MUCHOS NO TIENEN AHORA DÓNDE IR

El conflicto de Colau: combate ahora a los manteros tras darles 1,1 millones en ayudas

Durante la última legislatura, el equipo municipal de Ada Colau apostaba por una amplia permisividad que había enconado los ánimos de los comerciantes y los restauradores

Foto: Guardia Urbana, Mossos y Policía Portuaria se despliegan en Barcelona contra los manteros. (EFE)
Guardia Urbana, Mossos y Policía Portuaria se despliegan en Barcelona contra los manteros. (EFE)

Las asociaciones de migrantes están viviendo tensas horas en Barcelona poco después de haberse iniciado el dispositivo policial para erradicar el 'top manta' en la capital de Cataluña. Es el primer gran dispositivo policial que se ha desarrollado en los últimos años, ya que durante la última legislatura el equipo municipal de Ada Colau apostaba por una amplia permisividad que había enconado los ánimos de los comerciantes y los restauradores: unos, porque con el género que vendían los manteros les estaban haciendo competencia desleal; los otros, porque el ayuntamiento no les deja poner terrazas aduciendo que el espacio público ha de ser para los vecinos, pero permitía que los vendedores ambulantes ocupasen gran parte de las aceras sin ningún problema.

Los dos millares de manteros que hasta ahora ofrecían su mercancía en los sitios más turísticos de Barcelona tendrán que cambiar de ubicación, irse a otra localidad o buscarse la vida con otra actividad. El poner la manta y sus artículos por la noche, cuando la Policía se ha retirado, es solo un parche temporal que no les permitirá ganar lo suficiente. Un problema para muchos que han viajado miles de kilómetros en una huida desesperada por alcanzar el sueño de una sociedad donde poder trabajar honradamente y enviar dinero a la familia.

El conflicto de Colau: combate ahora a los manteros tras darles 1,1 millones en ayudas

La plataforma Tras la Manta emitió este martes un comunicado en el que apuntan hacia la alcaldesa. “El ayuntamiento finalmente ha sucumbido a las presiones mediáticas y de un acuerdo con el PSC, al que ha cedido la 'consellería' (sic) de Seguridad y ya habla con todo descaro de problema de seguridad, sumándose así a la campaña criminalizadora de los medios y de la derecha”. Acusan al responsable de Seguridad, Albert Batlle, de hablar de “deportaciones involuntarias de niños y adolescentes migrantes, completamente fuera de cualquier tratado internacional de protección de la infancia y, por supuesto, de los derechos humanos”. Le recuerdan, así a Colau que “no respetar los derechos de las personas no es ser de izquierdas” y subrayan: “Nos preguntamos también dónde deben haber guardado esa pancarta que asomaba por el balcón del ayuntamiento en la que se leía ‘Welcome Refugees”.

Acusan también a la operación policial, que se mantendrá 'sine die', de “sobredimensionada” y alertan que “ver como un problema de seguridad a personas intentando sobrevivir vendiendo en la calle, además de ruin, es tener una idea muy retorcida de lo que seguridad significa”. El Sindicato de Manteros y otros colectivos, como el Espacio del Inmigrante (una plataforma que da apoyo y acompañamiento a los recién llegados y que se reúne cada martes), suscriben también el comunicado, que afecta sobre todo a los 2.000 parias que viven en régimen de explotación por mafias organizadas que les surten de material que luego han de ofrecer en las calles.

Los privilegiados

Pero luego hay otros privilegiados de este colectivo que viven en otra dimensión. Curiosamente, el mundo de la inmigración había sido uno de los caballos de batalla ideológica de Ada Colau y su equipo de gobierno. Su entonces primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello (hoy en la Mesa del Congreso de los Diputados), presentaba en marzo de 2017 Diomcoop, una cooperativa de venta tutelada por el consistorio barcelonés con 15 manteros a su frente. Anunció que el ayuntamiento invertiría 800.000 euros en tres años en esa cooperativa que tenía previsto sumar de cinco a 10 nuevos miembros cada año.

