El PP se querella contra Quim Torra ante el TSJC por no renunciar al cargo de 'president'

El PP se ha querellado contra el 'president' Quim Torra por "empecinarse en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto". En el escrito que ha presentado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el partido sostiene que el líder independentista ha incurrido en un delito de usurpación de funciones por ignorar a la Junta Electoral Central, órgano que le inhabilitó como diputado del Parlament el pasado 3 de enero. Según afirma la formación, la pérdida del escaño "comporta automáticamente el cese como presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña", tesis que ahora tendrá que analizar el TSJC.

El PP apunta para ello al artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que "el presidente o presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros". A la vista de que Torra ha perdido su acta de diputado y sigue ejerciendo como 'president', la formación pone entonces sobre la mesa el artículo 402 del Código Penal: "El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial será castigado con la pena de prisión de uno a tres años".

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Apoyándose en estos dos artículos, el partido defiende que "la situación provocada por el querellado produce una grave perturbación del orden constitucional" y subraya que "no es un funcionario cualquiera". "La continuidad en la delictiva actuación del querellado, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como nación, y es gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe ponerse fin de inmediato a tan ilícito proceder", argumenta el partido.

Frente a esta acusación, Torra interpreta el Estatuto de forma distinta y argumenta que ser diputado era indispensable para la elegibilidad, pero no para seguir desempeñando el cargo. En otras palabras: considera que necesitaba el escaño para acceder al cargo de 'president', pero no para mantenerlo. La defensa de su continuidad se basa así en una versión parcial de la ley que está encontrando apoyo en Cataluña y rechazo en Madrid, tesis sobre la que ahora tendrá que pronunciarse el TSJC. El hecho de que sea este tribunal y no otro el que tenga que decidir también resulta paradójico: el PP presenta la querella ante el TSJC por la condición de aforado de la que goza como 'president', pero en su escrito descarta que Torra esté legitimado para el cargo.

La polémica vuelve al TSJC

La querella del PP es el último capítulo de una batalla que se remonta a diciembre, cuando el TSJC condenó al líder independentista a año y medio de inhabilitación por desobediencia, delito en el que incurrió al no retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat tras los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) en la campaña del 28-A. El 'president' recurrió la sentencia ante el Supremo, lo que en principio implicaba dejarla sin efecto hasta que el alto tribunal se pronunciara, pero entonces llegó el momento de la Junta Electoral Central.

El 3 de enero, la JEC decidió de forma dividida que la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia era motivo suficiente para retirarle el acta de diputado, estimando así los recursos de PP, Ciudadanos y Vox con siete votos a favor y seis en contra. Cuatro días después de anunciar la decisión, el órgano administrativo publicó su resolución y comenzó una nueva polémica: aunque decretaba la pérdida del acta de diputado autonómico de Torra, no entraba a valorar si eso conllevaba su destitución como presidente autonómico.

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Mientras la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisaba la sentencia del TSJC, sobre la que todavía no se ha pronunciado, Torra recurrió entonces la decisión de la JEC ante la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal. Aunque los magistrados que componen esta segunda sala todavía no han entrado en el fondo del asunto, el 23 de enero ya avalaron por unanimidad la orden de retirarle su escaño, decisión con la que quedó descartada la medida cautelar que solicitaba el líder independentista de dejar en suspenso la resolución de la JEC por el momento.

La batalla, por tanto, se libra ahora en tres lugares distintos: la Sala de lo Penal del Supremo, que está a la espera de confirmar la sentencia inicial del TSJC; la Sala de lo Contencioso, que está a la espera de confirmar la decisión de la JEC, y el TSJC, que está a la espera de estudiar la querella del PP.