La Generalitat derrochó millones de euros reforzando 'estructuras de Estado' inútiles

Durante los meses previos al referéndum del 1 de octubre, el Gobierno catalán reforzó instancias de la Generalitat susceptibles de convertirse en 'estructuras de Estado'. La principal preocupación de los jerarcas del independentismo era tener preparadas algunas estructuras que pudiesen suplir la legalidad vigente en el momento de la ruptura con España y comenzar un proceso constituyente que desembocase a corto plazo en la República Catalana.

Un informe aprobado por la Sindicatura de Cuentas sobre 'Empresas públicas, Consorcios, Fundaciones y Entidades Autónomas no administrativas de la Generalitat. Análisis de las cuentas. Ejercicio 2017' así lo evidencia. Este informe, aprobado por la entidad pública, se discutirá próximamente en el Parlamento catalán. En él se detallan los balances y la situación de cada uno de los organismos autónomos del Gobierno catalán, así como las entidades en las que participa. Y, sobre todo, compara los números de los ejercicios de 2016 y 2017, lo que permite observar hacia dónde se encaminaban los esfuerzos del Govern que entonces presidía Carles Puigdemont.

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) fue la gran estrella de ese periodo. En cierto modo, el independentismo se abonó a la teoría de que si el Govern lograba recaudar todos los impuestos a través de esa agencia la independencia sería inevitable, ya que se podía financiar la separación de España. De ese modo, su presupuesto se disparó del 2016 al 2017, pasando de 35,8 a 93,3 millones de euros. Y fue la estructura de estado que más empleo creó: pasó de 400 a 698 empleados. El gasto en salarios subió de 15,3 a 21,1 millones de euros.

La acción internacional tuvo también su importancia: eran las fechas en que el independentismo trataba infructuosamente de lograr aliados en el extranjero. Pagaba a periodistas para que hablasen bien de Cataluña y dijesen que España la oprimía, intentaban entrevistas y reuniones a altos niveles con Gobiernos extranjeros o con instituciones internacionales o, simplemente, pagaban a 'lobbies' y 'thinks tanks' para conseguir que alguien, por insignificante que fuese en una Administración, se posicionase a favor de Cataluña.

La actividad internacional

En este campo, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) casi duplicó su presupuesto, al pasar de 9,3 a 17,4 millones de euros, aunque oficialmente consta que bajó su personal de 49 a 46 personas. El gasto en salarios también bajó: pasó de 2.145.000 euros a 1.995.000 euros, por lo que el ahorro en sueldos y la inyección en ingresos fue para el fomento de actividades en el exterior: en ese cometido se 'fundieron' 15,4 millones de euros. En esta cifra no están contabilizados los pagos millonarios efectuados por la propia estructura de la Generalitat a entidades de presión, como Independent Diplomat, sufragada tanto por fondos a través de las 'embajadas' como desde Presidencia de la Generalitat (algunas cuentas corrientes de las 'embajadas' eran controladas directamente desde Barcelona). Tampoco constan todos los pagos realizados a otro 'lobbie', The Hague Centre for Strategic Studies, que recibió dinero por varios conductos.

Paralelamente, el Diplocat, el organismo del que dependían las 'embajadas', aumentaba su personal de 15 a 18 personas. Pero la realidad no era tan plana: el personal que engrosaba las nóminas de las 'embajadas', así como los asesores que se utilizaban, recibían sus salarios de otros departamentos, por lo que se daba la impresión de que en ese terreno no se movía nada cuando se estaban dedicando millones de euros para conseguir 'amigos' en el exterior que pudiesen, en un momento determinado, reclamar la independencia de Cataluña. Los balances que constan en el informe de la Sindicatura dejan su balance en el aire: aunque oficialmente el presupuesto del Diplocat bajó de 2,6 a 2,3 millones entre 2016 y 2017, no consta el presupuesto definitivo que tuvo este organismo en el año del referéndum, Ello se debe a que tras la aplicación del 155, el Diplocat fue congelado y dejó de tener operatividad.

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Europa Press

En esta 'guerra', las telecomunicaciones jugaron también un papel importante. Así, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) vio cómo su presupuesto se disparaba de 369 millones a casi 402 millones. Este organismo era el que amparaba el Cesicat (que debía ser el núcleo de los nuevos servicios de inteligencia en una Cataluña independiente). El personal del CTTI pasó de 248 a 264 personas, que debían garantizar la seguridad de las telecomunicaciones y, sobre todo, que el referéndum y el recuento de votos se pudiesen llevar a cabo. Los casi 40 millones de euros adicionales eran un aval para que estas previsiones se cumpliesen. En cambio, el personal del Cesicat en ese ejercicio aumentó en solo una persona (de 23 a 24 empleados), aunque los gastos de personal en este pequeño núcleo pasaron de 1.581.000 euros a 1.761.000 euros.

Tres empresas con problemas

A 31 de diciembre de 2017, la Generalitat tenía dos entidades autónomas de carácter mercantil: la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat (Eadop) y la Entidad Autónoma de Juego y Apuestas (Eaja). Al margen, tenía el 100% del capital de 44 entidades de derecho público, entre ellas la Agencia Catalana del Agua (Aca), el Instituto Catalán de la Energía (Icaen) o el Instituto Catalán del Suelo (Incasol). En sus balances constaban también 27 empresas mercantiles (entre ellas, Infraestructures.cat, la empresa que gestiona toda la obra pública de Cataluña), de las que 14 estaban controladas al 100% por el Govern y en el resto dominaba con un porcentaje del capital social. Por si fuera poco, estaba presente en 60 consorcios, de los que tenía la mayoría directamente en 46 y dominaba de forma indirecta en otros 11. Y participaba en 34 Fundaciones, en 30 de las cuales lo hacía de forma directa y en cuatro tenía participación de forma indirecta.

El informe de la Sindicatura señala que al final del ejercicio de 2017, diez entidades de derecho público, una sociedad mercantil, 12 consorcios y seis Fundaciones tenían fondos propios negativos. En ese ejercicio, había tres sociedades mercantiles con un patrimonio neto inferior a la mitad de su capital social. El texto recuerda que "los artículos 327 y 363.1 del Real Decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio establecen la obligatoriedad de reducir capital si el patrimonio neto es inferior a las dos terceras partes del capital, y de disolver la sociedad si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, salvo que la sociedad lo aumente o lo reduzca en la cantidad necesaria o que no sea procedente solicitar concurso de acreedores".

En el texto detalla que las sociedades en riesgo de desaparecer eran F2000, Intracat y Vallter SA. "Intracat y Vallter no habían restablecido el equilibrio patrimonial en el ejercicio de 2018, aunque manifestaban que tenían el apoyo financiero de los accionistas. F2000 [la sociedad que gestiona Fira de Barcelona, que depende de la consejería de Economía] lo restableció en el ejercicio de 2018", dice el informe. Intracat, que depende de Presidencia, se dedica a gestionar servicios y actividades de comunicación y es la propietaria de la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Y Vallter, de la que el Govern tiene el 68,39%, se dedica a explotar la estación de esquí Vallter 2000. Aun así, el informe es muy claro al señalar que "los resultados negativos constantes en el tiempo cuestionan la viabilidad y la capacidad de algunas entidades para sobrevivir sin subvenciones o aportaciones públicas".