Los Mossos temen que las protestas por la sentencia les desborden por falta de efectivos

Habrá movida en Cataluña y de la gorda. Desde los sectores más activos, cercanos a los partidos soberanistas, a las entidades separatistas y al propio Govern, se prepara una potente maquinaria legalista y propagandística (en la que sin disimulo se echa mano de la televisión pública catalana) para erosionar al Estado español y crearle los máximos problemas posibles.

En el clima de creciente crispación, la situación dentro de los Mossos d’Esquadra se vuelve también cada día tensa. El poder político no está por la labor de que la Policía autonómica tenga que realizar su labor al margen de la política. O, al menos, al margen de la política que le dictan desde el Govern. Mientras el consejero de Interior, Miquel Buch, presentaba a la prensa las bondades de su departamento (el traslado de casi 400 agentes a la ciudad de Barcelona, para hacer frente a la creciente inseguridad de la capital catalana), sus propios subordinados le dejaban en el despacho una misiva alarmante: requieren más efectivos, menos política y más interés por el servicio de seguridad. Lo cierto es que los ‘mossos’ destinados a cubrir el déficit de seguridad de la capital catalana han sido detraídos de otras zonas donde el nivel de conflictividad va creciendo día a día. Es decir, lo que se ha hecho es desvestir un santo para vestir otro.

Un comunicado público del Sindicat de Policíes de Catalunya (SPC) alerta este martes de que “la falta de efectivos acabará provocando una desgracia personal”. Hacía referencia a un incidente ocurrido este lunes en la localidad de Sant Vincenç dels Horts, donde una desangelada patrulla de los Mossos tuvo que intervenir en una pelea. Un detenido rompió los cristales del coche patrulla y los agentes apenas podían contener la turba.

“La situación es inadmisible. Los hechos son los siguientes: unos compañeros practican una detención y el detenido rompe el cristal de la patrulla. Luego, sale y sube al techo del vehículo para romper posteriormente el cristal de atrás con la cabeza. Mientras, los agentes están rodeados de vecinos increpándolos. Incluso había quien intentaba ayudar al detenido. En esta situación, los compañeros piden apoyo urgente y ha de llegar de otro municipio por la grave falta de efectivos y porque se denegó la actuación a compañeros más cercanos”.

El enojo de los agentes es lógico: había patrullas cercanas de los Mossos, pero se les denegó el auxilio en esa actuación porque estaban destinados al dispositivo Toga. Es decir, los que hacen guardia estática frente a juzgados. “No es la primera vez que pasa”, se queja el SPC. Si hubiese habido agresión física a la patrulla del coche en el lugar del incidente, las consecuencias hubiesen sido impredecibles.

Carta al director general

A consecuencia de la situación, el sindicato policial pide medidas. “Del peor consejero de la historia hace tiempo que esperamos que cese de una vez y que al frente de Interior venga alguien con cordura y preparado que se preocupe por el cuerpo”.

Paralelamente, el SPC dirigió una carta al flamante nuevo director general de la Policía, Pere Ferrer (hasta la pasada semana, jefe de gabinete del 'conseller'), en la que le reclaman “una reunión urgente para tratar este tipo de situaciones, en las que se deniega el apoyo de agentes de servicio en el dispositivo Toga y donde se suma la inseguridad técnica de los vehículos destinados al traslado de detenidos”. En la carta, le recuerdan que los agentes del dispositivo Toga se ofrecieron para ayudar a la patrulla con problemas pero su intervención “fue denegada por la superioridad a pesar de que la integridad física de los policías estaba en peligro”.

Y subraya el sindicato que con el incidente “se vuelve a demostrar que el actual sistema de seguridad pública no es viable con el número de efectivos de los Mossos”. Constata también el sindicato “la fragilidad de los cristales de las puertas traseras de los vehículos policiales”, advirtiendo de que ponen en riesgo tanto a los agentes que realizan los traslados como a los propios detenidos.

Dentro de los Mossos hay preocupación por los incidentes que se puedan causar con motivo de la sentencia. Desde el Gobierno catalán, se ha alentado a una movilización “masiva y unitaria” contra la misma y se ha intentado minimizar el llamamiento a la desobediencia. Pero en la principal fuerza policial de Cataluña, que depende políticamente de Quim Torra, no se esconde la inquietud. “En la última reunión de la cúpula, justamente cuando dimitió el anterior director general, ya se dejó claro que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra está para garantizar la seguridad. Además, está al caer el juicio contra el anterior jefe, Josep Lluís Trapero [acusado de sedición], y nadie quiere volver a revivir la misma situación, no solo por las consecuencias personales, sino incluso las colectivas de descrédito de un cuerpo policial”, señala un miembro cualificado de los Mossos a El Confidencial.

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David Fernández

Teléfonos para "casos de emergencia"

Los indicadores objetivos de la situación no dejan de ser preocupantes. Las instituciones catalanas, partidos políticos e instituciones públicas (empezando por el propio Govern) alientan a la ciudadanía a salir a tomar las calles tras la sentencia. Y todas las plataformas extremistas, así como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), han comenzado a distribuir entre sus activistas los teléfonos de bufetes de abogados que les representarán de forma gratuita pase lo que pase.

La ANC abrió este martes un “servicio de asistencia jurídica gratuita y libre solo para casos de emergencia”. Facilita un número de teléfono y una extensión. “No podremos atender consultas y dudas, solo casos de emergencia. Gracias a las cuotas de los socios y las socias, podemos ofrecer servicios como este”, dice la entidad cívica antes de facilitar un enlace para captar socios.

Lo curioso del caso es que de eso se desprende que el independentismo ya espera que haya detenciones. Según la ANC, “en un alto contexto represivo, y previendo que la sentencia del 1-O pueda acelerar una cadena represiva, la entidad quiere dar cobertura legal a la ciudadanía en casos de extrema necesidad o de emergencia”.

Todo funciona como una maquinaria. Este domingo, se distribuyeron entre los radicales los teléfonos de los abogados de la ANC, los del “servicio permanente de la Comisión de Defensa”, los de dos despachos más de Barcelona, un teléfono de emergencia “en caso de detención”, los de otro despacho de abogados (de 7 a 24 horas) y el “número de WatsApp de TV3 para enviar imágenes de posibles incidencias”.

Esta iniciativa denota dos cosas importantes: la utilización 'a priori' que se va a hacer de los medios públicos catalanes y el intento de involucrarlos en una estrategia de información/desinformación de lo que ocurra en la calle. El número para enviar las imágenes al ente público, no obstante, no coincide con el que figura en su web, sino que es un teléfono que se utilizaba, al menos, hasta el referéndum del 2017. En otras palabras, era el enlace que tenían los radicales en aquel momento con sus colegas de TV3.

En este maremágnum, la plataforma creada para vehicular las protestas por la sentencia está bien engrasada, con la consigna de que todos los ‘patriotas’ deben apuntarse a los canales de Tsunami Democràtic junto a sus familiares para recibir órdenes que han de ser obedecidas puntual e inmediatamente. De ahí que en sus consignas internas, repitan continuamente que los ‘patriotas’ deben dejar de hacer lo que estén haciendo en un momento determinado y acudir inmediatamente a donde les llamen para la correspondiente movilización. Todo con estricta puntualidad y disciplina alemana.