Quieren acabar con los cortes de tráfico diarios en Barcelona a base de multas

Multas de 600 a 30.000 euros. Esa será la principal medida que tomarán las autoridades catalanas para acabar con las protestas diarias que atormentan Barcelona. Ya dicen los colectivos radicales que en Cataluña no existen los derechos individuales, sino que solo existen los derechos colectivos. Pero solo de algunos, evidentemente, “porque somos los que tenemos razón”. Ese fue el razonamiento publicitado desde TV3, el canal público catalán. Y esa máxima es la que han practicado a la hora de tomar calles y plazas para dictar la ‘ley del más fuerte’, ante una cúpula de la Generalitat (especialmente de su presidente, Quim Torra) conchabada con los protagonistas de las protestas.

De este modo, los comités de defensa de la república (CDR) han mantenido en el caos una ciudad que ya de por sí registraba importantes problemas de movilidad. A primera hora de la noche, varias docenas de personas suelen cortar la avenida Meridiana (la salida norte de la ciudad, que implica cortar la principal vía de entrada y salida hacia la Costa Brava y hacia el interior de Cataluña), la Gran Vía cerca de Glòries y la Diagonal, a la altura de María Cristina, donde están concentradas gran parte de las facultades de la Universidad de Barcelona. A ello se sumaba la hasta este miércoles cortada Gran Vía a la altura de plaza Universidad, donde acampaban un centenar de soberanistas. Para este miércoles, los CDR convocaron cortes en los cinco puntos tradicionales, convocatoria a la que se adhirió la plataforma Via Independència, a la que pertenecía uno de los detenidos en el desalojo de la acampada.

Este martes, a los CDR se les ocurrió añadir otro punto (el quinto, precisamente) de tensión: cortar Gran Vía cerca de la plaza España, en la confluencia con la calle Entenza. Hasta allí se desplazaron dos decenas de activistas. Y fueron advertidos por los Mossos d’Esquadra de que lo que hacían era ilegal y que podrían encontrarse con multas de entre 600 y 30.000 euros. Hubo negociación y corte posterior, a pesar de ello.

Pero lo más importante es que las acciones de sabotaje no quedarán impunes. Esta semana, los Mossos identificaron a más de 100 activistas en la plaza Universidad, en plena acampada. Llevaban casi tres semanas con la tienda puesta sin permisos municipales y con una orden municipal de que no podría haber elementos como vallas o tiendas de campaña en las calles (especialmente en ese distrito) pasadas las ocho de la tarde. Las identificaciones servirán, según fuentes de los propios activistas, para imponer multas por ocupación ilegal de la vía pública.

La Policía autonómica tiene perfectamente identificados a los activistas que día tras día se dedican a cortar el tráfico sin permiso

Un problema de orden público

Y lo peor está por llegar: los cortes en la avenida Meridiana (ya van 38 días) tampoco quedarán impunes. Según parece, la Policía autonómica tiene perfectamente identificados a los activistas que día tras día, a las ocho de la noche, se dedican a cortar el tráfico sin permiso, una acción que pone de los nervios a muchos automovilistas y que ya ha provocado algunos encontronazos entre ciudadanos hartos de sufrir esos cortes y los activistas que quieren provocar el caos. El propio concejal de Seguridad y Prevención de Barcelona, Albert Batlle, confirmó este miércoles las identificaciones de manifestantes en ese punto, subrayando que lo que provocan es “un problema de orden público”.

La plataforma CATaviSOS, utilizada para difundir mensajes urgentes, advirtió este miércoles a las diferentes plataformas soberanistas de que “Albert Batlle amenaza con impedir los cortes de Meridiana de Barcelona. Y añade que los Mossos d’Esquadra ya han identificado a las personas que participan en estos cortes”. Y no es difícil. “Es agotador y triste ser siempre los mismos en cada corte —se quejaba este miércoles uno de los activistas—. Y luego, todos quejándose de que si los cortes han de ser masivos, que si se han de bloquear fronteras, etc., etc., etc. ¡Y luego, a la hora de la verdad, todos a casa, al sofá, y todo excusas!”.

De hecho, Batlle (que había militado en el PSC y que en mayo concurrió a las municipales en las listas de este partido, pero en representación de Units per Avançar, la formación heredera de Unió Democràtica) tomó la decisión de utilizar la Guardia Urbana para desalojar la plaza Universidad sin el beneplácito de los representantes de Barcelona en Comú del Gobierno municipal. Es más: la propia alcaldesa, Ada Colau, era contraria a que los agentes de la urbana participasen en el desalojo. “Asociaciones de vecinos, de comerciantes y plataformas de diferentes tipos se habían quejado de la acampada. Los jóvenes que pernoctaban desde hace tres semanas en la plaza no tenían permiso. Y los tenderos de los alrededores, que ahora podrían estar haciendo caja, han visto cómo sus ventas han bajado un 60, 70 u 80% por culpa de la acampada. Había que tomar una decisión drástica”, explican fuentes municipales a El Confidencial.

Problemas para Colau

No se trata solo de eso: la imagen de Ada Colau se ha resentido por el ‘buenismo’ practicado con los jóvenes independentistas. De hecho, la calle barcelonesa es de los independentistas desde hace años. A los unionistas no les dejan hacer ni ocupar. Y ese deterioro de la imagen de Colau se ha traspasado también a sus socios socialistas de gobierno.

El desalojo, no obstante, ha pasado factura a la alcaldesa: una quincena de miembros de la ejecutiva (este órgano tiene solo 29 miembros) y del consejo nacional de Catalunya en Comú (los comunes, órgano con 114 miembros), entre ellos la diputada Sonia Farré, dimitieron este miércoles por los cambios ideológicos de la formación, la renuncia del derecho a decidir y el funcionamiento de los órganos internos. Precisamente al frente del partido se había consolidado en esta jornada un triunvirato compuesto por la alcaldesa Ada Colau, la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jessica Albiach, y la teniente de alcalde de Castelldefels, Candela López. Esta cúpula, la única que se presentó a la configuración de los órganos internos, será proclamada el próximo 2 de diciembre.