Una 'asociación amiga' de Colau se adjudicó 1,2 millones en contratos públicos

La guerra del agua de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vive esta semana un nuevo episodio. La alcaldesa está enfrentada con Agbar, la empresa que abastece de agua a toda la conurbación de Barcelona. La principal organización no gubernamental (ONG) para desacreditar a la compañía del agua es Enginyeria Sense Fronteres (ESF), que se embolsó desde 2015 más de 1.236.000 euros en contratos públicos municipales. Algunos de los trabajos anuales que ha realizado ESF son informes para desacreditar a Agbar, la empresa que abastece de agua a Barcelona. Ni la ONG ni el Ayuntamiento han contestado a las preguntas de este diario.

La intención de Colau y de su equipo, con el concejal del ramo al frente, Eloi Badia, es remunicipalizar la gestión del agua y controlar un negocio de miles de millones ahora en manos privadas. Badia, actual concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, proviene del activismo a favor de esas tesis y fue uno de los máximos responsables durante ocho años de Enginyeria Sense Fronteres (ESF). Dejó su cargo cuando fue nombrado concejal por Colau, para sustituir a Raimundo Viejo, elegido diputado en las elecciones generales. Con la ayuda de Badia, Colau comenzó una cruzada contra Agbar aunque hasta ahora con resultados exiguos: el Tribunal Supremo falló hace pocas semanas en su contra, admitiendo que la empresa mixta que gestiona el agua de Barcelona y toda su área metropolitana es legal.

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La Comisión Europea y el Parlamento Europeo declinaron la semana pasada investigar a Agbar. La comisión de peticiones estudió el tema después de recibir una denuncia de la plataforma Aigua és Vida, también próxima a Badia, que denunciaba la ilegalidad de la empresa mixta de gestión del agua y la concesión del contrato de gestión. Europa le dio calabazas: Dita Collinsova, representante comunitaria, recalcó que el Tribunal Supremo español ya ha dictado cuatro sentencias sobre la legalidad de la gestión del agua.

Un documental a medida

Pero el equipo de Gobierno de Barcelona sigue con la idea de remunicipalizar el agua como han hecho otros Ayuntamientos (Valladolid, del PSOE). El miércoles se presentó en Barcelona un documental con el título 'Agua turbia. El negocio de Agbar en México', producido por ESF y financiado con una beca de una ONG (LaFede.cat) a la que se provee precisamente de fondos públicos municipales.

En dicho acto, además del documental, participaron activistas catalanes y mexicanos. "Este proyecto aborda la violación de los derechos ejecutados por las empresas transnacionales en todo el mundo a través de un caso particular: Aguas de Barcelona (Agbar) en México (…) Queremos mostrar las violaciones de la soberanía local y del derecho humano al agua y al saneamiento reconocidas por las Naciones Unidas", decía el proyecto del documental. El cartel del acto de presentación del documental incorpora, pues, los logotipos de LaFede.cat, ESF, France Voice Report, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de Barcelona y la bandera europea.

ESF estuvo recibiendo durante tres años fondos públicos para elaborar anualmente un informe contra la compañía del agua que podía presentar la remunicipalización de la gestión como una consecuencia irreversible.

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Adjudicaciones

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, ESF recibió 40.000 euros de fondos municipales en 2013, con el convergente Xavier Trias de alcalde. Al año siguiente, recibió dos contratos: uno por un informe sobre la pobreza de 30.000 euros y otro por un informe de apoyo al barrio de Maxaquene de otros 80.000 euros. En 2015, Trias concedió un contrato a ESF de 30.000 euros, para un informe sobre cómo combatir la pobreza energética.

Pero tras la toma de posesión de Colau en el mes de junio, después de las vacaciones de verano se dispararon las adjudicaciones a esta plataforma: en el tercer trimestre de ese año, ESF ya recibió otro contrato de 70.000 euros. Y en el cuarto trimestre, otros tres informes más hasta totalizar en todo el ejercicio 241.437 euros en adjudicaciones municipales.

El año 2016 fue el más fecundo: con Eloi Badia ya en el consistorio, la plataforma activista del agua recibió contratos municipales por 321.920 euros. En 2017, los contratos públicos ascendieron a 245.675 euros; en 2018 fueron de 229.732 euros y en el 2019, los cuatro que se han contabilizado hasta el momento, suman 197.500 euros. En total, pues, durante el mandato de Colau, la ONG vinculada a su concejal del agua se embolsó la nada despreciable cifra de 1.236.264 euros.