CONTRATOS PAGADOS A TRAVÉS DE 'EMbajadas'

Puigdemont pagó 340.000€ a un 'think tank' por informes cogidos gratis de internet

El Gobierno catalán pagó a un organismo de Holanda cientos de miles de euros por informes descargados de internet. El dinero salió de las arcas de la Generalitat a través de Ginebra y Bruselas

Foto: Enrique Villarino.
Enrique Villarino.

La tripas del procés ocultan una ingente malversación de caudales públicos. El Gobierno catalán pagó cientos de miles de euros por informes que podían consultarse gratuitamente a través de internet. Y no ocurrió en la prehistoria, sino hace menos de dos años, en plena efervescencia de la recta final que llevaría al referéndum de octubre de 2017. El 18 de julio de 2017, el delegado de la Generalitat en Ginebra, Manuel Manonelles, redactó un informe acerca de la necesidad de contratar los servicios de asesoramiento de The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), una entidad con sede en La Haya (Holanda). No fue el único contrato. Esta misma entidad logró otro contrato similar pagado por la ‘embajada’ catalana en Bruselas. En total, 339.465 euros por informes completamente inútiles.

Estas partidas se suman a otros cientos de miles de euros descontrolados gastados hace dos años en las semanas previas al referéndum del 1 de octubre. Manonelles declaró este miércoles en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, donde se le investiga por esos (y otros) gastos, junto al secretario general del departamento que los autorizó, Aleix Villatoro. En su comparecencia ante la magistrada del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en la tarde de este miércoles, Manonelles se acogió a su derecho a no declarar.

El asesoramiento en Ginebra era, teóricamente, para enfrentarse a "los retos y tendencias globales, así como de la paz y de la seguridad en el entorno multilateral". El informe se basaba en las necesidades expuestas en el Plan Estratégico de Acción Exterior 2015-2018. El 25 de julio, se da luz verde al expediente de contratación por un monto total de 172.400 euros. Un extenso informe del Tribunal de Cuentas explica que “tras precisar el documento que se ha contactado con diversas empresas, de lo que no queda constancia en el expediente remitido, precisa que la complejidad del proyecto ha provocado que tan solo se haya recibido una oferta, la de un instituto holandés que ofrece a sus clientes análisis y asesoramiento estratégico”.

Así fue cómo, según el contrato firmado a comienzos de septiembre, se fija un calendario de pago. “Estos costos se harán solo después de consultar con la Delegación de la Organización Internacional. Las publicaciones de PM se cobrarán por separado cuando sea aplicable. El presupuesto se basa en el inicio del proyecto el 4 de septiembre de 2017 de acuerdo con el cronograma indicado”. El primer pago, de 61.750 euros, se efectuó el 4 de septiembre del 2017; el segundo, de 58.550 euros, el 2 de octubre (al día siguiente del referéndum); y el tercero, de 52.100 euros, el 2 de noviembre de ese año, según consta en un contrato firmado por Paul Sinning, director de HCSS. Los pagos se canalizaron a través de la ‘embajada’ catalana en Ginebra.

Tres informes inútiles

Junto al contrato, la Guardia Civil encontró tres informes y dos transferencias a la cuenta de HCSS por 61.750 euros cada una. Uno de los informes llevaba el título de ‘Diplometrics’. Según el Tribunal de Cuentas, fue realizado por “diversos autores, sin intervención conocida de HCSS, de obtención gratuita en internet y en el que se indica estar financiado por el Gobierno de los Estados Unidos”. Otro documento llevaba el título ‘Ciberseguridad’ y había sido financiado por el Gobierno de Dinamarca. “Además, existía una serie de documentos genéricos, todos ellos redactados con fechas anteriores al contrato firmado que no hacían ninguna referencia específica a Cataluña y que, en su mayor parte, son de libre acceso por internet”.

Entre la documentación incautada se encuentra también un documento en inglés titulado ‘Inteligencia artificial y el futuro de la Defensa’. El subtítulo es más específico: ‘Strategic implications for small and medium-sized Force providers’, elaborados por los expertos Stephan de Spiegeleire, Matthijs Maas y Tim Sweijs para la entidad The Hague Centre for Estrategic Studies (HCSS). Este estudio es parte del ‘Programa de Estudios de Guerra de HCSS’, que “agradece el apoyo financiero brindado por el Ministerio holandés de Defensa”. En resumen, que se pagaron unos informes que ya habían sido financiados por otros Gobiernos y que se podían obtener gratis por internet.

Paralelamente, el delegado de la Generalitat ante la UE, Amadeu Altafaj, abrió otro expediente para realizar una contratación similar a la de Ginebra pero por un monto total de 167.065 euros. El objeto de este contrato debía ser el apoyo para desarrollar “una estrategia de acción exterior en el entorno de la UE, necesarios a fin de ser un interlocutor válido y con voz propia”. Este contrato fue también concedido a HCSS y las fórmulas de pago era muy similares: 58.250 euros el 4 de septiembre; 61.450 euros el 2 de octubre; y 47.365 euros el 2 de noviembre.

Eludir los sistemas de control

Y, como en el anterior caso, “no consta ningún documento justificativo de la actividad desarrollada por la empresa adecuado a los objetivos previstos en el contrato, ni tan siquiera los informes a los que se ha hecho referencia en la delegación de Ginebra”. Altafaj está imputado también en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

En total, pues, la Guardia Civil encontró unos desmesurados gastos en informes de 339.465 euros de los que pudo constatar abonos por 243.200 euros, ya que el último plazo de ambos contratos no llegó, aparentemente, a realizarse porque unos días antes de su vencimiento el Gobierno central aplicó el artículo 155 y paralizó los sospechosos pagos. Queda por esclarecer si parte de ese dinero sirvió también para pagar a ‘observadores internacionales’ que viajaron a Cataluña el 1 de octubre, extremo que Altafaj negó ya en el juzgado, asegurando que ese dinero solo sirvió para pagar informes.

En circunstancias normales, los contratos se hubieran licitado por los servicios centrales de la Consejería de Exteriores. Pero, según el Tribunal de Cuentas, se decidió trocear los contratos y desviar uno por Suiza (fuera de la UE) para eludir “los sistemas de control administrativo de la legalidad y oportunidad y aún los parlamentarios”. El Tribunal acaba afirmando que “en estas contrataciones no se revela la causa real y el objeto cierto del contrato celebrado en cuanto a las prestaciones asumidas por el contratista, siendo relevante que el secretario general de la consejería autorice el mismo día a dos delegaciones en el exterior la celebración de dos contratos de objeto idéntico, ajeno a su ámbito competencial y que en los dos casos se omita la redacción de un pliego de prescripciones técnicas que permita conocer el alcance y contenido de las concretas prestaciones de la actividad a desarrollar, pese a la notoria importancia económica de ambas contrataciones que en ninguno de los casos se solicite informe alguno en derecho a los servicios jurídicos del departamento”.

Por su parte, una fuente independentista que ha trabajado activamente en cuestiones internacionales durante años señaló a El Confidencial que es “normal” la contratación de 'lobbies' internacionales para realizar campañas en el exterior. “Muchas veces, el informe que te puedan confeccionar es lo de menos. Lo verdaderamente importante son las puertas que te pueden abrir esas organizaciones”, subrayan las fuentes.

Cataluña

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