Deduce testimonio al Ministerio Público

El Constitucional pide a la Fiscalía que determine si Torrent ha desobedecido

Las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez adoptadas hace meses se vuelven ahora en contra de sus intereses

Foto: Torrent (d) junto a Junqueras, este martes. (EFE)
Torrent (d) junto a Junqueras, este martes. (EFE)

Las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez adoptadas hace meses se vuelven ahora en contra de sus intereses. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes dirigirse a la Fiscalía para que sea esta la que determine si el presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros de la mesa ha incurrido en un delito de desobediencia.

Lo hace después de que así lo socilitara, en octubre, la Abogacía del Estado. La reclamación del tribunal de garantías lleva después de que el Ministerio Público ya tenga abiertas unas diligencias al respecto que inició de oficio en noviembre. Actúa, en concreto, contra la resolución aprobada en octubre condenando la sentencia del Supremo, en la que se insiste en el ejercicio de la autodeterminación y se reitera la reprobación del rey. Se adoptó después de que días antes el TC advirtiera a la mesa de la posibilidad de incurrir en desobediencia si se aprobaba.

El TC deduce así testimonio, por unanimidad, contra el presidente de la cámara, el vicepresidente primero y secretario primero de la Mesa del Parlament -Josep Costa y Eusebi Camdepadros- ante un posible delito de desobediencia por tramitar propuestas de resolución que reiteraban la autodeterminación y la reprobación de la Monarquía. Los magistrados se pronuncian de este modo sobre la sucesión de gestos iniciados desde la cámara catalana antes de las Navidades con la convocatoria de Plenos en los que se reivindicaba el ejercicio del derecho de autodeterminación. El Parlament aprobó de hecho un texto en el que incidía en "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación".

Antes de dirigirse ahora al Ministerio Fiscal, el Tribunal Constitucional ya había suspendido esta última iniciativa y otras tres anteriores similares. Los avisos se dirigieron de forma directa a Torrent y al 'president' Quim Torra, como cuando el 16 de octubre se echó por tierra una moción en la que reivindicaban el "derecho de autodeterminación" y la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional". “Se requiere al presidente del Parlamento de Cataluña, [...] así como al presidente de la Generalitat de Cataluña y demás miembros del Consejo de Gobierno, [...] de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015”, advirtió entonces el tribunal.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (2i), saluda al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su llegada al Parlament. (EFE)
El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (2i), saluda al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su llegada al Parlament. (EFE)

Desde octubre, los avisos del Constitucional se han notificado en todo momento a Torrent, al que se le ha recordado una y otra vez su "obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". Lo ocurrido esta mañana repite por tanto el mismo patrón: el Constitucional aprueba dos providencias con las que se suspende la vigencia de los acuerdos de la Mesa del Parlament y, al mismo tiempo, avisa al presidente de la cámara del riesgo de incurrir en este delito.

Pero a diferencia de las anteriores ocasiones, la Fiscalía ha decidido ahora abrir una investigación contra la Mesa del Parlament por un posible delito de desobediencia.

Todos los pronunciamientos del Constitucional llegaban tras los correspondientes incidentes presentados por el Gobierno de España, escritos en los que también pedía a los magistrados que estudiaran a fondo el asunto para determinar si procedía deducir testimonio ante la Fiscalía. El Constitucional, sin embargo, no ha atendido esta solicitud en ninguno de los casos, lo que ha llevado al Ministerio Publico a abrir una investigación sin contar con la recomendación previa del tribunal

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