MILLONES DE EUROS PÚBLICOS SIN CONTROL

Gastos incontrolados en Sant Cugat amenazan a dos consejeros de Torra

Vistas las cuentas públicas de los últimos años, las sombras de dudas sobre el buen hacer de los convergentes se vuelven aún más oscuras. La leyenda negra de Sant Cugat se acrecienta

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)

Dos consejeros de la Generalitat de Cataluña pueden verse salpicados por decisiones y operaciones extrañas que se han producido desde el año 2012 en el Ayuntamiento de Sant Cugat, durante mucho tiempo la localidad catalana más grande donde gobernaba Convergència i Unió (CiU). Allí, durante la última década, mantuvieron cargos de responsabilidad el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, y el de Territorio, Damià Calvet. De momento, la Fiscalía investiga un demoledor informe del interventor municipal que saca a la luz operaciones presuntamente anomalías desde el año 2017 hasta la actualidad. Esas irregularidades fueron denunciadas por Ciudadanos.

Pero, con anterioridad a 2017, hay otras operaciones similares o incluso de mucha mayor cuantía que pueden haber incurrido en graves irregularidades. Según ha podido conocer El Confidencial, estas irregularidades pueden elevarse a millones de euros que han estado pasando de las arcas municipales a empresas privadas sin control alguno y, lo que es más grave, sin los preceptivos expedientes que se necesitan para la adjudicación de contratos públicos.

Quim Torra (3d), junto a Damià Calvet (2i), Meritxell Budó (3i) y Jordi Puigneró (2d). (EFE)
Quim Torra (3d), junto a Damià Calvet (2i), Meritxell Budó (3i) y Jordi Puigneró (2d). (EFE)

En esta situación, por ejemplo, se encontrarían los contratos para los trabajos de mantenimiento del alcantarillado, adjudicados a dedo a Sorea y sin que haya expedientes de licitación, como es obligatorio. Los contratos con esta compañía se elevan a más de 700.000 euros, solamente en el año 2013.

Más grave es la situación de los contratos de limpieza de edificios municipales. Solo en el ejercicio de 2014, se pagaron 3,6 millones de euros a la compañía Clece después de haber expirado las prórrogas legales y sin que se hubiese convocado una nueva adjudicación. Al parecer, no existen facturas de esos pagos, ya que se realizaron automáticamente como si hubiese habido concurso o adjudicación previa. Como dato curioso, en octubre de 2014 se pagaron más de dos millones de euros por el servicio de limpieza de los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre. El monto mensual que se abonaba a Clece era de más de 255.175 euros.

Todo un descontrol

De manera parecida, el mantenimiento de semáforos y alumbrado público se ha visto inmerso en un descontrol total. Tras haber expirado las prórrogas, el consistorio siguió pagando cientos de miles de euros a la empresa responsable a pesar de que en algún momento se aprobó en el pleno municipal la urgente necesidad de proceder a una nueva adjudicación. El equipo de Gobierno municipal, sin embargo, hizo caso omiso a estas peticiones. Entre 2013 y 2014, las cantidades abonadas por mantenimiento van desde 30.000 euros hasta 212.400 euros. En total, se podrían haber abonado irregularmente más de 900.000 euros por esos conceptos a la compañía Citelum Ibérica.

También en cuanto a tratamiento de residuos se han dado situaciones irregulares. La firma Tecnología Medio Ambiente Sánchez (TMA Sánchez) estuvo durante los años 2012 y 2014 haciendo los trabajos de eliminación de residuos provenientes de los trabajos de la brigada municipal en la vía pública sin que hubiese expedientes de licitación del concurso correspondiente. Por estos conceptos, se podrían haber pagado más de 300.000 euros de la caja del ayuntamiento. Curiosamente, del año 2012, existen facturas justificativas de los gastos en cuestión, pero del año 2014 no hay ni siquiera factura de los gastos.

Se encontrarían los contratos para los trabajos de mantenimiento del alcantarillado, adjudicados a Sorea y sin que haya expedientes de licitación

La gestión de zonas deportivas es otro de los sectores donde ha habido distracción de fondos públicos, ya que fueron pagados servicios cuando las prórrogas ya estaban expiradas y luego se abonaron los conceptos sin que hubiese expedientes de nuevas licitaciones. Solo en algún caso concreto se aprobó en junta de gobierno una nueva licitación, pero ya a finales de 2014 y sin determinar el área que concedía los fondos. En este caso, existen 1,2 millones de euros bajo sospecha correspondientes a los ejercicios de 2012 a 2014. La empresa que prestaba estos servicios de gestión de zonas deportivas era Teampartners.

