El 'tsunami vecinal' amenaza con ahogar a Colau por la ola de crímenes e inseguridad

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha puesto en la diana de las entidades cívicas de la ciudad y de las asociaciones de vecinos ante el creciente clima de inseguridad que vive la capital catalana. Con el índice de asesinatos incrementándose sin cesar —el último, ayer mismo, en un local del Puerto Olímpico, donde fue asesinada una joven de 26 años tras una disputa, al parecer, por el robo de un móvil—, los hurtos en ascensión permanente y las peleas callejeras a la orden del día, los vecinos empiezan a estar hartos de la situación. Este miércoles, ya hubo una concentración en la zona del Fòrum para protestar contra la posible instalación de un macrocentro de menores sin papeles (menas) en Sant Martí. Para el 14 de septiembre, la mayoría de asociaciones de vecinos apoyan una gran manifestación de protesta contra el incivismo y la inseguridad.

Los ciudadanos y entidades vecinales que hasta hace poco apoyaban a Colau comienzan a distanciarse de ella y a hacerla blanco de sus críticas. Colau no ha aparecido por ninguna de las zonas de conflictividad. “Nos dicen que somos antiColau y que somos de derechas por pedir seguridad. Pues miren, señores de Barcelona en Comú, los ricos y los de derechas con posibles a los que se refieren tienen seguridad privada, mientras que los pobres y los trabajadores tiramos de servicio público. Y eso es lo que nos falta. Es la misma historia que con la educación: el que se lo puede permitir huye de la escuela pública y paga carísimos colegios privados, mientras que el resto de los mortales nos conformarnos con la pública”, escenifica a El Confidencial Manel Martínez, portavoz de la plataforma Tsunami Veïnal, que agrupa a casi una treintena de asociaciones de vecinos.

“Hay una crisis muy seria de seguridad. Vuelve a aparecer la heroína en las calles y, como a principios de los ochenta, vuelven a incrementarse los apuñalamientos y los muertos. Además, por primera vez, hay un crecimiento exponencial de los incidentes con armas de fuego, algo inédito en Barcelona”, explicó a El Conficencial Paco Sierra, concejal de Ciudadanos y responsable del área de seguridad de su grupo municipal. El último episodio tuvo lugar en la madrugada de este miércoles, cuando una joven de 26 años y un vigilante fueron apuñalados en el Puerto Olímpico. Un suceso calcado a las decenas de sucesos similares registrados los últimos meses —que hicieron aumentar el número de asesinatos, en 2019, a 13 (de ellos, más de la mitad en los últimos dos meses)— y que dispara la alarma ciudadana.

Ciudadanos convocó este miércoles una cumbre con una quincena de asociaciones de vecinos, sindicatos policiales, gremios barceloneses y representantes de plataformas ciudadanas para hablar del tema. Además, estaba la plana mayor del partido, desde Inés Arrimadas a Carlos Carrizosa, Lorena Roldán o el eurodiputado Jordi Cañas. El partido naranja puso sobre la mesa algunas de las medidas que deberían ponerse en marcha para atajar la ola de violencia: desde las deportaciones de los delincuentes reincidentes hasta meter en la cárcel a los que hayan cometido tres hurtos.

No hacer alarmismo

Ciudadanos planteó que si es necesario modificar las leyes, que se haga, sean el Código Penal, la Ley de Extranjería o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No se trata de impedir la inmigración, sino de que esta esté regulada y quien incumpla la ley sea castigado. “No puede ser que delincuentes con más de 40 detenciones sigan campando a sus anchas por las calles”, explica a El Confidencial una fuente presente en la reunión. Los representantes de dos asociaciones gremiales hoteleras, no obstante, pidieron “no hacer alarmismo de la situación”, porque eso perjudica el turismo, que es la principal industria barcelonesa.

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Fran Reina, secretario de Organización del Sindicat de Policíes de Catalunya (SPC), señaló a este diario que la reunión fue “todo un éxito, porque por pudimos plantear propuestas. Pero ha de haber voluntad política para solucionar el problema y dotar a los Mossos, por ejemplo, de medios materiales y humanos, ya que estamos infradotados. Además, el castigo a los agentes de los Mossos es doble: se ven obligados a trabajar más y por menos salario, ya que las horas extraordinarias se pagan por debajo del precio ordinario”.

Manel Martínez señaló también a El Confidencial que no es partidario de estigmatizar Barcelona, pero reconoce que "la situación es preocupante". "Cuando hay un problema, lo primero que se hace es identificarlo, luego analizarlo y, por último, actuar y solucionarlo. Eso es lo que no ha hecho el ayuntamiento”, añadió.

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Martínez, que también es vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta, explica que desde hace dos años las entidades vecinales llevan alertando a los responsables municipales del incremento de las actitudes violentas. “Pero los dirigentes del ayuntamiento siempre decían, como dice la misma Ada Colau, que eso son hechos puntuales. Además, la alcaldesa echa la culpa a los Mossos y dice que la competencia es de la Generalitat. ¿Pero se ha leído la Carta de Barcelona la alcaldesa? Si se la hubiera leído, vería que tiene unas potestades que ni siquiera otros ayuntamientos europeos más importantes tienen”.

La Carta de Barcelona es muy clara en este sentido: “El alcalde o alcaldesa de Barcelona tiene la condición de autoridad competente en materia de seguridad”, dice el artículo 132 de esta ley. Colau siempre ha querido saltarse ese artículo, desviando hacia la Generalitat dicha responsabilidad. Y dice el artículo 133: “La Guardia Urbana actúa como policía de autoridad, policía de seguridad y asistencial y policía judicial, en los términos de la presente Carta y de las leyes orgánicas y procesales aplicables”. Otros cometidos son “captar, recibir y analizar todos los datos que tengan interés para el orden y la seguridad en los espacios públicos y estudiar, programar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia que atente contra dicha seguridad”.

La revuelta que viene

Las entidades vecinales han convocado para el próximo 14 de septiembre una gran manifestación en el litoral barcelonés para reclamar soluciones “al incivismo y la inseguridad. Se ha visto que la permisividad y el buenismo que caracterizaban al anterior ayuntamiento generaron un clima preocupante. Barcelona tiene muchísimos valores y lo que queremos es que se acaben estos focos de violencia y que el ciudadano pierda el miedo a pasear por la calle”.

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Al tema de la inseguridad se suma ahora el rumor de que el Gobierno autonómico quiere construir en el distrito de Sant Martí un gran centro de acogida para 900 menores extranjeros no acompañados (menas), en un solar cercano al Fòrum. Las entidades cívicas ya se han puesto en alerta. Donde hay menas, hay polémica. Y ese centro se ubicaría al lado de hoteles de lujo, del centro comercial Diagonal Mar, a un minuto de una narcosala y a pocos minutos del barrio de la Mina, un auténtico supermercado de la droga y la delincuencia.

Desde el Govern, se mantiene un silencio absoluto sobre el tema, aunque fuentes municipales aseguran a El Confidencial que el proyecto data ya de hace un tiempo y que se hizo saber al equipo de Ada Colau en la anterior legislatura, aunque el proyecto se mantuvo en secreto. No obstante, la presión social puede desbaratar la jugada. Este miércoles, hubo una concentración de vecinos ante el solar y sobre la mesa está la posibilidad de realizar una acampada para evitar su construcción, una propuesta que han discutido las entidades cívicas. La revuelta social en Barcelona está a punto de eclosionar.