La inhabilitación de Torra, nueva patata caliente para el Parlament de Roger Torrent

La presidencia de Quim Torra queda en manos del Parlament de Cataluña, cuya Mesa discutirá hoy sobre la condición de Quim Torra como diputado y si, en caso de perder esta condición, puede seguir siendo presidente de la Generalitat. Una cuestión de matices jurídicos que el independentismo quiere convertir en otro ataque de España a la democracia. Sin embargo, el tema es más complejo y la posición del presidente del Parlament, Roger Torrent, cada vez más incómoda y complicada. Torrent apoya que Torra siga siendo diputado, pero no se sabe cuánto tiempo durará, ya que Torra está pendiente de que el Tribunal Supremo decida sobre las medidas cautelares que ha presentado ante el alto tribunal.

Hay dos discusiones en juego, desde el punto de vista jurídico. La primera, que es la que tratará la Mesa del Parlament hoy, es si Torra puede ser diputado después de que la Junta Electoral Central (JEC) le haya inhabilitado por la vía rápida. La segunda, si Torra puede seguir siendo presidente de la Generalitat después de perder el escaño.

En la primera, Roger Torrent y los letrados del Parlament aseguran que la JEC no puede inhabilitar a un diputado, sea el que sea. Que eso viola el reglamento del Parlament. La cuestión aquí es si la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) está por encima del reglamento de la Cámara catalana. Torra ha pedido al Tribunal Supremo medidas cautelares. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial estiman que en unas tres semanas el alto tribunal se pronunciará y si falla en contra de Torra, como es probable que pase, la situación de Roger Torrent y la Mesa del Parlament se volverá insostenible. Roger Torrent ha garantizado a Torra que podrá votar en el próximo pleno, que tendrá lugar el 22 y 23 de enero. Puede haberlo prometido porque es posible que el Supremo no haya fallado todavía cuando el pleno se celebre. Pero, más tarde, Torrent podría arrastrar al Parlament a la desobediencia, además de que cualquier decisión que tomase la Cámara catalana podría ser impugnada por la oposición al haber votado un Quim Torra puesto en cuestión.

La segunda cuestión es más de fondo. La Generalitat asegura que Torra puede seguir siendo presidente aunque pierda el escaño, así lo explicó la portavoz, Meritxell Budó, quien aseguró la semana pasada: “El Govern de Cataluña no aceptará la inhabilitación del 'president'. Ni como diputado, ni como presidente”. Se amparan en que ser diputado del Parlament es condición para la elegibilidad pero no para la continuidad en el cargo. Sin embargo, esta tesis no la avalan los letrados del Parlament. Según la Generalitat, sí que la respaldan los servicios jurídicos de la Generalitat, pero no han facilitado, pese a que se les ha requerido, el informe sobre ello.

Ley clara

Fuentes del Palau explican que Torra ha pedido al Gabinete Jurídico de la Generalitat un informe que apoye su posición, porque quieren alargar la legislatura como sea. El Gabinete Jurídico lo preside Francesc Esteve, pero no se conoce el contenido del dictamen, ni siquiera si lo han elaborado.

El problema es que pocos juristas respaldan que se pueda ser presidente de la Generalitat sin ser diputado y que en tres semanas Torra puede perder su escaño si el Tribunal Supremo se pronuncia en contra de las cautelares solicitadas por la Generalitat.

Pese a los intentos del soberanismo de vestir la decisión de la JEC sobre Torra de golpe de Estado judicial, la cuestión depende de la Loreg

Además, la Loreg es clara. En su artículo 2.b), esta ley reza: “Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”. Lo que deja poco margen para que Torra siga ocupando su escaño.

Ni calendario ni candidato

El interés que tiene JxCAT en mantener la legislatura tan al límite de lo legal radica en que no tiene ni calendario ni candidato. El calendario le es contrario, porque necesita mantener a Carles Puigdemont como eurodiputado mientras dure el proceso de suplicatorio que ha presentado España para que el Parlamento Europeo le despoje de su inmunidad. En ese momento, JxCAT no quiere convocar elecciones con su mejor candidato anclado en Bruselas.

Pero es que tampoco hay candidato. Laura Borràs, la favorita de Torra, quedará encausada por el Tribunal Supremo en breve. Puigdemont desconfía del grueso de 'consellers', entre los que, además, solo es diputado Miquel Buch (Interior), del que en Waterloo no quieren ni oír hablar. Por eso el fervor de JxCAT en evitar lar urnas.