Denunciado por CCOO y CSIF

La oscura historia de Iñaki Rivera, uno de los hombres que 'vigiló' el juicio del 'procés'

Rivera es un abogado argentino residente en Barcelona que fue el promotor y portavoz de International Trial Watch, la supuesta plataforma internacional que 'vigiló' el juicio del 1 de octubre

Foto: Última sesión del juicio del procés (EFE)
Última sesión del juicio del "procés" (EFE)

El nombre de Iñaki Rivera era apenas conocido hasta hace poco. De hecho, era uno de los nombres que muchos tenían en boca, pero que pocos se atrevían a ubicar correctamente. Una querella de CCOO y del CSIF le ha puesto en el foco mediático. Y su historia no deja de ser sorprendente: profesor titular de Derecho de la Universidad de Barcelona, es también presidente del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), un organismo de la propia universidad que ha creado una intrincada red clientelar de plataformas a las que se da un uso político.

Rivera es un abogado argentino residente en Barcelona. Pero, sobre todo, fue el promotor y portavoz de International Trial Watch (ITW), la supuesta plataforma internacional que se dedicó a 'vigilar' el juicio del 1 de octubre y cuyos 'especialistas' tenían como principal misión desacreditar al Tribunal Supremo. El informe final de la vigilancia era, a la vista de quién estaba tras ITW, predecible desde el primer día. Y, de hecho, las opiniones de los 'expertos' destacados por esta plataforma fueron utilizadas a diario por los medios soberanistas para intentar desacreditar las jornadas del juicio.

Pero, de ‘cazador’, Rivera ha resultado ‘cazado’. En un programa de TV3, arremetió contra el sistema de prisiones catalán y contra los funcionarios. Vino a decir que en las prisiones catalanas se tortura a los presos, que había ocultaciones de muertes, vejaciones, aislamientos de reclusos y otras lindezas. "Su descripción era muy tétrica, y más porque se refirió a los funcionarios en general”, dice a El Confidencial un funcionario en activo. El resultado final fueron dos querellas por calumnias e injurias interpuestas por CCOO y CSIF, dos de los sindicatos más representativos del ramo.

No era la primera vez Rivera se metía en berenjenales: en el año 2004 tras una huelga de presos en la cárcel de Quatre Camins, denunció a un puñado de funcionarios. Este diario intentó durante varios días ponerse en contacto con el profesor, pero jamás contestó a ninguna de las llamadas que se le hicieron tanto a su despacho como al Observatorio que preside. Según publicaron algunos medios en su momento, las denuncias provocaron actuaciones judiciales que terminaron con condenas de varios funcionarios. Desde entonces, se le prohibió la entrada en las cárceles catalanas por ofrecer una supuesta falsa visión de la realidad. "Es el único miembro de los observatorios que tuvo problemas con los funcionarios. No es bienvenido", señala un funcionario de prisiones a este diario.

Alineado con la independencia

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona (UB) Iñaki Rivera (1d) junto a la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló (c) y otros observadores del juicio del 1-O. (EFE)
El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona (UB) Iñaki Rivera (1d) junto a la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló (c) y otros observadores del juicio del 1-O. (EFE)

El castigo se le levantó en el 2016, con el ‘procés’ en marcha. Desde entonces, sus contribuciones y favores a la estrategia independentista han sido de notable alto, desde la contribución a informes para desprestigiar al Estado español hasta el último intento de politizar internacionalmente el juicio del 1-O y mostrarlo ante las instancias internacionales como una farsa. En junio del año pasado, fue el presentador del informe anual de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, auspiciado por el Ayuntamiento de Barcelona (con el que Rivera tenía inmejorables relaciones), en unas jornadas bajo el lema ‘Tortura y violencia institucional en el Estado español’. Jornadas, por supuesto, donde solo intervinieron ponentes alineados con el independentismo: desde Roger Español (el activista que perdió un ojo el 1-O) hasta Txell Bonet, esposa de Jordi Cuixart, o Enric Borràs, periodista independentista.

Alberto Gómez, responsable de la sectorial de Prisiones del sindicato CSIF, señala a El Confidencial que “muchas de las cosas que explica Rivera son mentira. Tras el motín de Quatre Camins en 2004, tan solo un compañero fue expedientado. Y desde el 2016, se le abrieron de nuevo las puertas de los centros, en los que campa a sus anchas. Parece que su único fin es desprestigiar a nuestro colectivo”.

Aseguran desde el CSIF que sus declaraciones sobre torturas en las cárceles catalanas se produjeron en un momento en que "hubo un repunte de las agresiones de internos a funcionarios, pero pasó por alto los números y que más de 200 funcionarios fueron agredidos por sus protegidos. Además, obvió que en las cárceles hay cámaras de vigilancia. Las cámaras no son nuestras enemigas, y gracias a ellas podemos demostrar que muchas acusaciones son falsas”.

