La CUP va a los tribunales para poder manifestarse durante el estado de alarma

El abogado y exdiputado de la CUP Benet Salellas interpuso este miércoles un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para poder celebrar una manifestación este viernes 24 de abril a las puertas del Parlamento catalán, mientras dentro se aprueban los Presupuestos de la Generalitat para el año 2020.

Lucha Internacionalista, uno de los partidos que componen la CUP, había solicitado los permisos correspondientes a la Consejería de Interior de la Generalitat, pero esta denegó los permisos aduciendo la vigencia del decreto de alarma con motivo de la pandemia de coronavirus. Los cuperos rechazan estos presupuestos, razón por la cual JxCAT y ERC tuvieron que negociar el apoyo de los comunes a las cuentas de la Generalitat para este ejercicio.

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Este martes, el consejero Miquel Buch prohibió la manifestación. “De conformidad con los acuerdos adoptados por el Gobierno de la Generalitat y las restricciones de la libertad de circulación de las personas aprobadas por el Gobierno del Estado (Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y el Real Decreto 487/2020) el derecho de reunión no se podrá ejercer mientras dure el estado de alarma”, decía el escrito de la Generalitat.

El abogado Benet Salellas rechaza la argumentación de Interior y reivindica el derecho a celebrar una manifestación en plena pandemia

El abogado Benet Salellas rechaza esa argumentación y reivindica el derecho a celebrar una manifestación en plena pandemia. "El hecho de que se haya declarado el estado de alarma no provoca la suspensión directa y total del derecho de reunión. Por tanto, la concentración prohibida por parte de la Administración ha de poder celebrarse, si bien atendiendo a la casuística concreta en que nos encontramos desde las últimas semanas a raíz de la crisis sanitaria del covid-19", dice en el escrito al TSJC.

La casuística a la que se refiere queda condensada en un párrafo donde acepta cuatro condiciones para la celebración de la protesta: "Limitar la concentración a alrededor de unas 30 personas, todas ellas representantes de las entidades y organizaciones participantes en la concentración; no realizar una convocatoria pública de la concentración; respetar en todo momento la distancia de seguridad entre los participantes en la concentración, y mantener las medidas de seguridad higiénicas idóneas entre los participantes de la concentración (uso de mascarillas, uso de guantes, etc.)".

"Es más peligroso ir en autobús"

Porque, conscientes de que la situación es excepcional, la protesta también pretende serlo. Sus promotores adujeron ante la Consejería de Interior las limitaciones que estaban dispuestos a asumir. "Para empezar, no haremos convocatoria pública. Además, no hemos solicitado una hora determinada para impedir que vaya gente y haya aglomeraciones. La discusión y aprobación de los Presupuestos es por la tarde y pretendemos limitar el número de asistentes a una treintena de personas, que son representantes de entidades y colectivos que apoyan esta protesta", explica a El Confidencial Pedro Mercadé, portavoz de Lucha Internacionalista.

Mercadé también señala que "la explanada delante del Parlament es un lugar lo suficientemente amplio como para no poner en peligro la seguridad de los asistentes. Es más peligroso ir a trabajar 30 personas metidas en un autobús o en un vagón de metro que la asistencia a una manifestación como la que proponemos".

La idea de la protesta ya viene de hace meses. "De hecho, nosotros propusimos movilizaciones y protestas dentro de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y en la plataforma Aturem la Llei Aragonès [Paremos la Ley Aragonès]", subraya Mercadé. Esta plataforma hace referencia a la ley de acompañamiento presupuestaria presentada por el vicepresidente catalán, Pere Aragonès. En esta última plataforma, participan un centenar de asociaciones, organizaciones sindicales y entidades cívicas. El estallido de la crisis de la pandemia truncó la cadena de manifestaciones y protestas públicas contra los Presupuestos del Govern.

Pero los promotores de la manifestación echan mano de argumentos jurídicos para reivindicar el acto ante las puertas del Parlament de este viernes. Salellas afirma que la Ley Orgánica 4/1981 que regula el estado de alarma "solo limita la circulación de personas o vehículos en horas y lugares determinados, practica requisas temporales de todo tipo de bienes e impone prestaciones personales obligatorias, puede ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres o locales, limita o raciona el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad e imparte órdenes para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, pero en ningún caso se prevé que el estado de alarma pueda suspender el derecho fundamental de reunión recogido en el artículo 21 de la Constitución".

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En su escrito, aduce también en otro párrafo que el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo "en ningún caso decreta que no se pueda ejercer el derecho de reunión durante el transcurso del estado de alarma, en contraposición con la respuesta efectuada por parte del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña".

Añade, por si fuera poco, que "si nos atenemos a las actividades concretas que actualmente se encuentran limitadas, el Real Decreto 463/2020 dispone por medio de anexo la relación de equipamientos y actividades de obertura pública que quedan suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 del citado decreto. En el listado, se incluye la prohibición de realizar 'manifestaciones folclóricas'. En este sentido, quien suscribe quiere poner énfasis en que la concentración que ha sido objeto de prohibición, en ningún caso podía concebirse como una concentración folclórica, puesto que se trata de una concentración de carácter eminentemente político, al tratarse de una concentración de rechazo y protesta por el contenido de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2020 convocada por agentes políticos y sociales en defensa de los servicios públicos".

El asunto está ahora en manos del TSJC, que debe decidir si atiende a los razonamientos planteados por Lucha Internacionalista o los de Buch

El abogado alude también a una resolución del TC alemán del 15 de abril en que, ante la prohibición de manifestaciones en la ciudad de Giessen por la pandemia, interpreta que "estas medidas no pueden derogar 'de facto' el artículo 8 de la Constitución alemana, que recoge el derecho de todos los ciudadanos a reunirse pacíficamente y sin armas".

Mercadé subraya a este diario que "aun siendo diferentes constituciones y distintos Estados, lo que se viene a pedir es que los derechos fundamentales deben ser preservados en todas partes". El tema está ahora en manos del TSJC, que debe dictaminar si atiende a los razonamientos planteados por Lucha Internacionalista o mantiene la prohibición anunciada por la Consejería de Interior, interpretando que el estado de alarma también suspende el derecho de realizar manifestaciones.