La patata caliente de Omella que revoluciona un barrio 'bien' de Barcelona

El hasta ahora arzobispo de Barcelona, Juan Antonio Omella, se va a Madrid tras haber sido nombrado también presidente de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, en Barcelona sigue habiendo una ‘patata caliente’, un proyecto urbanístico en el selecto barrio de Les Corts: una manzana propiedad de la Iglesia que está destinada a albergar una residencia de la tercera edad. El proyecto lleva más de un lustro gestándose (los primeros permisos llegaron cuando era alcalde el convergente Xavier Trias) y negociándose, y el Ayuntamiento de Barcelona dio luz verde el pasado 31 de enero, con una exigua votación en pleno municipal. La residencia de ancianos en ese rincón privilegiado de Barcelona ya es casi una realidad. Pero el enfrentamiento con los vecinos también es otra realidad.

Los vecinos están en pie de guerra y reclaman al ayuntamiento y al Arzobispado de la Ciudad Condal que se sienten a negociar los flecos de ese proyecto urbanístico. “El plan especial del Arzobispado para Les Corts es un mal proyecto, con un impacto muy importante en el ámbito patrimonial, urbanístico, de movilidad y ecológico para el barrio. Somos conscientes de que es una propiedad privada y que tienen sus derechos, pero creemos que los políticos han de defender el patrimonio de esta finca catalogada ante los intereses de un privado y no buscar argumentos bajo las piedras para justificar el proyecto”, explican fuentes vecinales a El Confidencial.

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El proyecto inicial preveía una residencia de siete pisos y 115 habitaciones gestionada por una empresa privada, con poca incidencia en las fachadas, consideradas patrimonio y, por tanto, inalterables. Desde las entidades vecinales, se acusa a la Administración y al Arzobispado de pactar a sus espaldas un plan que no ha tenido en cuenta ni las limitaciones urbanísticas. A pesar de todo, cuando comenzó a gestarse el proyecto, según fuentes municipales, el plan cumplía con los condicionamientos legales y, por tanto, el ayuntamiento no podía negarse a dar los permisos pertinentes.

La cronología fatídica

El 6 de julio de 2017, la CUP y Ciudadanos presentaron en el pleno del distrito una propuesta para crear una comisión de trabajo sobre el proyecto aprovechando que se había pedido un cambio de usos. Hasta entonces, debía de ser una residencia de investigadores, pero a partir de entonces se empieza a hablar de una residencia para la tercera edad.

El 5 de diciembre de 2018, se aprueba en comisión la modificación del plan especial. “En el pleno de distrito de Les Corts de diciembre de 2018, ningún grupo municipal vota a favor de ese plan, ni siquiera el partido que estaba en el Gobierno. Es más, fue informado desfavorablemente, pero esa votación no es vinculante. A partir de ahí, hay un mutismo absoluto, hasta que el 31 de enero de 2020, el pleno del ayuntamiento aprueba el plan, votando a favor Barcelona en Comú, el PSC y Manuel Valls, con 20 votos a favor y 21 abstenciones. Aprobar un proyecto de esta importancia para el barrio de Les Corts con menos del 50% del apoyo es totalmente incoherente con los compromisos de Barcelona en Comú y, personalmente, de la alcaldesa Ada Colau”, critican fuentes vecinales.

Tanto entidades sociales del barrio como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) presentaron alegaciones contra el plan del Arzobispado, argumentando que la modificación del plan de usos de la manzana podía ser un pelotazo urbanístico de primera magnitud y que “el Arzobispado de Barcelona asegura que ha modificado el proyecto inicial, pero la realidad es que no ha respondido a ninguna de las peticiones de los vecinos”.

Además, insisten en que lo que comenzó siendo una residencia para curas pasó luego a residencia para investigadores y acabo siendo una residencia de ancianos gestionada por una empresa que tiene varios centros diseminados por toda Cataluña. Y añaden que alrededor de la manzana (el terreno de los obispos) hay unos jardines que, según los documentos oficiales, deben ser preservados y que, subrayan, "el plan previsto suprime en parte, lo que destruye una parte del patrimonio cultural del barrio". Y, por si fuera poco, los vecinos recuerdan que en el recinto de esa manzana solo se puede levantar “obra pía”, según los legados testamentarios del terreno en cuestión.

