El Estado se extingue en Girona: oficinas cerradas y funcionarios a la fuga

Si el goteo de bajas continúa, la Administración del Estado dejará prácticamente de existir en la provincia de Girona en pocos años. De hecho ya está medio descompuesta. En la oficina de Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el ente que gestiona el pago de salarios pendientes e indemnizaciones, solo queda el abogado. No hay un solo funcionario para atender a personas en una situación económica crítica. Cuando el abogado tiene que salir al juzgado, cosa habitual, la puerta está cerrada con llave. En Ripoll, Sant Feliu de Guíxols y La Bisbal de l’Emporda, las oficinas de empleo del SEPE han cerrado durante días, en algún caso durante semanas, porque no había personal, dejando tirados a decenas de ciudadanos cuya pervivencia depende de cobrar un subsidio. El problema es sencillo: los funcionarios del Estado no quieren vivir en Girona. Y los que ya viven en Girona quieren salir de allí en cuanto tengan ocasión.

Otro ejemplo: recientemente, salieron a oferta siete plazas en la Dirección General de Tráfico (DGT) de Girona. No se ha cubierto ninguna. La jefatura está hoy pendiente de un hilo, con 13 vacantes que es imposible reemplazar. Hace cuatro años, la DGT tenía casi 40 empleados. Ahora son una docena. “Tú ahora entras en el portal de la DGT y no hay citas porque de nueve ventanillas solo podemos atender dos. Con suerte te dan cita para dentro de tres meses”, reconoce un funcionario de la jefatura. Las cifras son claras. En España, hay un funcionario de la AGE (Seguridad Social, SEPE, Extranjería, Tráfico, entre otros servicios) por cada 238 personas. En Girona, hay un funcionario de la AGE por cada 724 personas. Desde el año 2002, la provincia ha perdido 397 efectivos, un 28% del total. España también ha adelgazado su cuerpo de funcionarios de la Administración general, si bien la pérdida ha sido del 19%.

En España, la media es de un funcionario de la Administración del Estado por cada 238 personas. En Girona, hay uno por cada 724

“Estamos en situación de colapso, de muerte clínica. La media de edad de los funcionados de la Administración del Estado en Girona es de 55 años. Hay mucha gente a punto de jubilarse y ningún reemplazo. Si no vienen jóvenes, la Administración se desmorona”, explica uno de estos funcionarios en peligro de extinción. Las siete vacantes de la DGT no son un caso raro. A finales de 2019, se convocó un concurso para cubrir siete puestos de director de oficina del SEPE. Seis plazas quedaron desiertas. La séptima se cubrió con un traslado dentro de la provincia. En la oficina de Extranjería se han perdido 28 puestos de trabajo en 10 años y a final de mes se perderán nueve más. Aquello es un caos de solicitudes de permisos para viajar a Marruecos y a otros países, "una oficina inviable", según cuenta un trabajador. Ha habido tres oficinas de la Seguridad Social cerradas durante meses, sin que los ciudadanos hayan podido informarse o tramitar sus prestaciones de jubilación, incapacidad laboral o maternidad. El colapso es absoluto. "Algunos servicios de la Administración del Estado están al límite de la parálisis absoluta", advierten desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

“La gente cuando llega aquí lo primero que pregunta es cuándo se podrá ir”, explica Rafael Sánchez, presidente provincial de CSIF. “Los funcionarios ven Girona como un lugar muy caro para vivir, considerando los sueldos que cobramos en la Administración. Los alquileres, la compra diaria, el transporte. Mucha gente tiene que compartir piso los años que pasa en Girona. Hay ahora funcionarios de 35 y 40 años compartiendo piso. Así que cuando ven la opción de volver a sus provincias o acercarse un poco más a sus familias, aunque sea como interinos, no lo dudan”. Hasta las plazas mejor pagadas nadie las quiere. El día 13 de enero salió a concurso la plaza de jefe de unidad de Protección Civil, dependiente de la subdelegación del Gobierno. Quedó desierta.

“Alguna gente cuando viene a tu ventanilla está cabreada por tener que esperar en la cola después de haber pedido cita un par de meses atrás. Y a nosotros nos toca aguantar esas quejas y el estrés de tener el triple de trabajo que en otros destinos”, confiesa uno de los funcionarios, que se ve diariamente con montañas de expedientes para los que no da abasto. Todos los trabajadores consultados lo hacen bajo la condición de anonimato.

