La Fiscalía de Barcelona pide endurecer las penas por los delitos de "odio regional"

La Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona pretende que el hecho de atacar a una persona por su origen territorial sea considerado un agravante de un delito de odio en el ordenamiento jurídico español.

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Es decir, el ministerio público pretende impulsar una reforma legislativa para que las amenazas o insultos hacia un ciudadano debido a su nacimiento en Andalucía, Cataluña, País Vasco o cualquier otra región, así como por usar cualquiera de las lenguas oficiales de España, supongan un castigo mayor para aquel que los profiera.

Actualmente, el artículo 510.1 a) del Código Penal (CP) establece una pena de prisión "de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses" a "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten (...) al odio u hostilidad" a un grupo o parte de él "por motivos racistas", "referentes a la ideología", "creencias", "por la pertenencia de sus miembros a una etnia" o debido a su "origen nacional".

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El artículo 22.4 del CP, que recoge los "agravantes de la actividad criminal", incluye en su punto 4 a los "motivos racistas", "la ideología", "la nación" y "la etnia", pero no contempla como agravantes casos más específicos, como los que pide la Fiscalía regionalen su última memoria.

Crecen con el 'procés'

En el informe, coordinado por el fiscal Miguel Ángel Aguilar, se alerta de un notable crecimiento de atestados policiales por delitos de odio y discriminación por orientación política desde el inicio del 'procés', especialmente en redes sociales y de forma anónima; según explica 'El Periódico de Cataluña'.

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Las causas judiciales por estos casos han aumentado en un 40%: de 291 en 2017 a 412, aunque suelen ser 'delitos leves', como pintadas o amenazas a través de Internet, por lo que suelen quedar archivadas. La ideología política motiva la mayor parte de estas acciones, que sufren tanto independentistas como partidarios de la Constitución.

Además, según asegura el diario catalán, la Fiscalía insiste en solicitar una reforma que incluya como agravante la 'aporofobia', es decir, los ataques, insultos o amenazas a personas por aversión a la pobreza.

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En 2015, el Código Penal se modificó para incluir el sexo y la identidad sexual en la lista de agravantes del artículo 22 del Código Penal.