Sentencia del 'procés': así ha fallado el Supremo y estas han sido las reacciones

El instructor de la causa del 'procés', el juez Pablo Llarena, ha emitido una nueva euroorden de detención inmediata para arrestar a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat huido de la Justicia española desde 2017. No obstante, ello no ha impedido que Puigdemont haya comparecido públicamente desde Bélgica tras el fallo del Supremo, señalando que las penas impuestas a los líderes independentistas son "inhumanas e injustas".

Durante su manifiesto ante los medios, el expresidente ha hablado de lo que, a su juicio, es producto de "una venganza del Estado", un "error que tendrá consecuencias para todos los ciudadanos". "Introducir la papeleta con la voluntad de cada ciudadano es la solución y no el problema", ha añadido Puigdemont en su comparecencia, en la que también ha insistido en la movilización frente a la "represión del Estado" y la "brutalidad judicial".

[Puigdemont llama a la movilización y a responder a la sentencia del 10-N]

La plataforma Tsunami Democràtic ha llamado a la ocupación del aeropuerto de Barcelona en respuesta a la resolución del juicio del 'procés', una movilización que pretende colapsar la Terminal 1 como parte de la primera "acción sorpresa" que prepara la plataforma en esta jornada de protestas que tendrán lugar en Cataluña en reacción a las condenas de los 12 procesados por el 1-O. A través de un canal de Telegram, se están distribuyendo tarjetas de embarque de distintos vuelos con la intención de asegurar la entrada en el aeropuerto de los manifestantes.

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, ha comparecido públicamente desde la Moncloa a las 12:00 horas del mediodía para hacer una declaración institucional sobre la sentencia del 'procés', por la que se ha condenado a 13 años de prisión a Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años para el resto de 'exconsellers' por los delitos de sedición y malversación, mientras que los tres acusados en libertad (Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila) se libran de la cárcel al ser sólo condenados por desobediencia.

Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo estará "atento" para garantizar el "respeto a la legalidad" de la sentencia, sin excluir ningún tipo de solución legal en caso de que sea necesario. De esta forma, y en virtud del "proceso judicial con plenas garantías y derechos", el mandatario ha apuntado que "se ha de proceder a su íntegro cumplimiento".

[Sánchez: "Este Gobierno garantiza el cumplimiento íntegro" de la sentencia]

En declaraciones ante los medios desde el Palau de la Generalitat, el 'president' Quim Torra ha exigido públicamente "el fin de la represión y la libertad de presos y presas políticas" tras la resolución del Tribunal Supremo, a la que ha calificado de ser un "insulto a la democracia". En este sentido, Torra ha pedido reunirse de forma "urgente" con Pedro Sánchez y el rey Felipe VI para "tratar la crisis que se abre con la sentencia" y ha demandado "la amnistía para todas las personas represaliadas".

Vox, que se había personado como acusación particular en el juicio, ha comparecido también ante la prensa en el día de hoy para dar su opinión sobre el tema, con Santiago Abascal y Javier Ortega Smith como portavoces en su papel de coordinadores de la acusación. Ambos han manifestado la intención del partido de recurrir por todos los medios la sentencia, a la que consideran un "gravísimo error judicial en la interpretación de unos hechos muy graves de rebelión que están perfectamente acreditados". Por tanto, la acusación particular ejercida por Vox se desmarca de lo decidido por los magistrados, que desestimaron el delito de rebelión y sólo contemplan en la sentencia el de sedición.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado a Sánchez que se comprometa este mismo lunes, 14 de octubre, a no indultar a los condenados, ya que según palabras del presidente de la formación "quien la hace la paga", informa EFE. Además, Casado ha afirmado que el Ejecutivo debe responder a cualquier llamamiento a la rebelión o insurreción que se haga tras el dictamen de los jueces, así como "romper todos los pactos de gobierno" con aquellos que han "atentado contra el Estado de derecho".

Por su parte, Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, ha publicado un extenso hilo en Twitter con sus valoraciones de la sentencia, puntualizando que, a pesar de discrepar "absolutamente con ellos", conoce la "calidad humana y la profundidad moral de sus convicciones" de los líderes del 'procés' por las veces que les ha visitado en prisión.

[Lea la sentencia completa del 'procés']

Iglesias ha criticado que con la decisión del Tribunal Supremo no se pone fin al "problema político de fondo, que sigue ahí, irresuelto y agravado por las brechas emocionales producto de la manera equivocada en la que se ha abordado la crisis". "Todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia, pero a partir de hoy toca arremangarse y trabajar por construir puentes entre una sociedad catalana dividida y entre parte de la sociedad catalana con la sociedad española", ha añadido al respecto de la división en Cataluña.

Más País, la formación liderada por Íñigo Errejón, ha hecho hincapie en que "estamos más lejos que ayer de rehacer puentes entre la sociedad catalana" después de la sentencia condenatoria a los líderes del 'procés'. Asimismo, Alberto Garzón se ha lamentado de la decisión del Supremo tras haberse establecido "unas penas sumamente desproporcionadas para los dirigentes independentistas, cuya presencia en prisión no facilitará la resolución del conflicto en Cataluña".

