Capotazo de última hora de Roger Torrent para salvar a Torra de la Junta Electoral
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El Parlament se persona en la causa

Capotazo de última hora de Roger Torrent para salvar a Torra de la Junta Electoral

El propio Roger Torrent es quien ha solicitado al Parlament que se persone en la causa y firma estas alegaciones el letrado mayor, Joan Ridao, antiguo alto dirigente de ERC

placeholder Foto: El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. (EFE)
El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. (EFE)

Mientras las relaciones entre JxCAT y ERC se deterioran a pasos agigantados a cuenta del pacto de investidura de Pedro Sánchez, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha tenido un último acto de lealtad entre los socios de gobierno en la Generalitat. Así, los servicios jurídicos del Parlament se han personado ante la Junta Electoral Central (JEC) a petición de Torrent para intentar que Quim Torra no sea inhabilitado el viernes por la vía rápida que prevé la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), tal y como muestra un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial.

El texto se ha remitido a la JEC porque “la presidencia del Parlament el día 27 de diciembre manda a los servicios jurídicos de la Cámara a personarse y formular alegaciones en este procedimiento”. Es decir, es el propio Roger Torrent quien pide al Parlament que se persone en la causa, y firma estas alegaciones el letrado mayor, Joan Ridao, antiguo alto dirigente de ERC.

Foto: Marta Vilalta, Josep Maria Jové y Pere Aragonès. (EFE)

En sus conclusiones, el escrito señala que “la causa de incompatibilidad de los cargos electos declarados inelegibles por el artículo 6.4 combinado con el artículo 6.2 b de la Loreg constituye una forma singular de privación de la capacidad electoral pasiva producto de la mala técnica legislativa”, o, lo que es lo mismo, que la JEC podría estarse basando en una norma inconstitucional para destituir a Torra. Sin embargo, ningún partido había reclamado nunca dicha inconstitucionalidad, incluidos los catalanes, y tampoco el Tribunal Supremo la había advertido. Al contrario, esta norma se estaba aplicando para cesar a políticos que eran inhabilitados pero que se resistían a ceder el cargo hasta que hubiese sentencia firme. El debate se abre ahora porque se aplica a Torra y no a un concejal de pueblo, pero eso vulneraría el principio básico de igualdad ante la ley.

Los servicios jurídicos del Parlament consideran que de cesar la JEC a Torra, violentaría el principio de autonomía de la propia Cámara catalana, al ser Torra parlamentario. Y que se pondría en cuestión el rango del Reglamento del Parlament, ampliamente reconocido por la jurisprudencia del Constitucional.

Foto: El juicio a Quim Torra. (EFE)

No se trata tanto de salvar a Torra, que ya ha sido condenado por el TSJC por no haber retirado las pancartas de la fachada de la Generalitat, como de alargar la legislatura, ya que tanto ERC como JxCAT entienden que el 'president' puede seguir siéndolo hasta que el Tribunal Supremo falle sobre el recurso. Más o menos, hasta el mes de mayo. En cambio, la Loreg prevé que en los delitos contra las administraciones públicas, como el que ha cometido Torra, se tenga que dejar el cargo antes de que falle la última instancia judicial. Por tanto, la clave es más política que jurídica. ¿La legislatura catalana acaba ahora o en mayo-junio, cuando el Supremo se pronuncie sobre la situación de Quim Torra?

Critica la precipitación

Según alega el Parlament, “la conexión entre, por una parte, el art. 8.2 de la Loreg [que prevé una causa de inelegibilidad para los condenados, aunque no sea en sentencia firme, por delitos de terrorismo, de rebelión, contra las administraciones públicas, a la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público] y, por otro, el art. 5.4 Loreg [que determina que las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad] fue, según la mejor doctrina, producto de la precipitación del legislador”, con lo que ante la JEC da un fuerte varapalo al Congreso de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aprobó esta modificación.

La Cámara catalana advierte a la JEC de una "causa de incompatibilidad sobrevenida de naturaleza singular y extraña al ordenamiento parlamentario"

“Al fin nos ha deparado una causa de incompatibilidad sobrevenida de naturaleza no solo singular sino también extraña al ordenamiento parlamentario, en tanto que, como ya se ha dicho, el objetivo de las incompatibilidades es el de impedir el ejercicio simultáneo de dos cargos con posterioridad a las elecciones, esto es, se trata de una situación deseada o al menos provocada por uno mismo que obliga a optar por un cargo u otro en la mayoría de los casos y, a veces, a asumir obligatoriamente la nueva situación”, reza el escrito, lo que no encajaría con la situación de Torra, que ha sido condenado por un tribunal.

Diferencia legal

El principal argumento del Parlament es que no es lo mismo inelegibilidad que incompatibilidad y que la JEC no puede pronunciarse usando esa confusión legal: “Las causas de inelegibilidad conllevan la pérdida de la expectativa de ser elegido, y las causas de incompatibilidad, ni que sean sobrevenidas, otorgan al diputado el derecho a optar entre el ejercicio de la función parlamentaria y otra actividad pública o privada. La privación de la condición de parlamentario resulta definitiva. Por ello, la causa de incompatibilidad de los cargos electos declarados inelegibles en los términos previstos en el art. 6.4 en conexión con el art. 6.2 b Loreg no constituye un verdadero supuesto de incompatibilidad en tanto que no faculta la elección entre ejercer el cargo de diputado u otra actividad al margen de la parlamentaria”.

Estaría por ver si la JEC compra estos argumentos o sigue el principio aplicado hasta ahora: que en caso de que la incompatibilidad sea causa de una sentencia, como es el caso de Torra, se aplica la vía rápida que prevé la Loreg para evitar que corruptos condenados se eternicen en los cargos públicos utilizando la lentitud de la Justicia.

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