JxCat, ERC y la CUP desafían al TC y buscan llevar la autodeterminación al Parlament

Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que se reafirman en poder debatir en el pleno del Parlament sobre la autodeterminación y exigen la libertad de los líderes independentistas presos, pero redactada en unos términos con los que buscan evitar su impugnación ante las prohibiciones del Tribunal Constitucional.

A pesar de que la Mesa del Parlament ha dado "luz verde" a la tramitación de la propuesta, los letrados han advertido que uno de los puntos podría contradecir la prohibición del TC de aprobar textos sobre la autodeterminación. De hecho, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que mientras que él ocupe el cargo no permitirá que se "coarte la libertad de expresión" ni que se censure a los 135 diputados del hemiciclo, por lo que se ha mostrado dispuesto a asumir las consecuencias de esta decisión.

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Los tres grupos independentistas en la cámara catalana han acordado un texto conjunto que incluye un total de 15 puntos. El documento rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político".

Problemas con la palabra "reitera"

Después de las advertencias del Constitucional sobre el riesgo penal de incurrir en un delito de desobediencia si no se acata la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil, los partidos independentistas han buscado una fórmula matizada para referirse en su texto a la cuestión de la autodeterminación.

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El Parlament, señala la propuesta de JxCat, ERC y la CUP, "recuerda" que la propia cámara catalana "ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde el año 1989 sin que esto haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado. Y se compromete a seguir haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas".

Los letrados del Parlament han expresado en la reunión de la Mesa una advertencia sobre el punto 11 de la propuesta de resolución y, en concreto, sobre la palabra "reitera", ya que consideran que podría contravenir la prohibición del Constitucional.

Torrent: "La libertad de expresión vale la pena"

Sin embargo, fuentes parlamentarias han explicado que el presidente del Parlament y los demás representantes independentistas en la Mesa han explicado en la reunión de la misma que están dispuestos a asumir las consecuencias de no practicar "la censura política" a la hora de tramitar las propuestas de los grupos.

Así lo ha reiterado Torrent en rueda de prensa al mismo tiempo que ha defendido que con esta propuesta se garantiza la libertad de expresión y de debate en el Parlament, que tiene que ser "el templo de la palabra".

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"Si hay consecuencias judiciales y personales sobre los miembros del Parlament, las asumiremos", ha asegurado Torrent. "Asumiremos todas las consecuencias de lo que comporta que aquí se pueda hablar de todo, porque defender la libertad de expresión vale la pena. Si no estuviésemos haciendo esto, estaríamos dejando la puerta abierta a la censura", ha subrayado.

La Mesa del Parlament ha admitido a trámite la propuesta con los votos favorables de los representantes de la mayoría independentista y los contrarios de Cs y PSC. Y al no haberlo solicitado por la vía de urgencia, este martes se abre el plazo de siete días para la presentación de enmiendas por parte del resto de grupos de la cámara. Fuentes parlamentarias han indicado que Cs y PSC podrían presentar una petición de reconsideración de la admisión a trámite y para ello disponen de un plazo de 48 horas, tras el cual la Mesa tendría que reunirse de nuevo.

Rechazo a la sentencia del 'procés'

La propuesta "rechaza la sentencia dictada por el Tribunal Supremo" -con unas condenas que JxCat, ERC y la CUP circunscriben a la "deriva autoritaria del Estado"- y "exige la libertad de los presos y las presas políticas, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión". Se hace mención especial al caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al considerar "un escándalo democrático" su condena a once años y medio de prisión "por haber permitido" que en la cámara catalana "se pudiese hablar de todo".

Sin llegar a hacer mención a los disturbios de la semana pasada, el texto subraya el "carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista" y alerta de que la sentencia sienta un precedente "inaceptable, a partir del cual todas las formas de protesta, como por ejemplo" intentar parar un desahucio, ocupar un centro de atención primaria o cortar una calle por una manifestación "podrían convertirse en delito de sedición". Las tres fuerzas independentistas acusan al Estado de buscar la "criminalización generalizada de la disidencia política", advierten de que "el conflicto entre Cataluña y el Estado es de naturaleza política y, por lo tanto, no se resolverá mediante los tribunales" y denuncian la "censura que el TC pretende imponer" al Parlament.

Argumentan en este sentido que "las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar en el Parlament". Además, constatan que otros parlamentos autonómicos "se posicionan constantemente sobre cuestiones que desbordan su ámbito competencial, incluso pidiendo la intervención de las instituciones catalanas, sin que esto sea objeto de impugnación alguna por parte del Gobierno español".

De hecho, defienden "el derecho de estos parlamentos a seguir haciéndolo, porque la defensa del derecho a la representación política y a la libertad de expresión tiene valor sobre todo cuando se hace para los que no piensan como nosotros".

Finalmente, la propuesta de resolución, firmada por los diputados Eduard Pujol (JxCat), Anna Caula (ERC) y Carles Riera (CUP), insta al Govern a "promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias en el ámbito nacional, estatal e internacional, para conseguir una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado".