La ponencia política de la CUP: reventar el Estado desde dentro de las instituciones

El futuro del independentismo está en el aire. La CUP, la fuerza independentista de izquierdas por excelencia, discutirá el próximo día 14 de julio su nueva hoja de ruta para los próximos años, después de padecer un serio correctivo en las últimas municipales. Y, ante las propuestas más espectaculares de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) de reclamar una declaración unilateral de independencia o de revitalizar la declaración de independencia proclamada en el Parlament en octubre del 2017 y paralizada a continuación, la CUP llama a iniciar un nuevo ciclo de movilizaciones con el impulso de la desobediencia civil y hacer estallar al Estado desde dentro de las instituciones.

La ponencia política reconoce que "la estela de las sentencias del Supremo y del resto de instancias judiciales marcarán la política de gestión de la disidencia política frente al Estado". Y detalla la hoja de ruta, que pasa por potenciar varios ejes: tensar los límites de las instituciones y el marco autonómico, utilizar las instituciones para luchar contra el Estado y fomentar la "autotutela de derechos". Para ello, pondrán en valor tres herramientas imprescindibles: "El ejercicio de la desobediencia institucional combinado con la desobediencia civil; la movilización sostenida en el tiempo y el territorio; y la autoorganización popular autónoma fuera de lógicas partidistas y partidarias". Como dice en uno de sus puntos, se trata de "poner las instituciones al servicio de la construcción de tejido comunitario y republicano".

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Su meta, asegura, es "hacer de motor del ejercicio del derecho a la autodeterminación y de la defensa de la desobediencia civil e institucional como práctica legítima en situaciones de injusticia y de imposibilidad de resolver políticamente conflictos centrales por los derechos y las libertades". Ello pasa por promover llamamientos a la movilización, denunciar sistemáticamente "la represión" y combatir el "discurso de la resignación”. Contempla tres escenarios futuros, dependiendo de que las autonómicas se avancen al otoño de este año, a la primavera del año que viene o a otoño del 2020 (en función "de los intereses electorales de ERC y JxCAT), pero no pierde de vista que su objetivo es "hacer avanzar el proceso de ruptura democrática con el Estado".

Nuevo ciclo de movilizaciones

¿Cómo lo hará? La CUP está dispuesta a "asumir responsabilidades en el Govern o en la gobernabilidad de la Generalitat y del Parlament. Pero no lo hará gratis, ni para colaborar en ninguna estrategia de relegitimación del Estado en nuestro país ni para satisfacer intereses ajenos. La CUP estaría dispuesta a entrar en el Govern en función de un conjunto de elementos programáticos muy claros, que contemplan políticas y medidas a favor de las clases populares, que estén orientadas a revertir las políticas de austeridad que se han aplicado y en función de un programa político orientado a preparar de forma concreta el ejercicio de la autodeterminación".

La CUP está dispuesta a "asumir responsabilidades en el Govern o en la gobernabilidad de la Generalitat y del Parlament. Pero no lo hará gratis"

Detalla, en este sentido, que "sin abandonar la crítica contundente a la inexistencia de avances políticos desde el 21-D (las últimas autonómicas), la CUP apuesta por pasar de una oposición frontal (en el Parlament) a una oposición contundente pero propositiva". Y subraya: "Más que nunca, hacemos efectiva la máxima: extendemos la mano al Govern y a las fuerzas políticas independentistas y autodeterministas en el camino hacia la plena soberanía de nuestro pueblo, pero al mismo tiempo cerramos el puño contra las políticas privatizadoras y lesivas para los intereses de las clases populares".

La CUP se desmarca del tacticismo de las restantes fuerzas políticas e incluso de las organizaciones cívicas del soberanismo. La ponencia explica que respecto a la propuesta de impulsar un nuevo referéndum unilateral de autodeterminación "y pese a ser una opción que no descartamos de antemano, consideramos que las condiciones para su celebración habrían de ser, por un lado, el impulso de una acción previa y paralela a nivel nacional e internacional para recoger el máximo de apoyos y complicidades en su celebración, así como una campaña de presión impulsada desde la comunidad internacional para que el Estado español no acepte su celebración y sus resultados; la existencia de un amplio consenso social en su favor; y la existencia de un Govern y de una Administración de la Generalitat absolutamente comprometidos con su impulso, su preparación, su realización y sus consecuencias. Los acontecimientos posteriores al 1 de octubre demuestran que hoy no se cumplen estas condiciones".

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Ante la actitud de confrontación permanente que impulsa el actual ‘president’ Quim Torra o su antecesor, Carles Puigdemont, la CUP es muy crítica: "El final de una hoja de ruta hacia la independencia que marcó el ciclo anterior y que para los sectores del orden del independentismo catalán estaba orientado a forzar una negociación con el Estado ha sido sustituido por la lucha entre JxCAT y ERC para ocupar la posición hegemónica en el bloque independentista y en el espacio de centro que pretende gobernar Cataluña", dice la ponencia.

