QUIERE HACER DESAPARECER 5 M de sanciones

Torra planea un choque de instituciones para controlar las multas a la ANC

Ha encargado un dictamen al CGE con el fin de que sea el que dirima quién ha de dictar las denuncias de la patronal catalana contra la ANC por la campaña de 'Consumo estratégico’'

Foto: Foto distribuida por el departamento de la Presidencia del 'president' Quim Torra. (EFE)
Foto distribuida por el departamento de la Presidencia del 'president' Quim Torra. (EFE)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiere quitar competencias al Estado para eliminar las multas que las autoridades puedan poner a la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Para ello, ha encargado un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) con el fin de que este organismo sea el que dirima quién ha de dictar las denuncias de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, contra la ANC con motivo de haber puesto en marcha una campaña de ‘consumo estratégico’ (apoyada desde una página web) cuyo fin último parecía ser hacer boicot a productos y empresas españoles.

La iniciativa de Torra fue aprobada en la reunión del Govern de este martes. Según la Generalitat, este es “un paso previo para el planteamiento de un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, después de no haber recibido respuesta por parte del Estado sobre el requerimiento de incompetencia presentado el pasado 15 de abril”. Lo que pide la Generalitat es que sea la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) la que lleve el asunto, y no la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esa agencia depende de la Generalitat y su director general es Marc Realp, fichado por Torra en 2016.

Lo que pide la Generalitat es que sea la Autoridad Catalana de la Competencia la que lleve el asunto, y no la CNMC. Esa agencia depende de la Generalitat

En otras palabras, el presidente catalán va hacia el choque institucional para controlar los expedientes de la ANC, que en realidad ha sido la herramienta utilizada por los partidos políticos independentistas y por el propio Govern para manejar y movilizar las calles de Cataluña en favor del ‘procés’. La decisión de Torra no es baladí: las multas a la ANC por sus malas artes le pueden suponer desde unos pocos cientos de miles de euros hasta casi cinco millones (dependiendo de a cuántas personas de la cúpula de la ANC se involucre en el tema). Con la ACCO controlando el expediente, Torra tiene una herramienta política para suavizar el tema y evitar las sanciones a los ‘amigos’ del Govern.

Hay, sin embargo, dos motivos para que la CNMC asuma el caso. El primero es que en este pleito se involucran empresas cuyo ámbito de actuación excede de Cataluña y sus efectos se pueden notar fuera del ámbito territorial catalán, por lo que la CNMC sería el instrumento idóneo para dirimir la cuestión, ya que la ACCO no tiene autoridad fuera de Cataluña. Y, en segundo lugar, hay otro dato a tener en cuenta: la CNMC abrió investigación de oficio el pasado mes de septiembre, según comunicó el abogado de Fomento al tribunal mercantil que entiende el caso. Curiosamente, no ha sido hasta ahora cuando el Govern y la ANC se movilizan. Y, como el tiempo apremia, han optado por la confrontación institucional como método de paralizar la investigación.

Una campaña para premiar a empresas 'indepes'

El conflicto comenzó en noviembre de 2018, cuando la ANC puso en marcha una campaña en la que supuestamente quería fomentar el ‘consumo estratégico’. Pero las malas artes de la organización quedaron meridianamente claras cuando se desvelaron los objetivos de la iniciativa: que los catalanes comprasen solo a empresas “comprometidas con la economía de Cataluña y la creación de la república”. En vez de una campaña de consumo, pues, era una campaña política. El propio Govern reconoce también en sus documentos internos que la campaña “promovía la contratación de bienes y servicios a empresas afines a la causa independentista”. De ese modo, reconoce explícitamente la politización de la campaña, alejada de sus objetivos consumistas.

En julio de 2019, la patronal catalana denunció a la ANC ante la Administración. Por un lado, interpuso una denuncia en la ACCO, ante la que pedía la retirada de la web y que se impusiese una multa de 60.000 euros a cada uno de los representantes legales de la ANC en la campaña. Pero, por otro lado, en septiembre interpuso una denuncia ante el juzgado mercantil número 11 de Barcelona, en la que acusaba a la organización separatista de atentar contra la libre competencia, entre otras cosas. El juzgado determinó poco después aplicar medidas cautelares: cerró la web de la ANC y le prohibió desarrollar la campaña de ‘Consumo estratégico’. Días más tarde, el independentismo clonó la web de ‘Consum Estrategic’ en otra web llamada consumeticcatala.com y siguió difundiendo los mismos mensajes, burlando la sentencia judicial y las medidas cautelares aplicadas. Todavía no hay sentencia sobre el caso.

Pero ahora la ANC pasa al ataque y dice que las acciones de Fomento “son un ataque al consumo responsable y de proximidad y representan una clara vulneración a la libertad de expresión de la ANC”. Además, liga la situación actual de crisis sanitaria con su iniciativa (a pesar de que cuando puso en marcha la campaña, al coronavirus ni siquiera se lo conocía) y retuerce los argumentos para adaptarlos a su discurso: “La situación que vive hoy el país pone más en evidencia la gravedad de la denuncia de Fomento del Trabajo ante la necesidad de defender y promover la producción y el consumo locales para superar la crisis generada por el covid-19 en la economía catalana”. Claro que obvia que Fomento presentó la denuncia seis meses antes de la crisis del coronavirus.

Informe jurídico de Torra

De momento, Torra cuenta con un informe de sus servicios jurídicos que dice que el expediente contra la ANC tiene que ser asumido por la ACCO “según el artículo 154 del Estatuto de Autonomía” y no por la CNMC, como acordó este organismo. “Según la norma estatutaria, es la Administración catalana quien tiene reconocidas las competencias en materia de promoción y defensa de la competencia y del mercado interior en el ejercicio de las actividades económicas que tengan lugar en el ámbito territorial de Cataluña”, dice la Generalitat. Con ese informe y el argumento sólido asociado, la confrontación está servida.

La ANC, por su parte, lleva el asunto al terreno político y victimiza la situación. Afirma, así, que “se evidencia que el Estado español quiere ignorar, una vez más, las competencias de la Generalitat para poder castigar ejemplarmente a la ANC”. La organización enseña del independentismo asegura que “a través de la vía administrativa, el Estado español intenta poder quedarse la demanda que Fomento del Trabajo presentó ante la ACCO para asegurarse una resolución en contra de la Asamblea en una muestra más de represión económica que busca acabar con las entidades independentistas”.

Se da la circunstancia de que, hace pocos días, Fomento del Trabajo denunció ante la CNMC la existencia de otra web que promueve el boicot a productos catalanes durante la crisis del covid-19. La intención de la misma era expulsar a las empresas catalanas del mercado, por lo que puede incurrir en competencia desleal y falseamiento de la libre competencia. Esta web, no obstante, ha sido ya desactivada.

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