La jueza ordena a la Guardia Civil ir a la Generalitat a buscar documentos del 1-O

La jueza que investiga los preparativos del referéndum del 1-O ordenó a la Guardia Civil personarse en varios departamentos de la Generalitat en busca de documentación sobre la organización del referéndum y citó como investigado al delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles. En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona acuerda nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas el requerimiento de documentación a la Generalitat y la citación de Manonelles, al que vincula con la contratación de observadores del 1-O.

Según el auto, la juez Alejandra Gil también cita ese día a otros procesados en la causa: Aleix Villatoro, Marta Garsaball y Rosa Vidal, para que den explicaciones en relación a un expediente de contratación mediante la delegación en Ginebra de la Generalitat. Asimismo, oficia a la Guardia Civil para que se persone en los departamentos de la Generalitat para que se entregue documentación reclamada por la Fiscalía.

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La jueza considera que Manonelles podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia por una contratación de la delegación de Ginebra al The Hague Center for Strategic Studies (HCSS). La Guardia Civil cree que los pagos del Govern al HCSS daban cobertura a los gastos de traslado y alojamiento de los observadores internacionales del 1-O, indicios que han comportado la imputación de altos cargos del Diplocat y del Departamento de Relaciones Institucionales y Exterior que dirigía Raül Romeva.

De hecho, por esa contratación al HCSS, la jueza vuelve a citar a declarar como imputados para el mismo día 19 de julio a Aleix Villatoro, exsecretario general del Departamento de Exteriores, a quien la jueza ha procesado por los delitos de malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. También cita para el mismo día a Marta Garsaball, directora de servicios de Exteriores, procesada por falsedad documental, y a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, procesada por los delitos de malversación, desobediencia y falsedad documental.

En su auto, la magistrada acuerda también requerir al Tribunal Constitucional la providencia que, en abril de 2017, remitió a Rosa Vidal y que anulaba las partidas presupuestarias que el gobierno catalán había reservado para los costes del referéndum del 1-O. Por el contrario, la jueza ha descartado la petición de la Fiscalía para que se tome declaración, por un delito de organización criminal, a la treintena de procesados por su participación en los preparativos del 1-O.

La magistrada Alejandra Gil recuerda que ya dictó un auto en el que rechazaba la petición de la Fiscalía para procesar por organización criminal a 28 de los investigados por el referéndum, al entender que carecían de "infraestructura adecuada" y que no les unía un "acuerdo asociativo duradero". En todo caso, señala la jueza, si la Fiscalía cree que los hechos investigados constituyen un delito de organización criminal deberá acusar por el mismo, en su escrito de calificación, cuando el caso llegue a juicio.