El documento asegura también que los efectos de la aplicación del artículo 155 "y de la represión, especialmente los encarcelamientos de buena parte del Govern contribuyeron al repliegue político por parte de las fuerzas del independentismo gubernamental". De ahí que recrimine al Govern que preside Torra el no cumplir sus compromisos de avanzar hacia la República Catalana y de materializar "el mandato del 1 de octubre". Este reproche se hace más evidente cuando se duele de que "aunque la defensa de la desobediencia civil institucional, resumida en el eslogan 'Lo volveremos a hacer' tiene una acogida y un apoyo amplísimos, cada vez se hace más evidente que el camino de la unilateralidad y la desobediencia institucional no es una opción por parte de las opciones independentistas gubernamentales".

El portazo de Pedro Sánchez

Ante ello, la CUP propondrá "tensar los límites del régimen del 78 y de la Unión Europea desde todas las vertientes posibles, con el objetivo de cuestionar, en primer lugar, la legitimidad de estas instituciones por negar derechos" y apuesta por la "desobediencia civil (e institucional) organizadas cuando haga falta, asumiendo la lógica y los aprendizajes del 1 de octubre en el que la institución y la ciudadanía organizada superamos los límites marcados por el Estado".

Los anticapitalistas aseguran que "el ejercicio de autodeterminación no vendrá dado por un pacto con el Estado, ya que la posibilidad de un referéndum ha sido rechazada por activa y por pasiva por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ni tampoco vendrá de una propuesta de la UE, que continúa siendo un instrumento al servicio de las multinacionales y los Estados Miembros". Ante este panorama, los independentistas señalan que "un referéndum de autodeterminación validado por la comunidad internacional y el Estado solo podría ser consecuencia de una solución impulsada a nivel internacional después de un colapso del Estado y el régimen".

En la hoja de ruta, la CUP destaca que la independencia de Cataluña "choca frontalmente con los marcos establecidos por la República Francesa y el reino de España, quienes limitan, cuando no niegan directamente, el derecho del pueblo catalán a ejercer la plena soberanía". Por eso, subrayan, "defendemos la autotutela de derechos, entendida como la defensa de cualquier colectivo de hacer valer sus derechos ante cualquier entidad que pretenda negarlos. Defendemos también la desobediencia civil como herramienta de autodefensa de los pueblos ante las leyes y los poderes injustos".

La CUP celebrará en otoño un encuentro entre todas las organizaciones independentistas para definir una "agenda política y movilizadora"

La formación radical asume que es preciso preparar a los partidos y las instituciones "para un nuevo embate democrático. Proponemos pensar en la construcción, lo más pronto posible, de condiciones necesarias tanto en los movimientos como en las instituciones para poder pasar de la tensión de los límites del régimen al ejercicio de la autodeterminación en todos los ámbitos”. Así, propondrá un Encuentro de Unidad Popular el próximo otoño en el que puedan participar todas las organizaciones de carácter independentista de los Països Catalans, que defina una "agenda política y movilizadora conjunta".

En uno de sus párrafos, destaca que "sin desobediencia, no hay autodeterminación, ni derechos sociales ni políticos. Cualquier vía para el ejercicio de la autodeterminación, romper con el régimen del 78 y construir una República para el ejercicio unilateral de derechos, si es necesario a través de la desobediencia respecto a los poderes impuestos".

Internacionalizar el conflicto

El objetivo, también, es internacionalizar el conflicto, una meta en la que coincide con las restantes fuerzas políticas. "El cambio de interlocutor del Estado a la comunidad internacional es una condición 'sine qua non' para poder continuar hablando de mecanismos como el referéndum o el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos", refiere la ponencia.

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En esta línea, argumenta que "el problema de la soberanía catalana no es un problema meramente local que se explica por la construcción fallida desde el punto de vista democrático del Estado español. Es un problema global, y más concretamente europeo, que conecta con la lucha por la soberanía y la democracia de todos los pueblos sometidos a la UE y al Banco Central Europeo". De ahí que sea imprescindible articular "alianzas a nivel político y económico para construir alternativas en clave soberanista: sin una actividad internacional que cuestione la UE en clave política y económica, el proceso de autodeterminación del pueblo catalán está condenado al fracaso".

Así, detalla una hoja de ruta internacionalista que pasa por "la internacionalización del conflicto con los Estados español y francés en clave de conflicto democrático y en clave de construcción de una alternativa política y económica a las políticas de austeridad y de la deuda". Esa internacionalización se ha de efectuar también en clave de "lucha por la democracia, los derechos civiles y los derechos políticos". Y se fija como prioridad "la construcción de un mapa internacional de organizaciones y Estados favorables al ejercicio de los derechos civiles, políticos, democráticos y económicos de los pueblos".