En el caso de la gestión del Auditori, también hay sospechas de que puede haber habido irregularidades en cuanto a la utilización de personal ajeno para la contratación de servicios. En concreto, podría haberse subcontratado el personal de una empresa ajena sin que mediase concurso alguno y sin los obligatorios expedientes administrativos para la contratación de servicios. Otro escándalo en toda regla.

Estas irregularidades se cometieron cuando el teniente de alcalde de Gobernación del ayuntamiento era Jordi Puigneró, actual consejero de Políticas Digitales. Puigneró accedió al cargo de concejal en septiembre de 2005, tras el fallecimiento de un edil convergente (hasta ese momento, era el jefe de gabinete del alcalde, Lluís Recoder). A partir de ahí, fue escalando posiciones en el equipo municipal hasta llegar a ser uno de sus puntales. Cuando Recoder dejó el ayuntamiento para ser consejero de Territorio, la nueva alcaldesa, Mercè Conesa, le mantuvo como teniente de alcalde de Gobernación, Seguridad, Movilidad y Tecnología.

Contacto permanente con Puigdemont

Su compromiso con el independentismo está fuera de toda duda y en el PDeCAT se le considera un traidor porque se ha alineado con Carles Puigdemont en vez de hacer piña con los cargos del partido. De hecho, habla a menudo con Puigdemont por videoconferencia y viaja a Waterloo una vez al mes para recibir instrucciones. ¿Qué hay detrás de esas frecuentes visitas? Baste un detalle: de su área depende la importantísima Agencia de Ciberseguridad, que tendría que alimentar el núcleo de lo que serían unos eventuales servicios de inteligencia catalanes, similares al CNI español.

En 2015, el teniente de alcalde de Urbanismo, Economía y Hacienda fue Damià Calvet, actual consejero de Territorio (en el momento de su nombramiento como consejero, las áreas que controlaba en el consistorio eran las de Urbanismo, Movilidad y Vivienda) y cuya etapa en el consistorio está investigando la Fiscalía. Curiosamente, mientras era concejal de Urbanismo, oficiaba al mismo tiempo como director del Incasol, el organismo de la Generalitat encargado de la vivienda, lo que podría generar incompatibilidades o conflicto de intereses.

El cambio de pesos pesados convergentes en el Ayuntamiento de Sant Cugat, no obstante, no desterró los hábitos perniciosos. Y la historia se repite: si desde 2017 había facturas sin contabilizar, adjudicaciones a dedo y gastos incontrolados, la etapa anterior es aún más estremecedora. El informe del interventor municipal correspondiente a la última etapa es muy revelador. Decía dicho informe que se habían encontrado gastos que superaban los límites cuantitativos de los contratos menores y que “se han tramitado los procedimientos de contratación previstos en la ley”.

En su denuncia ante la Fiscalía, Ciudadanos subrayaba que “es especialmente indiciaria la voluntad intencional de orillar u omitir el cumplimiento de la legalidad en la adjudicación 'de facto' de los servicios que motivan los créditos a la postre reconocidos, pues corresponden a servicios que, lejos de ser imprevisibles, eran perfectamente programables de manera anticipada por parte de la corporación”. Lo que está por venir, sin embargo, no pinta mucho mejor. Y la sombra del dinero descontrolado, de la gestión nefasta y de las cuentas opacas vuelve a cernirse sobre los posconvergentes. Los políticos que no han aprendido de su propia historia están condenados a repetirla.

Y la historia se repite: si desde 2017 había facturas sin contabilizar y adjudicaciones a dedo, la etapa anterior es aún más estremecedora

La leyenda negra de Sant Cugat, pues, se acrecienta con los nuevos datos que se van conociendo. En el caso Palau, ya se descubrió que por la construcción de un polideportivo municipal se hincharon los presupuestos y el 4% del precio de la obra fue a parar al Palau, para luego pasar luego una parte de esa ‘mordida’ a las arcas de la Fundación CatDem, vinculada a Convergència. Vistas las cuentas públicas de los últimos años, las sombras de dudas sobre el buen hacer de los convergentes se vuelven aún más oscuras. Y en el crecimiento de esa leyenda tienen mucho que ver los altos cargos que tuvieron responsabilidades directas en el ayuntamiento del que se considera el pueblo con mayor nivel de vida de toda Cataluña.

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