Descubren 7M gastados sin control en el municipio más rico de Cataluña

El pasado 3 de marzo, los responsables de Ciudadanos presentaban en la Fiscalía una ampliación de una denuncia que ya habían interpuesto el pasado verano sobre gastos incontrolados en el municipio de Sant Cugat. En aquel momento, los responsables del partido naranja habían descubierto que más de 1,4 millones de euros en gastos desde el 2017 al 2019 no estaban justificados. Y la nueva alcaldesa, la republicana Mireia Ingla, anunciaba que también ponía a disposición de la Fiscalía y de los Mossos d’Esquadra "la documentación relativa a las irregularidades que ha detectado el interventor del ayuntamiento en las cuentas de 2018, porque Sant Cugat no se merece una gestión de dinero público que se salta la Ley de Contratos".

Hasta ese momento, el consistorio había estado en manos de CiU. Y su nombre había aparecido incluso en el sumario del Caso Palau, ya que la construcción de un pabellón polideportivo fue utilizada para desviar el 4% del presupuesto de esa obra en forma de comisiones ilegales que cobró Lluís Millet, el presidente del Palau, para luego pasar una parte de ese dinero a la Fundación de CDC.

Tanto Cs como Ingla cifraban en más de 1,4 M los gastos descontrolados desde 2017 a 2019

Tanto Ciudadanos como Ingla cifraban en más de 1,4 millones los gastos descontrolados desde 2017 a 2019. Para ello, fue fundamental un informe del interventor municipal, desvelado por El Confidencial. El cúmulo de irregularidades era brutal: facturas sin contabilizar, adjudicaciones a dedo, contratación de servicios sin control, renovación de autorizaciones sin que mediase papel alguno…

Pero eso parece que es solo una parte del desaguisado del pueblo que pasa por ser el más rico de Cataluña (algunos 'rankings' adjudican esa posición a Matadepera). Una investigación realizada por Ciudadanos los últimos meses, relativa a las cuentas de 2012 a 2014, multiplica por cinco la cantidad bajo sospecha y eleva a 7 los millones pagados irregularmente.

Reguero de irregularidades

"El grueso de dichos pagos se realizó a raíz de servicios u obras del Ayuntamiento de Sant Cugat, sin que conste que los mismos derivasen de expedientes de contratación vigentes, habiendo finalizado varios de ellos sin que se hubiese procedido durante meses e incluso años a su renovación o prórroga y, en otros varios, sin que ni siquiera conste expediente de contratación alguno", dice la ampliación de la denuncia presentada ante Fiscalía esta semana. El escrito va firmado por los concejales Aldo Ciprián y Munia Fernández-Jordán, que se han convertido en el azote del gobierno municipal durante las dos últimas legislaturas.

La dejadez municipal fue tal en estos años que, al finalizar las contratas, no se elaboraban nuevos procedimientos de concurso o de renovación de las mismas. "Sorprende que los servicios de mantenimiento de alumbrado o de limpieza de instalaciones públicas con las sociedades Clece y Citelum se basen en pagos continuados de contratos terminados y que vienen a prorrogarse por la vía de los hechos. Este tipo de patologías se reproduce en los gastos reconocidos a favor de Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez SL, la UTE Tecni Arbre, Gestió Cultural SCP y Teampartners SL", dice la denuncia.

Asimismo, señala el escrito que ha recibido la Fiscalía que "otro ejemplo paradigmático de lo aquí expuesto es la factura satisfecha por casi 300.000 euros por obras de adecuación del espacio de la Unió Santcugatenca en el que no existe expediente de contratación pública alguno y tampoco se conoce siquiera al contratista o contratistas". Para los concejales de Ciudadanos, que aportan documentación sobre el caso, los nuevos datos "constituyen pruebas e indicios más que suficientes de los posibles ilícitos criminales que se apuntaban en nuestra denuncia originaria".

Subrayan también la "reiteración de lo que parecía ser un 'modus operandi' consistente en la adjudicación absolutamente discrecional del gasto público en servicios y obras". Por si fuera poco, las irregularidades de esta Ayuntamiento salpican directamente a dos consejeros del actual Gobierno de Quim Torra. Se trata de Damià Calvet y de Jordi Puigneró. Ambos tuvieron responsabilidades en los sucesivos gobiernos municipales de Sant Cugat desde el inicio de los hechos.

Clece recibió 3,6 M en 2014 después de haber expirado las prórrogas para el mantenimiento del alumbrado público y para el servicio de limpieza

Según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial, la compañía Sorea cobró más de 710.000 euros en 2013 por los trabajos de mantenimiento de las cloacas sin que existiese expediente alguno para la licitación. La compañía TMA Sánchez cobró desde 2012 casi 320.000 euros para el tratamiento de residuos sin que haya expediente alguno. Clece recibió 3,6 millones en 2014 después de haber expirado las prórrogas para el mantenimiento del alumbrado público y para el servicio de limpieza de edificios municipales. Citelum Ibérica cobró ese mismo ejercicio más de 986.000 euros por el mantenimiento de los semáforos, tras finalizar las prórrogas de su contrato. Teampartners cobró más de 1,7 millones de 2012 a 2014 por la gestión de varias instalaciones deportivas, sin que existan expedientes de las adjudicaciones y tras certificarse que habían expirado las prórrogas de sus contratos. La UTE Tecni Arbre, por su parte, recibió más de 307.000 euros para los servicios de mantenimiento del arbolado y sin que mediase contrato firmado alguno o expediente administrativo. En total, hay casi 300 pagos realizados por el Ayuntamiento por obras o servicios de los que no existe constancia administrativa alguna de su contratación. De una parte significativa de estos pagos, ni siquiera existe factura, solo el asiento contable.

Visto bueno del interventor

Fuentes cercanas a los anteriores gobiernos locales admitieron a El Confidencial que puede haber algunas actuaciones poco diligentes. "Vaya por delante que no se trata de que desaparezca dinero o que alguien se haya hecho rico. Ninguno de los anteriores alcaldes, desde Lluís Recoder hasta Mercè Conesa [actual presidenta del Puerto de Barcelona] o Carmela Fortuny está bajo sospecha. Lo que ha habido es una gestión deficiente".

Ello se debe, según estas fuentes, a que "a veces no da tiempo a hacer los trámites pertinentes y por eso a veces se ha de renovar con urgencia un servicio sin que te dé tiempo a realizar todos los trámites administrativos, porque no te puedes quedar sin servicio de limpieza o sin luz pública". También echan mano de otro argumento más pragmático: "No se hizo nada en el municipio sin que lo hubiese firmado el interventor municipal o el secretario de turno. Incluso las partidas aprobadas en junta de gobierno local han de llevar su firma. Lo que olvidan algunos es que el político propone y el fedatario público da fe y ejecuta. Y aquí todo se hizo sabiéndolo los fedatarios".

Desde fuentes de la oposición, no obstante, replican que "la finalización de una contrata de luz o de basuras, por ejemplo, no es una cosa que se improvise. Tú sabes siempre cuándo acabará y debes ser diligente y realizar todos los trámites legales previstos en la ley para su renovación o para la convocatoria de un nuevo concurso".