En julio de ese año, el ayuntamiento firmaba un convenio con Diomcoop SCCL para el proyecto ‘Mercados por la inclusión social, implementación y desarrollo del sistema integral cooperativo’: le daría 1.080.688,14 euros de 2017 a 2019 “para dar respuesta de forma integral a las necesidades de la comunidad subsahariana con posibilidades de regularizar su situación administrativa”. De ese dinero, 449.474 euros se pagaron en 2017; 317.340 euros se pagaron el año pasado, y 313.874 se pagan este año.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)

El objetivo general, según recoge la Gaceta Municipal de 21 de julio de 2017, era “abordar integralmente las necesidades de empleo, formación y cobertura de necesidades y derechos básicos de personas en situación de vulnerabilidad por falta de regularización de su situación administrativa, a través de una cooperativa que dé el protagonismo a aquellas personas y al territorio donde se insertará la cooperativa”. La subvención no siguió los cauces normales de cualquier otra subvención “por razones de interés público justificadas en los informes que constan en los expedientes”. Es decir, se repartió más de un millón de euros graciosamente a una cooperativa como un “paso importante”, en palabras de Pisarello, para comenzar a solucionar el problema de los vendedores ambulantes.

Dos años después, el problema no solo no ha desaparecido sino que se ha agravado. Según la oposición, durante el mandato de Colau los vendedores ambulantes de Barcelona pasaron de 500 a más de 2.000, atraídos por el efecto llamada de que en la capital de Cataluña existía una permisividad total de la Administración. En esta denuncia y estos datos coinciden casi exactamente PP y Ciudadanos.

Los vendedores ambulantes de Barcelona pasaron de 500 a más de 2.000, atraídos por el efecto llamada de que existía una permisividad total

No fue el único dinero público recibido por esta mimada cooperativa: en el año 2017 obtuvo dos contratos del consistorio por un monto total de 30.809 euros, correspondientes a un contrato de 21.599 euros para el servicio de apoyo a la vigilancia de la Feria de Consumo Responsable y otros 9.210 euros por los servicios técnicos de apoyo para la tercera Feria de Consumo Responsable.

La cooperativa tiene un consejo rector con cinco miembros y cuatro comisiones (Administración, Logística y Comunicación, Comercial y Cohesión y Comunidad) donde se integra su equipo técnico. En ninguno de sus teléfonos fue posible a este diario contactar con algún portavoz o responsable de la cooperativa. La entidad vende moda de hombre y de mujer, así como complementos. Pero también ofrece servicios de atención al público, montaje y desmontaje de escenarios, vigilancia, gestión y transporte de mercancías y limpieza de oficinas. En su catálogo de servicios señala que emplea a 14 socios y cuatro profesionales de gestión permanentes. El año pasado, realizó tareas de auxiliar de vigilancia en cuatro ferias (todas con patrocinio municipal) y en montaje de escenarios de otras cuatro fiestas, entre ellas las de Sants y Gràcia.

Venta ambulante ilegal. (EFE)
Venta ambulante ilegal. (EFE)

Denegación de la marca Top Manta

Por su parte, el Sindicato de Manteros, otra de las organizaciones que han contado con amplio apoyo municipal, abrió incluso una tienda para vender ropa de la marca Top Manta. El lema de este negocio era ‘Ilegal people, Top Manta legal clothes’. Pero también comercializan lemas como ‘Fake system, trae clothes’, ‘Black Manters Barcelona’, ‘La vida de los manteros importa’ o, simplemente, ‘Top manta’. A comienzos de este año, intentaron registrar la marca Top Manta, pero la Administración lo rechazó aduciendo que carece de la capacidad “para ser percibida por el público como una marca, si no como una forma de venta ambulante o de venta en la calle, principalmente de productos de imitación o falsificación”. Los artículos que vende el sindicato, sin embargo, no son de falsificación ni de imitación, sino que son prendas de ropa con diseño propio. Lo que hizo el registro de patentes fue negar la inscripción para no legitimar el nombre de una actividad que se asocia popularmente a la piratería.

El Sindicato de Manteros, otra organización que ha contado con apoyo municipal, abrió incluso una tienda para vender ropa de la marca Top Manta

El sindicato de manteros fue creado en 2016 y enseguida se colocó la etiqueta de que luchaba por la república catalana, alineándose con los postulados independentistas (en su último comunicado incluso se abonan a las teorías de la conspiración de los atentados del 17 de agosto de 2017). Tras su constitución, Colau y Pisarello intentaron crear una mesa de negociación para sentar en ella a comerciantes y manteros, pero todos los gremios (y la mayoría de entidades cívicas y partidos) se negaron a ello, por lo que tuvieron que finiquitar inmediatamente el plan.

Cataluña

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