Aseguran las asociaciones que el proyecto inicial “se ha reducido mínimamente, pero la modificación principal se ha realizado en la ampliación de la misma residencia de sacerdotes, en un edificio ya existente, un aspecto al que nunca se han opuesto los vecinos”. Señalan, además, que el nuevo edificio “es un grave perjuicio urbanístico, ecológico y de movilidad para el barrio y sus vecinos”. Se quejan, además, de falta de diálogo entre las partes y de que el ayuntamiento y el Arzobispado negociaron a espaldas de los ciudadanos el proyecto.

Dos líneas estratégicas de los vecinos

En estos momentos, las entidades vecinales trabajan en dos estrategias: por un lado, preparando un contencioso que pare los proyectos del Arzobispado en la zona alta de Barcelona, y por otro lado, preparando actos de protesta en las calles, movilizando a las organizaciones sociales y a los vecinos del distrito. Se quejan los vecinos de que “el ayuntamiento prometió una comisión de seguimiento en cuanto el plan fuese aprobado, pero ha pasado un mes y no se han dirigido a nosotros todavía”.

Fuentes oficiales del ayuntamiento explican a El Confidencial que “a lo que el ayuntamiento se ha comprometido es a crear un espacio de seguimiento en cuanto se encare la redacción del proyecto. No se trata de una comisión formalmente formada, pero es algo parecido. Y en ese espacio es donde se deben recoger las dudas, temores o inquietudes de los vecinos. Pero, de momento, la redacción del proyecto no ha comenzado. En cuanto comience, ese espacio se pondrá en marcha, tal y como nos comprometimos”.

"En los últimos tres años, se han redactado hasta tres proyectos diferentes sobre el edificio porque los vecinos no estaban conformes"

Desde el Arzobispado, también explican a este diario que siempre ha habido diálogo. “Prueba de ello es que, en los últimos tres años, se han redactado hasta tres proyectos diferentes sobre el edificio porque los vecinos no estaban conformes. Se adaptó y se replanteó parcialmente el proyecto, disminuyendo el volumen en tres niveles y pasando de siete a cuatro plantas. El proceso de diálogo se respetó y se adaptó la oferta a las peticiones que nos hacían”, enfatizan desde el Arzobispado de Barcelona.

Un portavoz oficial del ayuntamiento coincide en esas apreciaciones. “Siempre ha habido un diálogo con las dos partes por parte del consistorio —explica ese portavoz—. Durante la elaboración del plan, hubo un diálogo largo y la prueba es que se hicieron cambios a raíz de las quejas de los vecinos. Ese diálogo continuó hasta que se llevó la redacción del plan a definitiva”.

Los vecinos afirman que “las últimas plantas se redujeron para que no se visualizasen desde la calle. Es decir, se redujo la superficie de los últimos pisos, pero siguen ahí. Y todo se coció a nuestras espaldas”. Y desde el Arzobispado se contesta que “al final, el proyecto reduce el volumen de forma notable y se armoniza todo el proyecto con lo que se aprobó en el ayuntamiento. Nosotros siempre hemos mantenido el dialogo y al mismo tiempo que hemos modificado hasta en tres ocasiones el proyecto, siempre hemos informado convenientemente a los equipos técnicos del ayuntamiento. Como en cualquier proceso negociador, por nuestra parte, hemos desistido de algunas de las construcciones”.

Además, señalan desde el Arzobispado que el proyecto “supondrá 150 plazas para la tercera edad en un barrio con un elevado déficit de ellas. Y no solo serán para sacerdotes retirados, sino también que estará abierta a otros ciudadanos. Se trata, pues, de un servicio del que se beneficia todo el barrio”.

Los vecinos aseguran: “No estamos en contra de que se haga una residencia en este espacio, pero consideramos que se puede hacer de otra manera. Queremos dejar claro que esto quiere ser una residencia privada, no para la gente del barrio, sino para quien se la pueda pagar. Se ha de hablar claro, no hay ningún convenio de concertación de plazas firmado. Si hacen el proyecto y no hay plazas concertadas, nadie podrá hacer nada. O si las hacen concertadas unos años para cumplir con el expediente y luego las convierten en privadas, tampoco se podrá hacer nada: el patrimonio ya estará destruido”. Sea como fuere, el arzobispo que lidió hasta ahora con el tema se va a Madrid, pero el problema persiste en las calles de Barcelona.