Las reacciones de los condenados

Tras darse a conocer la sentencia del 'procés', se están sucediendo las primeras reacciones de los imputados, que desde la cárcel están manifestando su repulsa a la sentencia del Tribunal Supremo a través de redes sociales y llaman a la resistencia del movimiento independentista. El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha llamado "persistir" después del anuncio de la condena del Supremo y han sentenciado lo siguiente: "Volveremos más fuertes, más convencidos y firmes que nunca. Nosotros persistiremos siempre".

El líder de Ònmium Cultural, Jordi Cuixart, condenado a nueve años de cárcel por sedición, ha escrito a través de su perfil en la red social Twitter un "mensaje desde la prisión": "La respuesta a la sentencia, reincidencia. Lo volveremos a hacer. Amnistía, democracia y autodeterminación".

Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento, ha denunciado públicamente la "injusticia" que, según su criterio, se ha cometido con los miembros del Govern. Forcadell ha señalado que "el libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo allí donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo debe vencer. ¡Vamos a salir!"

Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también ha reaccionado en Twitter a las condenas dictadas por el Supremo contra los líderes del 'procés', manifestando que los cien años de prisión que acumulan en total los procesados son una "barbaridad". "Ahora más que nunca, a su lado y al de sus familias", ha comentado también Puigdemont, llamando en su publicación a la movilización "como nunca" antes.

"Si hubieran juzgado los hechos, nos habrían absuelto. Como han juzgado las ideas las ideas, nos han condenado", ha expresado Jordi Turull, el 'exconseller' de Presidencia que se enfrentará a una pena de cárcel de 12 años por los delitos de sedición y malversación. "Condenándonos han castigado a dos millones y medio de catalanes que votaron en el 1O en uno de los ejercicios más extraordinarios de democracia que ha vivido Europa en el siglo XXI. Nos mantendremos, pueblo".

Cataluña llevaba meses esperando la sentencia del conocido como juicio del 'procés' y finalmente ha llegado este lunes. El Tribunal Supremo, con Manuel Marchena al frente, ha descartado el delito de rebelión por el que acusaba la Fiscalía y ha condenado a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras por sedición y malversación, mismos delitos que atribuye los 'exconsellers' Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, a los que impone la pena de 12 años de cárcel. Un escalón por debajo quedan los presidentes de las asociaciones soberanistas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los que se condena por sedición, pero no por malversación: nueve años de cárcel para los Jordis, 10 años y medio para los dos 'exconsellers' y 11 años y medio para la expresidenta del Parlament.

La sala da por probada la existencia de violencia, pero asegura que no basta con la constatación de indiscutibles episodios de la misma para determinar que lo sucedido se corresponde con un delito de rebelión. Asegura también que no se puede determinar el tipo penal respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia, ya que esto supondría incurrir en un reduccionismo analítico que el tribunal no puede suscribir. Para hablar de rebelión, tiene que darse una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios a los fines que animan la acción de los rebeldes. Es violencia para lograr la sedición, no violencia para crear un clima o un escenario que haga más viable una ulterior negociación.

Este fallo llega cuando nueve de los doce acusados, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, llevan casi dos años en prisión y después de que se haya llevado a cabo uno de los juicios más mediáticos de la historia del país con 52 sesiones que se comprendieron entre el 12 de febrero de 2019 y el 13 de junio de este mismo año.

Así, la decisión del Supremo cierra un ciclo judicial que, según se prevé, marcará la campaña electoral de cara los comicios generales del próximo 10 de noviembreque arrancará oficialmente el día 1 de ese mismo mes aunque muchos partidos ya han lanzado sus principales propuestas de cara a convencer a su electorado mostrando también parte de sus posturas respecto a la crisis de convivencia en Cataluña y sobre la posibilidad o no de que se realice un referéndum legal en la autonomía.

Lo que pedía la Fiscalía, el Estado y Vox

Para Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores, Jordi Turull, exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern, Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Joaquim Forn, exconsejero de Interior, la Fiscalía pedía 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. Por su parte, la Abogacía del Estado solicitaba 11 años y medio de cárcel por delitos de sedición y malversación para cada uno de estos exmiembros del Govern; y Vox 74 años de prisión por delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, la Fiscalía solicitaba 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por malversación de caudales públicos. Además, la Abogacía del Estado solicitaba 12 años de cárcel por sedición y malversación, mientras que la acusación popular, ejercida por el partido Vox, reclamaba 74 años de cárcel por rebelión, organización criminal y malversación.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, llegaba al juicio en el Supremo con la Fiscalía solicitando 17 años de prisión por un delito de rebelión y la abogacía del estado diez por uno de sedición; y para Santi Vila, exconsejero de Cultura, Carles Mundó, exconsejero de Justicia, y Meritxell Borràs, exconsejera de Governació, que se encontraban hasta la fecha en libertad condicional, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaban 7 años de cárcel por delitos de desobediencia y malversación.

Por último, para los líderes de la ANC y Òmnium cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, también en prisión hasta la fecha, la Fiscalía había solicitado 17 años de cárcel por un delito de rebelión mientras que la Abogacía del Estado lo reducía a una pena de ocho años y por un delito de sedición.