Deriva progresiva

Puigdemont y CUP radicalizan el Parlament para avalar la desobediencia institucional

Ni ERC ni buena parte del PDeCAT, incluyendo muchos de los consejeros que se sientan en las bancadas del Govern en el Parlament, comparten esta estrategia, pero se dejaron llevar

Foto: Miembros de la CUP abandonan el Parlament en protesta por los CDR encarcelados. (EFE)
Miembros de la CUP abandonan el Parlament en protesta por los CDR encarcelados. (EFE)
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Los sectores más radicales del soberanismo catalán lograron esta semana que el Parlament avalase la desobediencia institucional como respuesta política a una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo por los hechos en que culminó el 'procés' en octubre de 2017. En un clima de bronca, lo más fundamental no fue cómo se perdieron las formas, desde Quim Torra a Carlos Carrizosa, sino cómo se aprobó una resolución que iba en la misma línea que el último comunicado del Consell per la República, lo que supuso un victoria política, otra más, de Carles Puigdemont, esta vez de mano de sus nuevos socios preferentes, la CUP, que fueron los que presentaron el texto en cuestión.

La resolución aprobada señala de manera textual: "El Parlament de Catalunya afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados".

Los ejes del texto presentado por la CUP y que fue votado por la formación anticapitalista, por ERC y por JxCAT —los Comunes se abstuvieron— tiene mucho en común con el comunicado que hizo el Consell per la República el pasado 24 de septiembre dos días antes y se mueve sobre los mismos ejes teóricos: implementación de la República y validez del denominado "mandato del 1 de octubre".

"Entendemos que la única manera de acabar con estas detenciones arbitrarias y las diversas formas de represión que el Estado español aplica a la sociedad catalana es el desbordamiento democrático del Estado Español y por eso nos reafirmamos en la hoja de ruta aprobada y publicada por el Consejo el pasado 14 de septiembre: hacer efectivo el mandato del primero de octubre y constituir la República Catalana", señalaba el documento del ente que preside Carles Puigdemont en Bélgica. Los paralelismos resultan más que evidentes y reflejan quién marca el ritmo en Cataluña.

Bronca entre los diputados de Cs y el Govern durante la sesión. (EFE)
Bronca entre los diputados de Cs y el Govern durante la sesión. (EFE)

En otras palabras, el Parlament se alineaba con Puigdemont y sus designios marcados desde Waterloo. Y lo hacía con la intermediación de la CUP, ahora que el 'expresident' quiere sumar a Front Republicà y poner de candidata para el congreso a la 'cupaire' Mireia Boya, una alternativa que pone los pelos de punta a Artur Mas y la vieja guardia del PDeCAT y con la que se arriesga a la ruptura definitiva del partido.

Ni ERC ni buena parte del PDeCAT, incluyendo muchos de los consejeros que se sientan en las bancadas del Govern en el Parlament, comparten esta estrategia. Al contrario, consideran que la desobediencia ha de ser solo civil, pero no institucional. Pero, como en octubre del 2017, se van viendo arrastradas por los sectores más radicales. Fuentes de JxCAT y ERC aseguran que este jueves fue Torra en persona el que más luchó por que se aprobase esta resolución.

En sede parlamentaria

Torra ya había abandonado cualquier prudencia en su discurso de Política General, el miércoles, cuando afirmó en sede parlamentaria: "Hasta nueve personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo, ­—dos de ellas ya en libertad acusadas de pertenecer a una banda terrorista—, en una operación judicial-policial-mediática que hacía saltar todos los principios de la presunción de inocencia (contra la directiva europea 2016/343) y que servía para inventar un falso relato de violencia en Cataluña. Así como, vemos con preocupación que no se esté aplicando el informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas". Quim Torra no le dio ninguna oportunidad al Estado de Derecho. Igual que Puigdemont desde Waterloo. Para Torra, Puigdemont y JxCAT, los detenidos son inocentes, digan lo que digan las pruebas, el juez o la instrucción.

La actitud de Torra y JxCAT en el Parlament indignó a Cs y su grupo perdió los papeles. Pero todo es fruto de pasadas decisiones de Torra: dando nivel de interlocución a los CDR, dirigiéndose a ellos, avalando sus protestas, cuando son grupos anónimos en los que entra cualquiera y que funcionan al margen de cualquier control. Ahora los detenidos son miembros de los CDR, los CDR están en cuestión desde Madrid, no el independentismo en bloque, pero ni Torra ni el resto son capaces de desmarcarse en previsión de que la causa judicial pueda evolucionar de manera contraria a lo que prevén.

Incomodidad de socios y aliados

Tras el pleno portavoz de ERC, Sergi Sebrià, se esforzó en dejar claro que su grupo condenaba la violencia, cualquier violencia. Torra no hizo nada de esto, en medio del deterioro general de las instituciones y de la calidad democrática en Cataluña.

Los Comunes no apoyan la desobediencia institucional a la que quiere ir Puigdemont. Previsiblemente, la resolución será impugnada por el Tribunal Constitucional. Es un camino que ya se inició en 2015 con una resolución parecida en la que arrancó la fase final del 'procés' que acabó en el naufragio de octubre de 2017.

Cataluña

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