Está obligada por ley

Meritxell Budó ocultó en su declaración de intereses que era del Consell per la República

Los 'consellers' están obligados por ley a dejar constancia en un registro público de sus actividades fuera del Govern, pero la número tres de la Generalitat eludió este mandato legal

Foto: La 'consellera' de la presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó. (EFE)
La 'consellera' de la presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó. (EFE)

Meritxell Budó no solo formó parte del Consell per la República que Carles Puigdemont abandera en Bélgica mientras era 'consellera' de Presidència de la Generalitat de manera presuntamente irregular sino que ocultó en su declaración de actividades, obligatoria por ley, dicha pertenencia, tal y como consta en dicho registro a fecha del pasado mes de julio. Budó y sus portavoces insisten en que no ha habido ninguna ilegalidad en su participación en la dirección de esta entidad belga. Pero, si era así, por qué no incluirlo en la declaración de intereses de la 'consellera'.

Por ley, todos los 'consellers' y altos cargos tienen que hacer una declaración de bienes y otra de actividades para dejar constancia de posibles conflictos de interés. Esta declaración se deposita en un registro público. La de Budó, sin embargo, obvia lo que dictamina la ley en todo lo que se refiere al Consell per la República.

La Generalitat se reafirma en su postura. El Consell per la República, que preside Carles Puigdemont, es una entidad privada sin ánimo de lucro. Sus miembros no perciben retribuciones. Y la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalitat reza en su artículo 8.e que es compatible “la participación en entidades sin ánimo de lucro”. Por tanto, no habría ningún problema para la número tres del Govern.

Pero obvia que este punto, el 8.e, se refiere a "la compatibilidad de actividades privadas” y la propia Generalitat en su respuesta reconoce: “No hemos hablado en ningún momento de actividad privada, sino actividad política”, ergo el 8.e no sería de aplicación al tratarse de una actividad política y, por ello, de carácter público.

Sin embargo, en la casilla correspondiente a 'otras actividades privadas compatibles', Budó se limita a marcar un lacónico “no”. Como si el Consell per la República no existiera.

Pero hay más. Otros compañeros de bancada de Meritxell Budó sí declaran cualquier tipo de participación en entidades si bien no forman parte de su dirección, tal y como se aclara de forma especifica. Así, por ejemplo, el 'president' Quim Torra reconoce que forma parte de Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, la ANC y la Associació Espina Bífida, todas ellas, según la propia declaración, “entidades sin ánimo de lucro”. Exactamente igual que el Consell per la República, el cual, sin embargo, no aparece en la declaración de Budó.

Quim Torra declaró ser socio de Òmnium y de la ANC, pero Meritxell Budó evitó hacer lo mismo con su rol en la dirección del Consell per la República


Para colmo, la Ley 13/2005 establece en su artículo 13 que los altos cargos tienen tres meses para declarar todos sus intereses —Budó lleva cuatro en el cargo, con lo que estaría fuera de plazo—, y en su artículo 17 reza que es una infracción leve el incumplimiento de los plazos mientras que una infracción grave sería “el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades que establece esta ley” o “la omisión de datos y de documentos sustanciales”. A simple vista, Meritxell Budó incumple con todos los supuestos, los leves y los graves, a cuenta de su participación en el Consell per la República. Y complica la situación de todo el Govern porque la ley establece en su artículo 18.2 que “las infracciones graves se sancionan con la destitución inmediata del alto cargo infractor por el órgano competente y con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la declaración de incumplimiento de la presente ley”.

Una situación imposible

El Consell per la República está arrancando justo este verano una red de voluntarios en Cataluña para captar nuevos socios en el registro ciudadano, los que pagan 10 euros por una supuesta ciudadanía virtual catalana. Quieren llegar a 200.000 inscritos antes de fin de año. Estos voluntarios incluyen un conjunto de comercios colaboradores, lo cual señalaría a los establecimientos que no lo fuesen. ¿Estaba Budó de acuerdo con esta política? ¿Informó de lo que iba a pasa a la 'consellera' responsable de esta área, Àngels Chacón? Y todo así.

La Ley de Incompatibilidades de la Generalitat reza que "las infracciones graves se sancionan con la destitución inmediata del alto cargo infractor"


El Consell per la República ha instado diversas acciones judiciales contra España en el exterior. Pertenecer a él, por tanto, parece difícilmente compatible con algunos de los cargos que ostenta Meritxell Budó, de forma inherente a ser la 'consellera' de Presidència como, por ejemplo, “miembro de la comisión bilateral Generalitat-Estado” o “miembro de la comisión mixta de Traspaso Estado-Generalitat”, por poner algunos ejemplos.

La mayor parte de las actividades del Consell resulta altamente complicada de apoyar, como es el caso del boicot que propugna de las grandes empresas que se llevaron su sede en octubre de 2017 pero que siguen operando desde Cataluña. Y en el momento actual nada pragmáticas para un Govern que sigue aspirando a ser 'business friendly'.

Encaje legal

Pero más allá de las incongruencias políticas, normales en la política catalana actual, la clave radica en el difícil encaje legal que tiene la actividad paralela que durante estos meses ha desplegado Meritxell Budó. Los portavoces de la Generalitat insisten en no desvelar la agenda de Budó en el seno del Consell, una protección que podrían aplicar a su actividad 'privada', pero no a una actividad pública, política y tan vinculada al actual Govern. No explican en cuántas reuniones del Consell per la República participó. Solo aseguran que todo fue legal. Tampoco muestran su carta de renuncia al organismo que encabeza Puigdemont en Bélgica. Aseguran que las explicaciones las ha de dar el Consell, pero quien tiene obligación de justificar su agenda como cargo público es Meritxell Budó, no la red soberanista montada por Puigdemont en Bélgica.

Si no hay ningún problema con la presencia de Budó en el Consell per la República… ¿por qué la 'consellera' ha desaparecido esta semana de la web del ente belga sin que se faciliten más explicaciones? ¿Por qué no lo reconoció Meritxell Budó en el Parlament cuando se le preguntó por la vinculación entre la Generalitat y el Consell per la República el pasado 17 de julio? ¿Por qué no lo incluyó en el registro de intereses si legalmente estaba obligada a ello? Muchas preguntas y una sola respuesta lógica: la ley no lo permitía pero todo el mundo intentó hacer la vista gorda.

Cataluña

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
20 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios