El fiscal pide dos años de cárcel para el hombre que difundió la foto de la letrada del 20-S

La letrada de la administración de Justicia del Juzgado 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, lo pidió antes de que comenzara su declaración en el juicio del 'procés': no quería que su imagen se difundiera en los medios de comunicación. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, aceptó la solicitud, pero un hombre decidió que la prohibición no le afectaba y publicó la imagen de Del Toro en Twitter: "Esta señora que no quiere que la vean está en el BOE. Su nombre es doña X y DNI xxxxxxxx, además de su foto en las redes sociales". La Fiscalía pide ahora dos años de cárcel para él por un delito de obstrucción a la Justicia

La letrada se hizo un hueco en los medios de comunicación tras la manifestación del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía. Mientras miles de independentistas se concentraban a las puertas del edificio, ella acompañaba a la Guardia Civil en los registros que se practicaban en el interior, labor que se complicó cuando llegó el momento de abandonar el lugar: "Había tal aglomeración de gente delante de la puerta que no se podía garantizar la seguridad", explicó el 6 de marzo en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo. "Ni como persona ni como profesional podía admitirse ese tipo de salida".

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En su desesperación, que la llevó a plantearse una salida en helicóptero, acabó contactando con el titular del 13, el fallecido José Antonio Ramírez Sunyer, y le pidió auxilio: "Me tienes que sacar de aquí. No hay salida". El juzgado se puso entonces en contacto con el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y le exigió que sacara a la comisión en media hora. La única solución fue salir por el tejado. "Me dicen que en el edificio de 'conselleria', en la segunda planta, hay un acceso a una azotea que no es la azotea última pero que permite el acceso a la azotea del edificio contiguo, que es un teatro", explicó. "Me dijeron que aprovechando el final de una función, saldríamos mezclados con el público".

Su salida por la azotea acaparó titulares al día siguiente, una atención mediática que la convirtió en blanco de críticas por parte del independentismo. En vista de que su declaración como testigo en el juicio del 'procés' podía aumentar estos ataques, el tribunal acordó entonces que su imagen no se difundiera por la señal de vídeo, orden que no se cumplió en las redes sociales: "El acusado, movido por la finalidad de lograr la mayor difusión posible de la imagen y aspecto de quien en tal fecha estaba declarando en condición de testigo protegida para que la misma fuese objeto cuanto menos de insultos y escarnio tanto en redes sociales como en su vida privada, procedió a la publicación en la red social Twitter de [...] una fotografía de M", explica la Fiscalía.

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En el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona, el Ministerio Público acusa al sujeto de un delito de obstrucción a la Justicia, que castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel a "quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes" de un testigo "por su actuación en procedimiento judicial". En este caso, se piden dos años de prisión y 18 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros.

A este primer delito, la Fiscalía suma además uno de coacciones y solicita otros 20 meses de multa con la misma cuota: "El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados", establece el artículo 172.1 del Código Penal.