Documentos oficiales de la Generalitat enseñan a los altos cargos a criticar a España

Documentos oficiales del Gobierno catalán atacan a España y facilitan a los altos cargos políticos datos que han de facilitar en foros internacionales para justificar la secesión. Así consta en los documentos aprehendidos por la Guardia Civil y que están en poder del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Estos documentos llevan el logotipo de la Delegación del Govern en el Reino Unido e Irlanda.

En estas recomendaciones, la Generalitat acusa al Estado español de “menosprecio por la lengua” (se refiere al catalán), de “deslealtad institucional”, de incumplir el artículo 3 de la Constitución, de atacar “el modelo de escuela catalana”, de fomentar la conflictividad institucional, de falta de colaboración en seguridad y protección civil, de atacar el modelo comercial catalán y la defensa de los consumidores, de restringir la libertad de acción exterior y de laminar el autogobierno.

A partir del informe titulado ‘Crónica de una ofensiva premeditada’, el Gobierno catalán elaboró un compendio de lo que deberían decir sus ‘embajadores’ en el extranjero para dejar en mal lugar a España, 23 páginas en las que habla de falta de voluntad de diálogo, ahorro económico, acuerdos fallidos, discrecionalidad en el reparto de recursos, recentralización, incumplimientos del Estado y ataques de España a los elementos integradores y cohesionadores de Cataluña.

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En este informe habla de un “saldo negativo de la balanza fiscal” de 15.006 millones de euros anuales, según el método del flujo monetario. En cambio, según el método carga-beneficio, el “déficit fiscal de Cataluña se concretó en 11.087 millones de euros, que corresponden al 5,7% del PIB catalán”. También acusa al Estado español de deber a Cataluña 2.456 millones de euros por los pactos entre las dos administraciones para cumplir la disposición adicional tercera del Estatuto de autonomía. En la lista de agravios figura también la acusación de que España “se negó a negociar un pacto fiscal para Cataluña”. También subraya que el Estado le debe 240 millones de euros no pagados de la Ley de Dependencia, al margen de otras partidas menores.

Manipulación de elecciones y el 9-N

Justifica la secesión el documento, entre otras cosas, por la falta de voluntad de diálogo de España. Detalla que “se ha paralizado el desarrollo del autogobierno” y que “no se ha reunido ninguno de los órganos bilaterales Estado-Generalitat previstos para desplegar el Estatuto”. Llega a decir que “en noviembre del 2012, el pueblo de Cataluña se pronunció mayoritariamente (2/3 partes) a favor del derecho a decidir”. En realidad, a lo que se refiere el informe son las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012, en las que Convergència pasó de 62 a 50 diputados y ERC creció de 10 a 21 y la CUP obtuvo 3. Entre ambas formaciones, tenían 71 escaños, mayoría absoluta, pero lejos de los dos tercios aludidos en el documento.

Además, da por buena la consulta del 9 de noviembre de 2014 (por la que fueron condenados Artur Mas y varios de sus consejeros). Hay que destacar, en este sentido, que el informe fue elaborado en el 2015, antes del referéndum del 2017, por lo que la consulta del 1-O no se contempla. En estos puntos es donde más se aprecia la manipulación de la realidad, puesto que equipara las autonómicas como si fuese una consulta de autodeterminación y luego asume una consulta (a la que no dio validez ni el mismísimo Gobierno catalán) como si fuese un referéndum. “DE los 2.344.828 participantes, 1.897.274 personas votaron ‘sí, sí’ (es decir, que Cataluña se convierta en un Estado independiente). Seguidamente, el President envió una carta al presidente Rajoy para iniciar un diálogo para acordar los términos de una consulta definitiva y vinculante”, dice el texto. Ello supondría dar por válido como referéndum el 9-N, algo que ni siguiera asumen en estos momentos los partidos o las organizaciones independentistas.

En materia de sanidad, el documento del Govern acusa al Gobierno español de dañar la sostenibilidad del sistema sanitario catalán y asegura que “el Estado no ha compensado por la asistencia sanitaria a desplazados de otras comunidades autónomas a los centros de Cataluña, lo que supone más de 50 millones de euros anuales”.

Asegura, asimismo, que en el ámbito de la enseñanza “además del ataque continuado al modelo de escuela catalana, las transferencias del Estado se han reducido un 98% desde 2010: pasaron de 147,3 millones el año 2010 a 2,8 millones el 2015 (sin incluir la partida de becas)”. En el ámbito cultural, asegura, las aportaciones estatales en equipamientos se redujeron un 42% de media. También en el ámbito deportivo “la Generalitat ve obstaculizada la proyección internacional de las organizaciones deportivas catalanas (entidades privadas) a raíz de las injerencias del Gobierno español mediante las federaciones deportivas españolas. Las injerencias también se visualizan con las presiones diplomáticas para evitar la participación de las selecciones catalanas en competiciones deportivas internacionales”.

En el campo de las infraestructuras, denuncia el agravio comparativo de las inversiones, comparando el 100% de la obra ejecutada en Cercanías de Madrid con el exiguo 7% de las obras de Cercanías de Barcelona.

Deslealtad institucional

También acusa al Gobierno español de “utilizar las Cámaras de Comercio como administración periférica para ejecutar en el territorio políticas de promoción del comercio para las cuales no tiene competencia”, lo que produce “deslealtad institucional”. Por si fuera poco, afirma que, cuando la Generalitat ha querido defender a los consumidores, en varias ocasiones se ha topado con “un posicionamiento contrario del Estado”.

En uno de los capítulos de las instrucciones se señala que “hace más de 20 años que el Estado incumple la ley en materia de becas en el estudio y no ha traspasado la titularidad a la Generalitat, tal y como reconocen los tribunales”. Además, asegura que “menosprecia el catalán y se obliga a la traducción jurada de la documentación, información, peticiones, etcétera, que se dirigen al Estado. Este hecho indica el nulo interés del Estado por disponer de los instrumentos necesarios para tener una ‘relación normal’ con una de las lenguas oficiales del Estado”.

En otro punto, el documento hace hincapié en que “el Estado ha establecido la obligatoriedad pública de las notificaciones de los actos administrativos de cualquier Administración pública (también las autonomías) en el BOE. Como consecuencia, se niega eficacia jurídica a las notificaciones de los actos administrativos de la Generalitat publicados en el DOGC y, por tanto, se vulneran competencias del Gobierno catalán”.

En materia de Turismo, acusa a España de tener “dimensionada una estructura con un presupuesto de 1.244 millones de euros, cuando quien tiene las competencias en Turismo es la Generalitat. Cataluña es el primer destino de turismo de Estado y representa aproximadamente el 25% de las llegadas de todo el estado. Pero el Estado no parece reconocer este papel de liderazgo”.

Aseguran también los documentos que “Cataluña quedó fuera de los programas y planes de promoción de las TIC dirigios a empresas, administraciones y entidades que pone en marcha el Estado con fondos Feder. Por tanto, como Cataluña no es una región prioritaria, empresas, administraciones y entidades catalanas no pueden acceder a las convocatorias”.