Los independentistas quieren llevar ahora a los tribunales a Pedro Sánchez

La buena voluntad de diálogo que esgrimen los independentistas catalanes ha saltado por los aires este martes, tras la no comparecencia del presidente del Gobierno español ante la comisión del 155. Estaban citados Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo, el exministro Rafael Catalá, el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, el exsecretario de Administraciones Territoriales Roberto Bermúdez de Castro, el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas, Enrique Lasso, y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.

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La comisión de investigación del 155, creada por los independentistas, está presidida por el posconvergente (y excomunista) Toni Morral, que es a su vez el secretario general de la Crida Nacional, la plataforma creada desde Waterloo por Carles Puigdemont. La comisión quiere ‘investigar’ la actuación del Gobierno central tras la aplicación del 155 y las consecuencias de esta. Se trata de un aparato propagandístico, ya que la aplicación del artículo 155 es un instrumento legal y detallado en la Constitución, por lo que ni el Parlament ni la Generalitat pueden poner objeciones a su aplicación. Por eso, no deja de ser curioso que sea esta una de las comisiones parlamentarias en las que más hincapié hacen los independentistas, que se opusieron con uñas y dientes a otras comisiones de investigación que afectaban a conductas extrañas del Ejecutivo catalán, como el espionaje a políticos, funcionarios y periodistas durante los mandatos de Artur Mas y de Carles Puigdemont.

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A la sesión de este martes no acudió ninguno de los citados. Entre otras cosas, porque son altos cargos de la Administración central y no están obligados. Aun así, los ‘indepes’ están dispuestos a llevar a Pedro Sánchez a los tribunales por “no atender la solicitud de comparecencia”.

El propio Morral reconoció, tras la incomparecencia, que la denuncia no prosperará, pero consideró que este trámite “es de obligado cumplimiento”. La representante de su grupo en la comisión, Gemma Geis, se mostró también partidaria de presentar una denuncia en Fiscalía, mientras que los diputados Jordi Orobitg (ERC) y Marc Parés (Catalunya En Comú Podem) criticaron la no comparecencia de los citados concluyendo que es un “desprecio al Parlament”.

En un momento en que el presidente en funciones quiere abrir negociaciones con ERC para su investidura, la iniciativa de los independentistas añade arenilla a las relaciones, aunque los principales impulsores de la denuncia judicial sean los de JxCAT, que están interesados especialmente en dinamitar cualquier pacto de PSOE y Unidas Podemos con sus rivales de ERC.

El informe del Consejo de Estado

Todos ellos son conscientes, además, de que un informe del Consejo de Estado exonera a altos cargos y ex altos cargos de acudir a las comisiones de un Parlamento regional porque ellos solo pueden rendir cuentas ante el Congreso. La pasada semana, varios altos cargos de Interior declinaron comparecer, lo mismo que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Y en semanas anteriores también lo hicieron Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido, María Dolores de Cospedal, Jorge Moragas y Enric Millo.

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Se da la paradoja de que los principales acusadores de la politización de la Justicia son los primeros en llevar a los tribunales un ‘caso perdido’, que solo significará más trabajo y pérdida de tiempo y de dinero a la Administración de Justicia, ya que todos son conscientes de que el tema no tiene recorrido y de que la Cámara catalana no tiene competencias para citar al presidente del Gobierno central o a cualquiera de sus altos cargos.

En su dictamen, el Consejo de Estado señala que “las comisiones de investigación en las asambleas legislativas autonómicas solo pueden ser creadas para actuar en relación con materias e instituciones incluidas dentro del ámbito competencial autonómico y, por lo tanto, no están habilitadas para solicitar la comparecencia de autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado, los cuales únicamente pueden ser controlados por las Cortes Generales”.

A pesar de la ausencia de los altos cargos del Gobierno español, la comisión se celebró con la comparecencia de David Garrofé, secretario general de la patronal Cecot, y de Joaquim Gay de Montellà, expresidente de Foment del Treball.