Cómo la Generalitat animó posturas como dejar sin nacionalidad a constitucionalistas

En redes ha resucitado esta Navidad el debate sobre quién ha de tener la nacionalidad catalana en caso de que Cataluña logre la independencia. O lo que es lo mismo, qué hacer con más de tres millones de catalanes que no están por la labor, ese 47,9% de ciudadanos de Cataluña que según el CEO se oponen al proyecto soberanista. La buena noticia es que por primera vez se plantea el problema, en vez de ignorarlo, que es lo que acostumbran a hacer los partidos de ese color político con los catalanes que no piensan como ellos. La mala es que, en caso de ganar, lo que se plantea es dejar sin la nacionalidad catalana a este colectivo. La propuesta ha sido rechazada por supremacista, incluso, por buena parte del independentismo, pero lo cierto es que desde hace varios años la Generalitat lleva avalando con sus posiciones este tipo de posturas.

También es verdad que las posiciones a favor de retirar una futura nacionalidad catalana a la mayoría de la población no han sido de personalidades muy significativas, mientras que los que se han opuesto han resultado personajes mucho más destacados del independentismo, como el productor de televisión Toni Soler o el diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Todo empezó con un tuit de uno de los fundadores del grupo Koiné, famoso por querer que el castellano dejase de ser lengua oficial en Cataluña, Josep María Virgili i Ortiga, catedrático de instituto retirado y lingüista. Virgili escribió: "Algunos que os llamáis a vosotros mismos ‘catalanes no independentistas’, en realidad no sois catalanes. Sois otra cosa tan respetable como queráis (no hace falta decirlo), pero catalanes no sois. Yo diría que lo que sois es españoles residentes en Cataluña". El adjetivo maldito, “colonos”, quedaba en el aire.

A partir de aquí, la periodista Pilar Carracelas, una especie de aspirante a Pilar Rahola, apoyó al lingüista en Twitter asegurando que el “demos” catalán, es decir, los catalanes con derecho a voto, se tenía que limitar a aquellos que votaron el 1-O. Es decir, 2,28 millones de personas. Sobre un censo en las últimas generales de 5,3 millones de personas, solo hay que hacer cálculos de aritmética básica.

Otros radicales se habían avanzado a esta opción como Santiago Espot, presidente de una asociación catalana que fomenta denunciar a los comerciantes que no rotulan en catalán. Espot en su declaración ya se situó en el terreno de la segregación: "En Cataluña los que debemos mandar somos los catalanes. A los colonizadores hay que tratarlos con el mismo desprecio y menosprecio que ellos utilizan con nosotros. No se merecen otra cosa. Diagonal arriba hallarán Zaragoza".

El apoyo de la Generalitat

El problema de este tipo de posturas es que hace años que están siendo avaladas desde la Generalitat. Hay cientos de ejemplos de cómo se ignora y menosprecia a los catalanes no independentistas. El más notable de ellos fue Quim Torra y no por su famosos artículos sino por cuando en 2018 avaló la vía eslovena como una camino para llegar a la independencia. Tras la independencia, Eslovenia solventó el problema con lo que se denominó “los borrados”, 18.000 ciudadanos yugoslavos residentes en Eslovenia perdieron sus derechos. Fueron borrados de todos los registros. Un auténtica limpieza étnica administrativa. Perdieron no solo sus derechos, sino también pensiones o ahorros. En la actualidad, las reclamaciones siguen en proceso, con sentencias a favor de la Justicia internacional. Un día te quitan la nacionalidad y al siguiente te suprimen del registro de la propiedad. Tanto el Consejo de Europa como la ONU han reconocido y condenado este fenómeno.

Un año antes del pronunciamiento en favor de la vía eslovena, en 2017, el entonces portavoz de la Generalitat, Jordi Turull insistió una y otra vez en que los catalanes que no apoyaban la independencia eran “súbditos”, no ciudadanos. Hizo estas declaraciones desde el atril de la sala de prensa del Palau de la Generalitat.

El soberanismo asegura que la propuesta de retirar la nacionalidad a constitucionalistas es minoritaria pero la Generalitat ha avalado la falta de pluralidad

Lo mismo pasó en el Parlament cuando se aprobaron las leyes de desconexión, que fueron el preámbulo a la DUI de octubre de 2017. De nuevo se ignoraba a media Cataluña y se actuaba haciendo ver que buena parte de la ciudadanía, literalmente, no existía.

La misma senda

Torra y Carles Puigdemont han ido por la misma senda. Por ejemplo. Torra impulsó este año el Consejo Asesor para el Debate Constituyente, que debía generar una nueva Constitución. Este organismo lo presidía Lluís Llach. En su día se comprometieron a que fuera "una herramienta republicana para avanzar de acuerdo con el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y la voluntad de la inmensa mayoría", en palabras de sus propios impulsores. Pues bien, este organismo no tuvo ni un solo miembro no independentista. Nunca se ha visto una mayoría tan minoritaria.

Lo mismo pasó cuando Puigdemont quiso lanzar 'su parlament' paralelo, la denominada Asamblea de Cargos Electos. Se reunieron más de 2.000 personas. ¿Cuántos de ellos no eran independentistas? Ninguno. Con este modo de construir el nuevo país no es raro que surjan exaltados con iniciativas como retirar la ciudadanía a buena parte de los catalanes.