Y PIDEN LA DIMISIÓN DEL CONSELLER BUCH

Los CDR inician "un camino de no retorno" y piden "desobediencia civil e institucional"

Los Comités indican que "no tolerarán la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil" en Cataluña y piden a los partidos "compromisos con la autodeterminación"

Foto: Disturbios en Barcelona durante las protestas convocadas por los CDR. (EFE)
Disturbios en Barcelona durante las protestas convocadas por los CDR. (EFE)

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han expresado, a través de un comunicado difundido este miércoles por la mañana, su intención de "quedarse en las calles" tras los disturbios ocurridos a lo largo de la noche de ayer en las calles de Barcelona.

"Hemos comenzado un camino de no retorno", indican los radicales en el escrito. "Y no caigamos en la trampa de aquellos que nos quieren desmovilizar con el falso argumento de la violencia", apuntan, tras achacar la brutalidad únicamente "a los Mossos d'Esquadra y a la Policía Nacional".

Los manifestantes incendian cartones junto a la Delegación del Gobierno en Barcelona. (EFE)
Los manifestantes incendian cartones junto a la Delegación del Gobierno en Barcelona. (EFE)

Del mismo modo, cargan contra Miquel Buch, actual consejero de Interior de Gobierno de la Generalitat de Cataluña —y responsable, por tanto, de la policía autonómica—, al que piden que dimita. "Y no toleraremos que la Policía Nacional y la Guardia Civil sigan en territorio catalán reviviendo las escenas del 1 de octubre de 2017", fecha en la que se celebró el referéndum ilegal.

Además de la desobediencia civil, los Comités piden "desobediencia institucional"; "solo desafiando el Estado represor desde todos los frentes conseguiremos la libertad del país", expresan en el difundido, en el que exigen al Govern y a todos los partidos "compromisos con la autodeterminación y las libertades" para "romper con el Estado español, desobedeciendo la sentencia del Tribunal Supremo y hacer un frente común para avanzar hacia la República".

Torra (c) y Aragonés (2d) durante una concentración de rechazo a la sentencia. (EFE)
Torra (c) y Aragonés (2d) durante una concentración de rechazo a la sentencia. (EFE)

Como desveló este periódico, el ejecutivo regional ha moderado intencionadamente su respuesta al fallo condenatorio —que manda a prisión entre 9 y 13 años a algunos de los líderes del desafío independentista— para evitar que el gobierno central inicie los trámites para volver a aplicar el artículo 155.

El 'president' Quim Torra, y su número dos, Pere Aragonès, pactaron la semana pasada que la postura institucional quedaría acotada al marco estrictamente legal para evitar dicho precepto constitucional o que entre vigor la Ley de Seguridad Nacional.

Cataluña

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