corrupción en todas sus formas”, sino que insta al ayuntamiento a recuperar "los sobrecostes en la adjudicación del pabellón municipal y en otras adjudicaciones de obra pública". "Exigir también a las formaciones políticas que han sucedido a CDC, es decir, al PDeCAT y a JxCAT, que asuman las responsabilidades económicas que de derivan se la sentencia en relación con la adjudicación del pabellón, de manera solidaria, y que se retorne a las arcas públicas la cantidad abonada por la comisión en la suma de 167.040,76 euros".

Por si fuera poco, se exige "la asunción de responsabilidades políticas de todos los concejales de Sant Cugat de CDC en el periodo afectado hasta 2009 y pedir sus correspondientes dimisiones de las responsabilidades políticas que estén ocupando en estos momentos". Esta petición, un auténtico misil a la línea de flotación de JxCAT, afecta directamente a dos actuales consejeros: Jordi Puigneró y Damià Calvet.

El primero fue, desde 2003, jefe de gabinete del alcalde de la localidad, Lluís Recoder, para pasar luego a concejal dos años más tarde y acabar siendo segundo teniente de alcalde de Gobernación, Seguridad, Movilidad y Tecnología. Calvet, por su parte, fue teniente de alcalde de Urbanismo, Economía y Hacienda entre 2015 y 2018. Durante el momento de la adjudicación, era director general de Arquitectura y Vivienda en la Generalitat. Las responsabilidades podían alcanzar también a la presidenta del puerto, Mercè Conesa, y a la actual vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, Carmela Fortuny, exalcaldesas de Sant Cugat.

El texto aprobado recuerda que la formación convergente no asumió ninguna responsabilidad económica e insta a recuperar "los sobrecostes"

De hecho, esta iniciativa ya había sido solicitada por el grupo municipal de Ciudadanos el pasado 4 de mayo, aunque luego fue el equipo de gobierno quien la llevó al pleno. Ciudadanos, este lunes, propuso recoger con nombres y apellidos los cargos que deberían presentar su dimisión, pero faltaba comprobar el listado de actuales dirigentes en cargos públicos para incluirlos en la moción, por lo que se desechó, de momento, esa relación de personajes, según explicaron fuentes municipales a este diario.

'Marrones' en el armario

Pero los 'marrones' dentro del armario de Sant Cugat van mucho más allá: el año pasado, se descubrió que las cuentas del ayuntamiento más rico de Cataluña eran un desastre. Facturas desaparecidas, adjudicaciones sin concurso, pagos extraños a empresas… En principio, se descubrió que el ‘agujero económico’ se elevaba hasta 1,4 millones. Hace pocas semanas, esta cifra quedaba pulverizada: ya van por siete los millones de euros evaporados.

La guerra en Sant Cugat agrió las relaciones entre JxCAT y ERC, hasta el punto de que Fiscalía se metió por medio y actualmente existe una investigación abierta. Sin ir más lejos, la pasada semana, los Mossos d'Esquadra se presentaron en las dependencias municipales por orden del fiscal para requerir documentación sobre las adjudicaciones de la grúa municipal, cuyas facturas y contratos habían desaparecido misteriosamente. Otro misterio en esta ciudad satélite de Barcelona.

Declaración institucional en el Parlament

Para redondear la jornada aciaga de JxCAT, sus dirigentes mantuvieron un lunes frenético intentando paralizar una declaración institucional del Parlamento catalán que, tras la sentencia del caso Palau, vuelve a agitar los fantasmas de la corrupción de Convergència y sus herederos. Los comunes fueron quienes presentaron a finales de la pasada semana un documento para la declaración institucional, al que enseguida apoyaron PSC y la CUP, según ha podido saber El Confidencial. ERC, Ciudadanos y PP no tendrán problema en apoyar la declaración. La intención es aprobarla en el pleno de este jueves.

En ella, se asume que Convergència cobró comisiones ilegales y se llama a condenar firmemente la corrupción. JxCAT eliminó un párrafo y quiso eliminar del texto el nombre de Convergència. “Lo que quieren es dulcificar el texto para poder asumirlo sin problemas”, dice un diputado de la oposición a este diario. “Comprendemos que JxCAT sea refractaria a firmar un pacto contra la corrupción, pero es lo que hay”, subraya otro diputado.

En su texto, el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala: “Recientemente, hemos conocido la condena del Tribunal Supremo a CDC por financiarse ilegalmente a través del Palau de la Música y que obliga a devolver los 6,6 millones de euros expoliados. Es necesaria una condena del Parlament ante estos hechos y un compromiso sólido contra estas prácticas que han caracterizado una manera de hacer política y un determinado momento histórico. Rechazamos con contundencia los hechos y las prácticas condenados y exigimos a CDC la rápida devolución de los 6,6 millones de euros expoliados de las arcas públicas”. Inapelable, pues.

El texto asume que CDC cobró comisiones. JxCAT eliminó un párrafo y quiso eliminar del documento el nombre de Convergència

Se pretende que esta sea una declaración institucional, por lo que ningún grupo puede quedar fuera de la firma. La situación de JxCAT es delicada, según aseguran en la oposición, no solo por el caso Palau.

"JxCAT tiene encima de la mesa el caso de corrupción de Laura Borràs, su portavoz en el Congreso [se investigan adjudicaciones irregulares a un amigo suyo por 240.000 euros mientras presidía ese organismo]. Además, en Sant Cugat, tiene pendiente no solo el tema de las cuentas y los gastos sospechosos en la última década, sino otro tema de corrupción relacionado con una obra de promoción de vivienda pública que fue adjudicada en 2015 a la empresa Teyco", propiedad de la familia Sumarroca, una de las más beneficiadas por la obra pública durante el pujolismo, y por la que el ayuntamiento está siendo investigado en el marco del sumario del 3%.

Curiosamente, ese sumario fue abierto con motivo de una denuncia de Montserrat Gasull, concejala de ERC en el Ayuntamiento de El Vendrell. La concejala, fallecida en 2017 tras una larga enfermedad, abandonó las filas republicanas quejándose del nulo apoyo de Esquerra a los denunciantes de la corrupción.

De lo que no cabe duda es de que JxCAT está entre la espada y la pared: si dinamita la declaración institucional del Parlament, su compromiso contra la corrupción queda en entredicho. Y si asume que Convergència delinquió, ha de asumir al mismo tiempo el legado envenenado del partido de Jordi Pujol. No hay término medio.

Cataluña

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