"Muchas de las cosas que explica Rivera son mentira. Tras el motín de Quatre Camins en 2004, tan solo un compañero fue expedientado"

Gómez es categórico al subrayar que Rivera "parece que lo que tiene es inquina hacia nuestro colectivo. No sé si eso será para justificar las subvenciones que pueda recibir. Pero queremos que limpie nuestro nombre. Cuando le pedimos una rectificación, solo dijo: 'Yo no quiero ofender a nadie, pero lo que digo es verdad'. Si es así, mejor que se calle y que deje de utilizar a la justicia de manera grotesca, porque en el 2016 hubo 150 agresiones a funcionarios, pero en 2017 fueron 206 y el año pasado ya se elevaron a 251”.

Montse Ros, portavoz de CCOO de Cataluña, explica a El Confidencial que "interpusimos una denuncia para que aclarase sus palabras y esta semana lo ha hecho. Por eso, hemos hecho un escrito al juez dándonos por satisfechos, al haber aclarado el sentido de sus acusaciones en la misma TV3. En realidad, había realizado afirmaciones muy severas sobre torturas o muertes en las cárceles achacando conductas impropias a la mayoría de los funcionarios, pero lo ha aclarado. Lo malo es que sus palabras coincidieron con un aumento considerable de agresiones a funcionarios y eso indignó aún más a un colectivo ya de por sí muy castigado".

Ros explica que el sindicato ya hizo un escrito al juzgado dándose por satisfecho “y por eso esperamos que se archive el caso”. El CSIF, en cambio, sigue con su denuncia. Y, por si fuera poco, una plataforma de funcionarios particulares lleva ya más de 170 adscripciones para contratar un abogado particular y interponer una querella colectiva contra el profesor universitario. El tema judicial, pues, no parece estar a punto de acabar. "La libertad de expresión es muy bonita, pero tiene sus limitaciones. Si eres libre de decir lo que piensas, también te expones a que te denuncien por lo que puedas decir", añade Alberto Gómez.

“La denuncia nos espolea”

Rivera declaró ante el juez el 18 de septiembre, donde se ratificó en sus declaraciones y achacando las denuncias a "un intento de coartar las investigaciones sobre maltratos en las prisiones". Y añadió ante el magistrado: "Esta denuncia no nos parará, sino que nos espolea a continuar". El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitió un comunciado en el que denuncia que Rivera está siendo objeto de “actos de estigmatización, hostigamiento y criminalización”. El Observatorio hacía una encarnizada defensa de su colega, afirmando que los procedimientos judiciales en su contra se hacen “en un contexto de hostilidad, desprestigio, criminalización y represalia por su arraigada labor de denuncia de los malos tratos y de la tortura en los centros penitenciarios”.

Llega a decir el Observatorio que el activista “ha recibido graves descalificaciones y estigmatizaciones y los funcionarios de prisiones promovieron la prohibición de entrada del señor Rivera a los centros penitenciaros de Cataluña”. En realidad fue la socialista Montserrat Tura la que le vetó la entrada en los centros tras las polémicas de sus acusaciones sin pruebas sobre supuestas torturas en las prisiones.

También asegura la entidad internacional que hay un contexto “en España en el cual se está observando una tendencia al uso indebido del derecho penal contra declaraciones y mensajes protegidos por la libertad de expresión”. Obvia que son los propios trabajadores penitenciarios los que iniciaron los procesos judiciales después de que Rivera se negase a rectificar y, como todos coinciden en señalar, “para restituir el buen nombre del colectivo”. Y recuerda la OMCT que “la presente campaña de ataques no es un hecho puntual, sino que se suma a una larga lista de graves ataques en su contra desde el año 2004, incluyendo insultos, descalificaciones, amenazas y actos de hostigamiento como represalia a su legítimo trabajo de defensa de los derechos humanos”.

Una plataforma de funcionarios particulares lleva ya más de 170 adscripciones para interponer una querella colectiva contra el profesor universitario

No solo este organismo saltó en su defensa. También lo hizo la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). En realidad, nadie duda de la trayectoria de Rivera en materia de defensa de los derechos humanos: lo que se pone en duda es que generalice actuaciones puntuales. Como si la tortura, las vejaciones y los aislamientos fuesen moneda común en los centros penitenciarios de España. Sus detractores tampoco tienen clara la veracidad de algunas de sus afirmaciones y, sobre todo, de la utilización política que hace del tema.

OMCT y FIDGH enviaron una carta conjunta a cargos políticos (entre ellos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la consejera de Justicia, Ester Capella), exigiendo aclaraciones sobre la “campaña” contra Rivera y la “tendencia al uso indebido del derecho penal contra declaraciones y mensajes protegidos por la libertad de expresión”. Y le piden que velen por “la integridad física y psicológica del señor Iñaki Rivera”.

En los últimos días, destacados activistas proclives a la independencia de Cataluña se han posicionado también para defenderlo. Por las plataformas soberanistas ya ha empezado a correr un mensaje que ha sido enviado a los más destacados defensores internacionales de la República Catalana: “This is absolutely intolerable. Professor Iñaki Rivera, an eminent acadèmic (sic) and one of the organizers of International Trial Watch accused by a judge for denouncing torture in Spanish prisons!”, dice el escueto mensaje. Obvian que las prisiones a las que se refiere son las catalanas, regidas por la Generalitat de Cataluña, no por el Gobierno español. Pero en la lucha política todo vale. Incluso la manipulación.

Cataluña

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