¿Y los funcionarios catalanes? “No hay casi ninguno”, confirma Sánchez. En parte, porque nunca ha habido en Cataluña tradición de opositar a la Administración general del Estado, y en parte porque ya existe un ente mucho más atractivo para opositar, la Generalitat. O tal vez sea que como la Generalitat ofrece salarios hasta un 30% más elevados por el mismo tipo de trabajo, a nadie se le ocurre trabajar para el Estado. El sindicato CSIF lleva tiempo quejándose de este agravio que se repite en casi todas las comunidades autónomas, si bien a menor escala. Cataluña, País Vasco y Navarra se llevan la palma del agravio salarial. Según cálculos del sindicato, la Administración del Estado paga hasta 21.000 euros menos por el mismo cargo desempeñado a nivel autonómico.

Otro competidor son los ayuntamientos, que también ofrecen mejores salarios (hasta 400 euros al mes de diferencia) y son más atractivos para el funcionario local, ya que no ha de desplazarse. “En los alrededores de Girona un piso no baja de 600 euros de alquiler y el salario base no llega a 1.000 euros más complementos. Es una miseria”, relata una de las pocas funcionarias de la AGE catalanas que hay en la provincia. "Y si tienes que viajar a tu ciudad, según de donde seas son dos días de trayecto", continúa.

Solos y aislados

“Cuando llegas, hay un choque mental. Eso pasa en cualquier destino al que vayas, pero en Girona es más acusado. Estás muy alejado de tu casa debido a su ubicación geográfica y a las malas comunicaciones, y encima te encuentras la barrera del idioma. Al principio se hace duro, pero te acostumbras y la gente suele ayudarte”, explica Marta (nombre ficticio), quien después de varios años de trabajo en la provincia se trasladará en breve a una oficina más cercana a su hogar.

El idioma, unido al clima político enrarecido (Girona es el epicentro del independentismo) tampoco ayuda a que los funcionarios de la Administración española opten por desarrollar allí su carrera. “Todo lo del ‘procés’ seguro ha influido a que alguna gente se eche para atrás, pero no creo que sea determinante. El ambiente no es tan malo como lo pintan, diría que al contrario. Algún reproche de alguien que quiere que le atiendas en catalán siempre te llevas, pero lo normal es que la gente sea comprensiva y no lleve sus ideas políticas a las oficinas de la Administración”, afirma Pedro, que consiguió el traslado a su ciudad de origen hace dos años.

Lo cierto es que en Girona las dependencias estatales no son vistas con especial cariño. La subdelegación del Gobierno en la capital provincial, situada junto a la renombrada plaza 1 de octubre, ha sido objeto de manifestaciones multitudinarias de rechazo al Estado. La última convocó a 25.000 personas el pasado 14 de octubre en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'.

Cubrir las convocatorias para nuevos ingresos es una tragedia, pero cubrir un traslado (funcionarios ya en activo que quieran reubicarse) es imposible. En los nuevos ingresos suele haber un perfil más joven, sin cargas familiares, que tolera mejor compartir piso y cobrar un sueldo precario. Pero un traslado suele afectar a personas de más edad, generalmente con familia a cargo. Y ahí, aparte de las estrecheces económicas, entra en juego la educación de los hijos.

Es complicado decirle ‘vente para Cataluña’ a alguien con hijos. Perder meses de colegio por el idioma puede ser un problema

“Es muy complicado decirle ‘vente para Cataluña’ a alguien con hijos de 12 o 14 años, en plena ESO, o chicos ya en bachillerato. Los estudiantes se adaptan fácil a la escuela, pero a ciertas edades perder unos meses de colegio por el idioma puede ser un problema”, confirma una funcionaria estatal en la provincia. “Todo suma: el dinero, la lejanía, el idioma y la escuela en catalán. Cuando le pones todo esto junto a un trabajador del resto del país, lo normal es que no tenga ninguna gana de venirse a vivir aquí, a pesar de que la calidad de vida es fabulosa”.

“Esto se veía venir. Hace un año y medio le entregamos un dossier a la delegada del Gobierno. Estamos hablando de que te sacas hoy el carné de conducir y hasta dentro de un mes no te dan uno provisional, de que las citas se dan para dentro de tres meses, que la oficina del DNI se mantiene porque hay policías que en vez de patrullar hace carnés. Los distintos gobiernos han abandonado a la AGE y ahora la situación es insostenible”, se lamenta el presidente provincial del sindicato CSIF. "La solución inmediata es que se cubran todas las plazas vacantes con interinos hasta que venga gente que haya aprobado esa plaza. Esto ha de ser ya, porque algunos servicios de la Administración están al límite de la parálisis absoluta".