Se deja el peso de la réplica a ANC y Òmnium

La Generalitat opta ahora por responder a la sentencia con “desobediencia simbólica”

JxCAT y ERC han estado negociando celebrar un pleno monográfico sobre la sentencia, pero tampoco hay acuerdo por miedo a que al final salgan resoluciones contrarias al soberanismo

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto a todo el Govern, el pasado 1-O. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto a todo el Govern, el pasado 1-O. (EFE)

La Generalitat ya sabe cómo responder a la sentencia del Tribunal Supremo. Lo hará a través de lo que denominan “desobediencia simbólica”, según explican fuentes del Palau. Lo que pasa es que no se atreven a explicarlo porque en la práctica la desobediencia simbólica no es desobediencia. Y eso pone todo el peso de la respuesta a la sentencia del juez Manuel Marchena sobre la ANC, Òmnium y esa plataforma virtual y liderada de manera anónima que se denomina Tsunami Democràtic. En otras palabras, se deja el marrón de las movilizaciones a la gente mientras que los políticos que las han instigado permanecerán al margen.

Este martes, la 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, no atinó ni a calificar la respuesta de la Generalitat de “desobediencia” y se limitó a señalar que sería una “respuesta institucional”. Que ya sabían cuál era pero que no lo iban a decir. Y punto. Pero en realidad sí lo saben y no se atreven a confesárselo a la gente, que no es lo mismo. Porque llevan meses generando una expectativa que luego no se va a corresponder con la realidad. De nuevo, se repite el patrón de octubre de 2017: se promete a sus seguidores algo —paralizar el país, que intervenga Europa, acorralar a España—, pero luego ellos son incapaces de mojarse.

La CUP, JxCAT y los medios de comunicación afines han hecho creer que la polémica resolución del Parlament insta a la Generalitat a la desobediencia institucional. Pero si se lee la resolución atentamente, no dice eso. La resolución 31 aprobada el pasado 26 de septiembre “afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de los derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados”. Es decir, considera la desobediencia institucional “legítima”, pero no insta a la Generalitat a utilizarla, porque, entre otras cosas, estaría empujándola a un delito. De nuevo, equilibrios jurídicos para no topar con la Abogacía del Estado mientras que se lleva a pensar a la parroquia propia que se va en otra dirección. Igual que el 27 de octubre de 2017: ventajismo calculado en que los tahúres no timan a España sino a sus propios seguidores soberanistas. Otra vez abocados al farol de Ponsatí.

De hecho, en la resolución 26 del mismo día, el propio Parlament, en su punto b), señala: “Se conjura a liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, la garantía y la defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, de las libertades y del ejercicio del derecho de autodeterminación y en el respeto de la democracia, conjuntamente con el resto de instituciones democráticas de Cataluña”.

Evitando los delitos

Es decir, el propio Parlament elude para sí mismo lo que también evitó para la Generalitat. Se habla de “respuesta institucional”, la misma terminología de Budó, pero no de “desobediencia institucional”, aunque luego cuando lo cuenten los medios parezca lo mismo. Pero no lo es. Y, por tanto, se fía todo a las 80.000 personas apuntadas al grupo de Telegram de Tsunami Democràtic y a las que se ha pedido que permanezcan a la espera con provisiones, viandas, un transistor a pilas y una silla plegable. La Generalitat se limitará a un comunicado de condena de Quim Torra que mostrará su indignación por el fallo. Y punto.

Quim Torra y su vicepresidente, Pere Aragonès, en una reunión del Ejecutivo catalán. (EFE)
Quim Torra y su vicepresidente, Pere Aragonès, en una reunión del Ejecutivo catalán. (EFE)

Fuentes de JxCAT explican que tampoco hay acuerdo en qué respuesta se quería dar desde el Parlament. JxCAT y ERC han estado negociando celebrar un pleno monográfico sobre la sentencia, pero se tiene miedo de que al final las resoluciones que salgan del mismo se vuelvan en contra del independentismo. El pleno monográfico sería perfectamente legal, ya que no hay problema en opinar o disentir en público de una sentencia siempre que se acate.

La desobediencia simbólica cuenta con el precedente de los pueblos como Amer, de donde es natural Carles Puigdemont, y que se han declarado territorios libres y soberanos, pero ni lo ha hecho el alcalde, ni han celebrado un acto en la sala de plenos ni se tomará decisión administrativa alguna que pueda incomodar a nadie. De nuevo, tacticismo legal calculadísimo envuelto en verbo incendiario.

Más allá de lo que puedan movilizar la ANC, Òmnium, la Cámara de Comercio de Barcelona y los CDR, quedan Carles Puigdemont y su Consell per la República. En este momento, el Consell tiene menos seguidores que el canal de Telegram del Tsunami Democràtic, pero no hay que menospreciar al 'expresident'. Lleva mucho tiempo preparando el momento de la sentencia y todavía le puede quedar algún as en la manga, según apuntan fuentes de su entorno en Waterloo.

Despliegue policial

Mientras, el Ministerio del Interior está desplegando policía en Cataluña. Los efectivos suman 400 policías nacionales, incluyendo 150 agentes de las tres Unidades de Intervención (UIP, antidisturbios) destinados de manera permanente en Cataluña, otras tres unidades de UIP procedentes de Granada, Sevilla y Bilbao y otro centenar de agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Madrid, con funciones similares de antidisturbios.

De la Guardia Civil, hay seis pelotones de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS, 120 antidisturbios en total) destinados a la protección de infraestructuras críticas, a los que se han sumado ahora otros 11 pelotones: unos 220 agentes de antidisturbios, para reforzar la seguridad en puntos como el aeropuerto de Barcelona, señalado en redes como un objetivo de los activistas para imitar las movilizaciones de Hong Kong. Budó, en su rueda de prensa de este martes, aseguró que, en opinión de la Generalitat, este despliegue adicional no era necesario.

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