Por el cambio de sede social

Los empresarios catalanes denuncian a la ANC por el boicot a empresas españolas

Se trata de una campaña perfectamente planificada para echar del mercado a determinadas empresas “para potenciar a otras afines a sus ideas políticas”

Foto: Concentración organizada por ANC en Barcelona. (EFE)
Concentración organizada por ANC en Barcelona. (EFE)

La patronal catalana Fomento del Trabajo ha denunciado ante la Autoridad Catalana de la Competencia (ACC) a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por la campaña de ‘consumo estratégico’ que esta entidad ha emprendido y que esconde, en realidad, un boicot a los productos de las empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña a partir del 1 de octubre. Se trata de una campaña perfectamente planificada para echar del mercado a determinadas empresas “para potenciar a otras afines a sus ideas políticas”.

Tanto va el cántaro a la fuente que, al final se rompe. La ANC y los círculos más ultraindependentistas del ‘procés’ iniciaron a lo largo de los últimos años diversas campañas con el objetivo de dañar la economía española. La última y más importante fue la puesta en marcha de una cuidada venganza contra las empresas que se deslocalizaron como consecuencia del ‘procés’.

Fomento explica que en noviembre del año pasado comenzó esa campaña de boicot “con la finalidad de que “los particulares y las empresas catalanas rescindan sus contratos de servicios y otros con las grandes corporaciones que trasladaron su sede social fuera de Cataluña a favor de otras empresas proveedoras comprometidas con la causa independentista". La campaña parece que ha sido un éxito ya que, según declaraciones a la prensa de la presidenta de la ANC, señora Elisenda Paluzie, desde el noviembre del 2018 tienen registrados 148.000 cambios de contratos, "sobre todo de telefonía, electricidad, gas, seguros y banca”.

El boicot a las empresas que trasladaron sus sedes ha sido una de las medidas de venganza de los radicales catalanes para intentar dañar la economía española. Además, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Joan Canadell (alto cargo de la ANC), es también partidario de ese boicot. Y, aunque el ‘president’ Quim Torra dijo en el último pleno que no había ninguna campaña de boicot, lo cierto es que hasta su consejera de Empresa, Àngels Chacón, lo reconoció. La falsedad de Torra contrasta con los números que ha hecho públicos la ANC: esta organización realizó 92 ferias y 115 charlas informativas a lo largo de todo el territorio catalán para potenciar su campaña de boicot a los productos de determinadas empresas españolas.

Falsas ‘empresas republicanas’

El 20 de junio, Paluzie anunció la segunda fase de esta campaña, que ya había sido adelantada por El Confidencial. Según la denuncia de Fomento, la dirigente admitió que “se trata de realizar y potenciar un boicot a los miles de empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña, especialmente las del Ibex con motivo del conflicto/proceso independentista que se está produciendo en Cataluña”.

Además, esta segunda fase “se ha iniciado con la activación de una nueva página web de Internet llamada ‘Consum Estratègic’, la cual, a partir de los citados traslados de la sede social/fiscal de algunas empresas, consiste en un ‘conjunto de propuestas que tienen como único objetivo dar efectividad real a la proclamación de la República Catalana, en este caso en el ámbito económico, mediante el apoderamiento de la gente en la toma de decisiones de consumo cotidiano”.

Mediante esta página, los consumidores conocen a empresas “comprometidas” con “la economía de Cataluña y la construcción de la República Catalana ‘que esté al margen de las ingerencias políticas españolas y ‘que se hayan adherido a los principios fundamentales del movimiento secesionista’. Es decir, la ANC ha confeccionado un amplio listado de empresas que incluye compañías de gas, electricidad, telefonía, carburantes, entidades financieras y aseguradoras y grandes superficies”. Estas compañías tiene, entre otras características, sus webs en catalán y atienden a los clientes en esta lengua, además de aspectos como el respeto al medio ambiente, el cooperativismo, a la economía circular, la responsabilidad social y la adopción de tecnología 4.0.

Han creado una web para que los consumidores conozcan las empresas “comprometidas” con “la economía de Cataluña y creación de la República"

La web ofrece, así apuntar al ciudadano o a la empresa a un Registro de Consumidores Estratégicos y pide a los activistas que hagan proselitismo de esta estrategia. “Con los datos que nos facilites, publicaremos un perfil de tu empresa. Decide qué quieres ofrecer, luce tu mejor cara, haz una propuesta atractiva y especial, ¡muy especial!. ¡Hay muchos consumidores que te esperan y muchos otros que te encontrarán!”, dice el portal independentista.

La demanda se hace eco de una rueda de prensa del mismo 20 de junio del coordinador de la campaña, David Fernández, que llamaba adoptar esta “nueva manera de hacer negocios y de consumir con conciencia de país y que permite construir una economía catalana lejos de las manipulaciones políticas”. Para la patronal catalana, “en definitiva, (Fernández) ha hecho una petición a las empresas catalanas a que se inscriban en el registro. A los consumidores les ha pedido que apoyen la iniciativa”.

Una estrategia planificada y estudiada

También relata la denuncia que, según la ANC, “se trata de que los consumidores puedan esquivar a las empresas del Ibex 35 y de la Lonja del Bernabéu, las cuales han apoyado la estrategia represiva del Estado español contra el pueblo catalán y sus anhelos de libertad”. Paluzie volvió a la carga este mes de julio, en la presentación de los actos de la Diada del 11 de septiembre, pidiendo a los manifestantes que se sumen a la campaña de boicot “y a cambiar de empresas durante la Diada y, de esta manera, ir ganando soberanía (…) En definitiva, la ANC ha organizado y desarrollado una estrategia perfectamente estudiada y publicitada con el objetivo de boicotear determinadas empresas hasta su expulsión del mercado y de potenciar aquellas otras afines a sus ideas políticas. Es decir, sin tener, en ningún momento en cuenta, la idoneidad o excelencia de sus prestaciones empresariales”.

Fomento asegura que la conducta de la ANC “está integrada por una serie continuada de actos de obstaculización o boicot al normal funcionamiento del principio constitucional de libertad de empresa, que supone libertad de acceso al mercado, libertad de mantenimiento en el mismo y libertad de salida, así como igualdad de todos los competidores frente a la ley, lo que implica la consagración constitucional del principio de libertad de competencia”.

Lo que practica la organización independentista, pues, podría ser un falseamiento de la libre competencia por “actos desleales” y que, además, afecta al interés público. “La campaña comporta la recomendación a consumidores y proveedores catalanes de boicotear a determinadas empresas no afectas a la ideología política de la citada asociación, así como la recomendación de contratar productos y servicios a las empresas afectas integrantes del listado confeccionado por la ANC, y eso implica, sin duda, un conjunto de actos de obstaculización del mercado que reúnen las tres condiciones necesarias para que puedan ser considerados como actos de competencia desleal que, por falsear o ser susceptibles de falsear el normal funcionamiento del mercado, afectan al interés público y, por tanto, se consideran prácticas restrictivas de la competencia prohibidas”. Apela, aquí, al artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal.

Pero también subraya que la conducta de la ANC “puede ser calificada como desleal en el sentido que contempla el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia y, por tanto, se trata de una conducta anticompetitiva prohibida, porque concurren las siguientes condiciones: se trata de una conducta objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe (…), se trata de una conducta que falsea la libre competencia en el mercado (…) se trata de una conducta que afecta al interés público (…) En el caso que estamos tratado, la ilicitud de la conducta de la ANC es manifiesta por la gravedad, notoriedad e importancia cualitativa y cuantitativa de sus consecuencias reales y potenciales para la competencia en el mercado”.

Cataluña

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